VALÈNCIA, (EP). La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI·F) recurrirá ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) el decreto de usos institucionales y administrativos de la lenguas oficiales de la Administración de la Generalitat.

Los servicios jurídicos del sindicato han analizado la normativa tras su anuncio por el Consell y su publicación y consideran que podría ser inconstitucional "por conculcar el derecho a la libertad de expresión lingüística, además de que vulneraría el Estatuto Básico del Empleado Público, ya que no ha sido negociada".

En un comunicado, explica que este decreto atentaría contra los artículos 20 y 23 de la Constitución Española, que defienden el derecho a la libertad de expresión y el acceso a cargos y funciones en igualdad de condiciones. También incumpliría el artículo 37 del Estatuto Básico del Empleado Público, que contempla la obligación de negociar en la mesa correspondiente las cuestiones que afecten a las condiciones laborales de los trabajadores. En este caso no hubo negociación.

La central sindical señala que el decreto del Consell vulneraría la Constitución Española "en el artículo 16 del citado decreto, que impone la obligatoriedad de usar el valenciano a empleados públicos, cuando especifica que deben iniciar en la lengua autóctona cualquier comunicación en la atención a los ciudadanos".

CSI·F considera que la Administración debe garantizar el derecho de los empleados públicos a utilizar la lengua que libremente escojan, de entre las oficiales, a hablar y escribir en el ejercicio de sus funciones. La normativa aprobada por el Consell, que especifica la lengua en la que realizar esas tareas, atentaría contra esa libertad del trabajador.

El sindicato, del mismo modo, apunta que el artículo 4 del referido decreto también podría incurrir en inconstitucionalidad al afirmar que el valenciano es la lengua "destacada", ya que la coloca en un plano diferente del castellano a pesar de que las dos son oficiales y han de situarse al mismo nivel. Además, la central sindical avisa que imponer al ciudadano la carga de pedir a la Administración que se le dirija en castellano, si así lo desea, podría ser ilegal. En los próximos días los servicios jurídicos de CSI·F interpondrán el recurso.