VALÈNCIA. Las negociaciones entre PP y Vox para investir al síndic popular y secretario general del PPCV, Juanfran Pérez Llorca, empiezan a encaminarse, aunque no prevén ser un proceso sencillo. La formación que encabeza Santiago Abascal ya ha lanzado el primer aviso al PP con un total de 14 enmiendas a la modificación de la ley de la Renta Valenciana de Inclusión en las que tratan de marcar la batalla cultural que han venido ejerciendo en los últimos años en materias como inmigración, violencia de género, "costumbres del país" u okupación, entre otras cuestiones. 

Se trata del primer escollo marcado por Vox al PP en Les Corts Valencianes desde el anuncio de dimisión del president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, el pasado 3 de noviembre. Un movimiento que evidencia la intención de los voxistas de mostrar voz propia y dejar marcada su impronta en un momento delicado para el PP, que precisa del respaldo de los 13 diputados de Vox para relevar a Mazón al frente del Consell y evitar una convocatoria electoral a mediados de marzo. 

Aunque todo apunta a que los de Abascal darán su apoyo a la propuesta de Pérez Llorca, ambas formaciones todavía no han alcanzado un acuerdo. Prueba de ello es el hecho de que el PP todavía no haya registrado de manera formal en Les Corts Valencianes la candidatura cuando apenas quedan cuatro días hábiles para que termine el plazo. De hecho, fuentes de Vox en la Cámara autonómica remarcaban este jueves a los medios de comunicación: "No hay ninguna novedad ni tenemos información que dar". 

Con este escenario, la estrategia de Vox pasa ahora por escenificar la presión sobre el PP y exigir que acepte sus postulados. Cabe recordar que el síndic de Vox en Les Corts, José María Llanos, ya adelantó a comienzos de esta semana que el candidato a la investidura deberá aceptar cinco preceptos voxistas: la lucha "contra el pacto verde y el fanatismo climático"; la reducción fiscal; "continuar defendiendo educación en libertad"; el apoyo "real y efectivo a los problemas de vivienda"; y una "política migratoria que rechace claramente y que ponga las medidas necesarias frente a la inmigración masiva y descontrolada".

"Quién sea el candidato tendrá que comprometerse a seguir en estas líneas", advirtió el síndic voxista, que insistió en la postura de su partido de que las medidas concretas priman sobre el nombre del próximo jefe del Consell. "Nos absolutamente igual quién sea el candidato si con él se puede negociar para mantener las políticas concretas, que es lo que nos importa", esgrimió Llanos tras la Junta de Síndics. 

Aprender el idioma y atender "la costumbre del país"

A estas exigencias de Vox ahora se suman las enmiendas a la Renta Valenciana de Inclusión, con las que pretenden limitar la duración de la ayuda a seis años, salvo en algunos casos concretos en los que cabe posibilidad de prórroga. Además, reclaman que lo puedan recibir esta prestación personas que hayan sido condenadas por delitos graves o que okupen una vivienda. "No puede ser que quien incumple una ley se beneficie de los recursos de todos los valencianos", indican desde esta formación. 

Entre las enmiendas, también proponen que el concepto de protección se amplíe "a todas las víctimas de violencia intrafamiliar", lo que incluye "mujeres, hombres, niños, ancianos y personas homosexuales". Una medida que la diputada de Vox, Miriam Turiel, defiende bajo la premisa de "no excluir a nadie". "Condenamos toda forma de violencia, venga de quien venga. La izquierda usa la violencia contra la mujer como propaganda sectaria; nosotros defendemos a las víctimas", apunta la parlamentaria. 

Además, Vox propone que los beneficiarios de la prestación sigan un Plan de Inserción en base a la "integración cultural y respeto a las costumbres" españolas. En este sentido, plantea que esta herramienta garantice "el aprendizaje del idioma, la alfabetización y la plena participación cultural y convivencial atendiendo a la costumbre del país". Los voxistas también piden que el Plan implique la renuncia a "cualquier práctica que atente contra la dignidad e integridad de la infancia y las mujeres", un postulado que desde la formación explican que sigue la línea marcada por la proposición presentada en el Congreso para la prohibición del burka y el nicab. 

Por otro lado, desde Vox también proponen que se garantice que los beneficiarios de la RVI lleven a sus hijos al colegio, como una medida con la que combatir el absentismo escolar. "La educación es el verdadero ascensor social. No podemos permitir que quienes no cumplen con este deber fundamental sigan recibiendo ayudas públicas", apunta Turiel.

"Primera factura a pagar" por el PP para la investidura

Desde los grupos de la oposición, PSPV y Compromís han sido especialmente críticos con las medidas planteadas por Vox. Los socialistas creen que estas enmiendas van a ser "la primera factura que el PP va a pagar" para la investidura de Pérez Llorca como relevo de Mazón al frente de la Generalitat. El PSPV, por su parte, cargan contra el itinerario de inclusión y denuncian la eliminación de la referencia a la violencia de género para sustituirla por "violencia sobre la mujer y/o violencia intrafamiliar".

Mientras que desde la coalición lo ven "una muestra más" del pacto "indecente y asqueroso" de PP y Vox. "Es una indecencia más a la que nos llevan sometiendo el PP y Vox para esconder todo el mal que le están haciendo a nuestro país", denunciaba este jueves el diputado Francesc Roig.