VALÈNCIA. El conflicto en torno a la gestión de la presa de Forata el día de la Dana sigue en la causa judicial después de que la jueza rechazara las diligencias solicitadas por una de las acusaciones al no estar conectada geográficamente esta infraestructura con el barranco del Poyo. El letrado penalista Francisco Regalado Rojas, que representa a tres familias afectada por la catástrofe, batalla por que se incorporen nuevos datos de la presa al detectar "falta de cumplimiento, manifiestas incongruencias y necesidad de que se complemente" la información ya aportada por la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ).

Como han declarado ya muchos pesentes en el Cecopi, aquella fatídica tarde nadie prestó atención al barranco del Poyo porque, desde el principio de la reunión, a las 17h, la posible rotura de Forata acaparó todas las miradas. Nadie mencionó el barranco, ni siquiera el presidente de la CHJ, Miguel Polo, por lo que la preocupación se centró en Forata hasta las 19h, cuando la alcaldesa de Paiporta, Maribel Albalat, alertó del desbordamiento del barranco en su municipio.

La juez denegó las diligencias sobre Forata porque las realizaba la representación de víctimas del barranco del Poyo y llegó a calificar como "auténtico bulo" la repercusión de la presa en el mencionado cauce porque "se trata simplemente de otra cuenca", como había constatado un perito de la Universitat Politécnica de València (UPV). Sin embargo, Regalado ha impugnado la decisión de la jueza.

"Que mis clientes fallecieran en otra zona geográfica no puede limitar a esta parte la solicitud de diligencias que pretenden esclarecer lo sucedido", reza el escrito, al que ha tenido acceso este diario, que dice que es "un dato relevante – manifestado en varias declaraciones - la desatención del barranco del Poyo al estar pendientes de la presa referida". La solicitud busca concretar, por ejemplo, si se creó el comité permanente de la Comisión de Desembalse, así como su composición o sus protocolos.

En ese sentido, el letrado trae a colación la misma declaración del ingeniero de la UPV, según el cual los aliviaderos de superficie de la presa estaban abiertos en todo momento, pero sí se podrían "haber abierto" los desagües de fondo que, aunque "tenían poca capacidad", resultó que "estaban obstruidos" y por ello no se abrieron. De ahí que el letrado plantee la hipótesis de qué hubiera pasado si Forata "hubiera estado debidamente controlada (no lo sabemos)" y dichos aliviaderos hubieran evacuado agua desde primera hora de la mañana de forma controlada.

"Esto habría hecho que a las 18h no estuviera a punto de colapsar la presa, ni la atención del cecopi puesta en la presa por el riesgo de rotura", apunta, lo cual "habría posibilitado que el cecopi se centrara en otras áreas (Poyo, por ejemplo) y que seguramente se hubieran salvado muchas vidas". En ese sentido, una de sus peticiones es que se detalle el motivo por el que "no se comenzó a aliviar caudal antes de las seis de la tarde y "quién es el responsable de tomar esa decisión".

En su escrito, la acusación dice no entender "como en esta fase, recientemente iniciada", la jueza "ya puede saber a ciencia exacta qué incidencia pudo tener o no en una determinada zona lo que pasaba en otra; ni que datos maneja, incontestables, para denegar diligencias que tratan de averiguar qué pasó, o por qué – en este caso – según distintas declaraciones la atención del CECOPI estaba centrada en dicha presa (Forata).

Respuesta parcial y "contradictoria" del Ministerio

Con estos mimbres, el letrado insiste en que la información aportada en su momento por el Ministerio de Transición Ecológica, del que depende la CHJ, no fue la adecuada: "Contestó parcialmente; es decir, no evacuó debidamente el requerimiento, faltaron datos y en algún punto la respuesta fue contradictoria", apunta al respecto.

Una de las peticiones tiene que ver con el protocolo de avisos a la población en caso de rotura o desbordamiento. En un escrito, el Ministerio atribuyó a Emergencias la exclusiva competencia de los avisos pero en otro, señalaba que se realizan a través de Protección Civil, que en caso de "desembalses ordinarios", el responsable de la decisión y su comunicación es el director de la explotación, y que en desembalses "extraordinarios con ocasión de avenidas, la responsabilidad recae en el Comité Permanente de la Comisión de Desembalse".

Sería este segundo el caso que se vivió el 29 de octubre, señala el letrado, quien incide en las "manifiestas contradicciones en las distintas respuestas del Ministerio", que unidas a "las características de las lluvias acaecidas, las crecidas en los pantanos referidos, y el desembalse extraordinario de caudales" hacen a su juicio "incomprensible" la denegación de las diligencias por parte de la magistrada.

Así pues, y tras resaltar varios extractos de las declaraciones de Salomé Pradas, Pilar Bernabé, y el ex secretario autonómico de Emergencias, Emilio Argüeso, el letrado considera "evidente" la "repercusión" que tuvo lo que sucedía en Forata "sobre todo lo demás". "Lo bien cierto es que faltan muchos datos sobre la gestión de la presa ese día, ¿por qué no alivió agua antes?, habría retrasado sin duda la subida de nivel de emergencia de la presa", insiste, y habría permitido centrarse en zonas como el Poyo. "¿Por qué no se constituyo el Comité Permanente de la Presa? O, si se constituyó: ¿por qué la Juez deniega diligencias sobre los datos que se piden?", apunta al respecto.