ALICANTE. Las últimas comprobaciones ya concluidas desplegadas por la Conselleria de Vivienda en coordinación con el Ayuntamiento de Alicante respecto a la situación de las viviendas de protección pública (VPP) de iniciativa privada construidas por la cooperativa Residencial Les Naus sobre un solar municipal subastado entre 2018 y 2022 se zanjan con el hallazgo de otra nueva presunta anomalía: la existencia de descuadres en la identidad de los residentes empadronados en tres de los 140 pisos, en la medida en que no coincide con la identidad de sus compradores.
Así se ha concluido tras cruzar los datos del padrón con los del listado de los contratos visados y con las inscripciones en el Registro de la Propiedad, en las averiguaciones promovidas por las dos administraciones, lo que daría cuenta de que esas viviendas podrían haberse alquilado sin la preceptiva autorización de Vivienda, que es quien debe supervisar que los inquilinos también cumplen con los límites de renta establecidos para poder arrendar una VPP, visando los contratos correspondientes.
Pero no solo eso. Ese cotejo de información también ha permitido concretar que solo una de esas tres viviendas corresponde con una de las tres (entre las que figuran las dos compradas por los hijos de la jefa del área de Contratación del Ayuntamiento) que tenían concedida la situación de excepcionalidad temporal para no fijar su residencia permanente en ese piso (una de las obligaciones para los adquirientes de una VPP a partir de lo seis meses de la firma de la escritura) tras haber alegado circunstancias justificativas ante la Conselleria de Vivienda, como residir en el extranjero o en otra población por motivos laborales o familiares debidamente fundamentados. Con todo, en ese caso concreto, los titulares de ese inmueble no habían comunicado su intención de alquilarlo (o, en su caso, venderlo), por lo que su uso por parte de terceros también sería constitutiva de una supuesta irregularidad, como mínimo susceptible de la imposición de una sanción económica.
La conselleria sí tenía constancia de la intención de promover la venta de otro de los tres pisos con esa excepción de residencia concedida, lo que podría dar pie a que el mismo departamento autonómico ejerza el derecho de tanteo para adquirirlo por el mismo precio de la compra inicial. O, en su lugar, que fuese el Ayuntamiento de Alicante quien asumiese esa posibilidad, por delegación del mismo derecho a partir del convenio anunciado entre las dos administraciones. En ambos supuestos, la vivienda pasaría a formar parte del parque público de vivienda (el autonómico o el municipal) y, en consecuencia, su adjudicación sí dependería de la administración, a diferencia de lo que sucedió con la primera compra, resuelta conforme a ley entre los socios de la cooperativa que construyó el residencial.
Traslado a la justicia
¿Qué consecuencias puede tener el hallazgo de esos descuadres para los titulares de las tres viviendas en las que constan empadronadas otras personas distintas? Hasta el momento, Vivienda ha venido anticipando que daría traslado a la justicia de cualquier posible anomalía que se detectase en el proceso de comprobaciones respecto al conjunto de los expedientes de las VPP de Les Naus. Así, todo parece indicar que cualquier decisión que pueda afectar a esos propietarios acabará dependiendo del juzgado que ya instruye diligencias para tratar de esclarecer los hechos y determinar si pudo existir algún tipo de delito o irregularidad administrativa, a partir de la denuncia formulada por Manos Limpias.
Por lo pronto, la denuncia adicional presentada por la Fiscalía Anticorrupción en esa misma causa apunta la existencia de indicios de los delitos de prevaricación, información privilegiada, tráfico de influencias, fraude y negociaciones prohibidas a funcionarios, a la espera de que se analice la documentación requerida al Ayuntamiento, a la conselleria y a la cooperativa respecto a la subasta del solar, a los visados de los contratos y a cómo se produjo la adscripción de los pisos entre los socios cooperativistas.
En cualquier caso, las averiguaciones iniciadas por Vivienda y por el Ayuntamiento no habrían finalizado. El departamento autonómico todavía debe concluir la verificación del cumplimiento de los requisitos económicos para acceder a una VPP después de requerir información adicional al menos a una decena de los socios cooperativistas que adquirieron los pisos de Residencial Les Naus. El plazo conferido a la cooperativa y a algunos de los compradores a título particular para que facilitasen los datos de renta de todos los miembros de la unidad familiar convivientes en el piso protegido expira este próximo lunes. A partir de ahí, se emitirá el correspondiente informe del que también se dará cuenta al juzgado instructor, según se ha anticipado hasta el momento.
El requerimiento de esa información adicional se produjo después de que se constatase omisiones de información respecto a la situación de los cónyuges de varios de los adquirientes. Es decir, el mismo supuesto que se detectó en el caso del funcionario de la Dirección Territorial de Vivienda que visó los 140 contratos, y que ya ha sido suspendido de empleo y sueldo tras comprobarse que no había computado sus propios datos de renta (los de él) cuando validó el contrato de compra de su mujer (cooperativista y arquitecta en el Ayuntamiento) a pesar de que sus datos también computaban para analizar si se cumplían los requisitos de acceso a una VPP.
Por su parte, el Ayuntamiento de Alicante debería elevar ahora informe a la conselleria respecto a la verificación de las viviendas ocupadas en el residencial, a partir de las visitas giradas por agentes de la Policía Local desde el pasado martes para comprobar qué viviendas están en uso y la identidad de sus moradores.
