VALÈNCIA. Las posibilidades de que el nuevo modelo de financiación autonómica propuesto por el Gobierno de España llegue a buen puerto han empezado a apagarse. Después del golpe de mano de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, con la presentación de la propuesta, que contenía una mejora importante para la Comunitat Valenciana en el reparto, se han sucedido diversos hechos que parecen llevar la hipotética negociación a un callejón sin salida.

Primero fue la reunión en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), donde todas las autonomías excepto Cataluña expusieron, de una manera u otra, su rechazo a la iniciativa del Ejecutivo central. Bien es cierto que la mayoría de regiones se encuentran gobernadas por el PP, lo que contribuye al alejar un posible acuerdo; pero también lo es que CCAA lideradas por el PSOE, como Asturias y Castilla-La Mancha, también manifestaron su posición contraria a la propuesta.

En segundo lugar, este domingo se celebró una convención del PP en Zaragoza capitaneada por Alberto Núñez Feijóo para presentar las bases de su particular modelo de financiación y exigir a Montero la retirada del suyo para empezar a negociar desde cero. La propuesta de la formación popular, sí incluía alguna de las reivindicaciones valencianas como la creación de un fondo de nivelación transitorio mientras se aprueba el nuevo sistema y también una compensación por las obras de reconstrucción de la Dana. Eso sí, el documento tiene un carácter eminentemente político que no profundiza en las cifras concretas del reparto y se limita a enunciados generales.

De esta manera, mientras Pedro Sánchez ha asegurado públicamente que las CCAA acabarán aceptando su modelo y Feijóo proclama su compromiso de que aprobará un nuevo sistema el primer año en el que gobierne, la realidad es que la distancia entre ambas formaciones es tal que el impulso a la remodelación en esta legislatura se antoja una ensoñación.

O lo que es lo mismo, todo apunta a que la Comunitat Valenciana seguirá, tal y como lleva ocurriendo desde hace más de dos décadas, infrafinanciada, con el especial agravante de que el sistema vigente, que castiga especialmente esta autonomía situándola en el furgón de cola del reparto junto a Murcia, lleva caducado la friolera de 12 años sin que los sucesivos gobiernos de PP y PSOE hayan puesto fin a esta discriminación.

Aunque más allá de las críticas a la propuesta de Feijóo, el Gobierno central no ha concretado si podría avenirse a la petición de retirar su modelo para negociar desde cero uno con el PP, resultaría sorprendente que pudiera aceptar esta condición, especialmente en el momento de crispación entre ambas formaciones.

Sin apoyos suficientes en el Congreso

Por otro lado, el Ejecutivo de Sánchez tiene en el Congreso una aritmética más que complicada para sacar adelante su propuesta: debería lograr el respaldo de Junts, que hasta momento se ha desmarcado. Y aun con ese apoyo, la necesaria mayoría absoluta de 176 votos estaría amenazada por la ausencia de José Luis Ábalos y el rechazo de patidos como el BNG, Coalición Canaria y Chunta Aragonesista, o las dudas de Compromís.

Por si fuera poco, Sánchez también debería estar atento a que no se produjera ninguna fuga en sus filas cuando autonomías gobernadas por los socialistas también han expresado su rechazo.

No obstante, todavía queda mucho para esto. A priori el siguiente paso debería concretarse en las reuniones bilaterales con las autonomías que propuso Montero, pero parece difícil que se produzcan avances cuando la mayoría están en manos del PP y sus presidentes regionales, incluido el valenciano Juanfran Pérez Llorca, acaban de firmar un manifiesto que rechaza de plano acogerse al modelo del actual gobierno.

Incoerencias en ambos lados

Algunas cosas, no obstante, resultan curiosas por las contradicciones de los dirigentes valencianos en este proceso. El conseller de Hacienda, José Antonio Rovira, decía que las cifras del modelo presentado por Montero "no pinta mal", y unos días después, su jefe Pérez Llorca apoyaba un documento que calificaba de "sinsentido" la propuesta socialista.

Más aún, con su firma, respaldaba a ciegas el manifiesto del PP dado que no viene reflejado cuánto mejorará el reparto para la Comunitat Valenciana, mientras que en el presentado por el Gobierno se establece que esta autonomía percibirá 3.669 millones de euros más al año, muy por encima de los cerca de 1.800 que venía solicitando el presidente de la Generalitat. Tampoco se menciona la deuda y si habaría alguna condonación por la infrafinanciación histórica de la Comunitat Valenciana.

Pero también hay incoherencias en la otra orilla. La ministra y secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant, está defendiendo a capa y espada el nuevo modelo, pero este no refleja la condición de un fondo transitorio de nivelación mientras se aprueba la reforma, un "parche" de casi 1.800 millones ya en 2026 que su partido en la Comunitat Valenciana venía reivindicando desde hace años y que, sin embargo, sí contempla el documento del PP y ha sido exigido por los agentes sociales.

Con este escenario, unido a los precedentes ya conocidos de incapacidad para los grandes acuerdos entre las dos principales fuerzas políticas del país, las perspectivas de alumbrar un nuevo modelo de financiación autonómica en esta legislatura no son excesivamente halagüeñas. Principalmente porque, en realidad, a los principales actores (Sánchez y Feijóo), nunca les ha importado demasiado ni ha figurado como prioridad en su agenda; además de no ser un asunto que parezca movilizar a los votantes en contraposición a los problemas entre autonomías que pueda causarles. 

De hecho, en esto tiene razón el PP, probablemente el principal motivo por la que este tema se encuentra en el centro de la agenda ahora es por la necesidad de Sánchez de cumplir con ERC, aliados en el Congreso, con una reforma del sistema que beneficiara a Cataluña. Prueba de ello es la escenificación del presidente del Gobierno reuniéndose con Oriol Junqueras en la Moncloa para presentarle el modelo antes de que lo hiciera público Montero.

Precisamente, la otra razón que parece haber pesado para el acelerón del nuevo modelo es la inminente candidatura de la vicepresidenta a las elecciones autonómicas en Andalucía, que además es otra de las regiones perjudicadas con el actual sistema y beneficiadas con el nuevo. Así, se entiende que la ministra de Hacienda no quisiera presentarse a unos comicios sin, al menos, haber intentado arreglar un problema, el de la infrafinanciación, que a día de hoy entra dentro de sus responsabilidades.