VALÈNCIA. El informe de la Guardia Civil sobre lo sucedido durante la Dana sigue trayendo cola. La jueza encargada de la investigación judicial llegó a calificar de "erróneo" y "claramente incompleto" el informe de la Guardia Civil que, entre otras cosas, señalaba a la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) por la falta de control del barranco del Poyo el día de la catástrofe. Unas consideraciones realizadas por la jueza en un auto de la pasada semana en el que, en esa misma línea, rechazó de nuevo la imputación del presidente del organismo de cuenca, Miguel Polo, que pedía Liberum.
Pues bien, ahora una de las acusaciones populares personadas en la causa, el partido Vox, ha presentado un recurso de apelación a la Audiencia Provincial. Un escrito en el que denuncia que la decisión de la jueza supone "un cierre anticipado de la investigación", vulnera "el derecho a la tutela judicial efectiva en su vertiente de derecho a la averiguación de la verdad" y quebranta las normas procesales, entre otras cosas, por extralimitarse al realizar "valoraciones probatorias propias del juicio oral" en cuanto a la solicitud de diligencias.
El auto impugnado había descartado la imputación de Polo al considerar que “no concurren indicios de delito” y que la falta de envío de correos informativos por la CHJ “no tuvo incidencia directa en las muertes”. Además, calificó de “teorías superadas” y de “auténtico bulo” la hipótesis de que la presa de Forata influyera en el desastre del Poyo. "La magistrada efectúa afirmaciones categóricas sobre el fondo", señala el recurso al que ha tenido acceso este diario. Una "extralimitación" que, defiende, "quebranta el principio acusatorio y la división de funciones (instruir no es enjuiciar)".
En ese sentido, aunque el escrito reconoce como legítimo que el instructor "exija unos mínimos indicios para acordar diligencias", insiste en que "en caso de duda debería prevalecer la práctica de la prueba, dado que su rol es investigar". Así, apunta que al "prejuzgar negativamente" la relevancia de algunas pruebas, "la instructora se sitúa en la tesitura de juez de juicio, lo que no es procedente y además la lleva a denegar injustamente la prueba".
El recurso sostiene que existen “indicios racionales suficientes” de posible responsabilidad penal de Polo por omisión de sus deberes de gestión y comunicación durante la emergencia. Según el recurso, “la ausencia de avisos retrasó las decisiones de alerta a la población”, mientras que el mensaje ES-Alert no se emitió hasta las 20:11, “cuando para entonces el Poyo ya había arrasado varios municipios”.
De este modo, asume las tesis tanto del Consell que preside Carlos Mazón como de las defensas de los dos investigados en la causa, la exconsellera Salomé Pradas y el ex secretario autonómico de Emergencias Emilio Argüeso, que han venido apuntando a la falta de información como uno de los motivos que habría impedido tomar decisiones acertadas y con celeridad. En esa línea, el partido político Vox insiste en que múltiples testigos señalaron que la crisis en Forata “monopolizó la atención” del Cecopi entre las 17:00 y las 19:00 horas, retrasando la reacción ante el desbordamiento del Poyo.
En ese sentido, l partido solicita que se practiquen las diligencias denegadas, incluida la imputación de Polo, la declaración de técnicos e integrantes del Cecopi y la aportación de las actas del Comité de Desembalse de Forata. A su juicio, ignorar estas pruebas “equivaldría a perpetuar un apagón informativo también en sede judicial”.
