VALÈNCIA. El Puerto de Valencia vive tiempos convulsos. El creciente malestar en parte de la plantilla por la política de gestión del personal implementada desde que llegara a la presidencia Mar Chao, hace ya dos años, se suma a una sucesión de salidas en los puestos directivos que no hacen sino revelar una crisis interna, agudizada por la falta de transparencia de la Autoridad Portuaria y una serie de nombramientos judicializados todavía por esclarecer.
Son varias las voces en el seno del organismo portuario que señalan el deterioro organizativo en los últimos tiempos, especialmente desde que Chao asumiera las competencias en materia de personal, hace apenas año y medio. Una de las últimas salidas ha sido la de la jefa de la Oficina Técnica y Planificación de la Autoridad Portuaria, Carmen García Vilar, según han confirmado varias fuentes internas, quienes la señalan como una de las personas que podía "hacer carrera" en el ente y que, según apuntan, se ha cogido una excedencia.
Pero no ha sido la única. En los últimos meses también ha abandonado su puesto la que fuera jefa de Económico Financiero, María Jesús Calvo, quien habría optado por volver a su plaza en Madrid en Puertos del Estado, y que ha sido sustituida, según la Autoridad Portuaria, por José Antonio Morales. Una de las áreas donde se demuestran algunos problemas es la de Comercial y Desarrollo de Negocio, donde tal como se publicó este verano, hay cuatro de las ocho plazas vacantes. Aquí, por ejemplo, el que era jefe de Multimodal, Jaime Escobar, optó por volver a Zaragoza, según aseguran las fuentes consultadas, "alegando motivos personales".
Fuentes oficiales de la Autoridad Portuaria rechazan dar mayores explicaciones a estas salidas pero en las entrañas del ente crece el runrun sobre posibles favoritismos a la hora de realizar nombramientos directivos y en cargos intermedios. De hecho, cabe recordar que la Autoridad Portuaria tiene abiertos al menos tres procesos judiciales por el presunto 'enchufe' de directivos desde que Chao accedió a la presidencia. Se trata de tres procesos de selección que UGT llevó a los tribunales al considerar que se había hecho una suerte de 'traje a medida' teledirigido a determinados perfiles, que acabaron ganando las respectivas plazas. Tanto es así que tres semanas antes de que se acabara el plazo para presentarse a los concursos, se registró ante notario un documento donde se dejaba constancia de que existía "el firme convencimiento" de quién iba a llevarse dos de dichas plazas, predicción que se acabó cumpliendo.
Uno de los nombramientos en cuestión, el de la jefa de Gestión Económico-Financiera, Alicia Gimeno, iba a dirimirse en los juzgados el pasado 3 de julio pero, como publicó este diario, la ausencia de uno de los abogados alegando indisposición impidió que se pudiera llevar a cabo el juicio, que se ha aplazado para el día 19 de mayo del 2026. Por otro lado están los casos de la actual subdirectora de Infraestructuras, Instalaciones y Conservación, Manuela Gras, cuya vista está fijada para el 1 de octubre como publicó este diario, y el de la subdirectora de Gestión de Dominio, Belén Fernández. Esta última, de hecho, es otra de las salidas que se han producido este año, tal como explican fuentes internas del organismo, según las cuales se alegó que no había superado el período de prueba. Así, aunque Fernández ya no está en su plaza, el juicio por su nombramiento sigue pendiente de fecha.
El informe 'secreto'
Mientras, la falta de transparencia cerca a la presidenta que tras acceder a su puesto decidió eliminar las ruedas de prensa posteriores al consejo de administración. Muchas miradas están puestas ahora en un informe de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) sobre posibles irregularidades en el seno del Puerto de Valencia y al que fuentes internas apuntan porque haría referencia precisamente a los nombramientos judicializados. La Autoridad Portuaria sigue sin dar publicidad al documento, elaborado por el órgano dependiente del Ministerio de Hacienda, que ya evitó entregar a los miembros del Consejo de Administración alegando primero que era un primer borrador por matizar y, más tarde, que algunos de los casos de los que habla el informe están judicializados.
Esta opacidad también afecta a los medios de comunicación pues el organismo, que preside Mar Chao, ha denegado las solicitudes amparadas en la Ley de Transparencia tanto de Valencia Plaza como de eldiario.es. Entre otros motivos porque, señalaba la resolución remitida a este diario este verano, si diera acceso a esta información, "pasaría a integrarse de manera inmediata en el denominado 'circuito público'" y sería "susceptible de ser divulgada, incluso manipulada o utilizada con fines ajenos a los inicialmente previstos, lo que podría derivar en un uso indebido o distorsionado de su contenido".
Esta posibilidad, insistía, comprometería la confidencialidad y que haría "prácticamente inviable" para el Puerto "revertir o mitigar los posibles daños ocasionados". "La divulgación inadecuada de esta información podría conllevar consecuencias significativas, especialmente en el marco de los procesos en vía jurisdiccional social [...], afectando su desarrollo normal, objetividad y legitimidad", recalcaba.
La presidenta del Puerto, a la salida del consejo de administración de junio, señaló sobre el documento que se había "entrado en analizar toda la parte esta parte tan mediática de todos los procesos y demás" así como "todo el tema de jubilaciones, bajas incentivadas" y que hacía "una recomendación de rejuvencimiento de plantilla" sin que hubiera "ninguna cuestión de daño al patrimonio o perjuicio económico a la entidad". "Son recomendaciones de gestión que, por supuesto, adoptaremos, como siempre hemos hecho", concluyó.
