VALÈNCIA (EP). La comunicación científica institucional se ha convertido "en un elemento central para hacer frente a los retos de la desinformación y reforzar la confianza de la ciudadanía en las instituciones públicas".

Así lo manifiesta la investigadora de la Universitat de València Carolina Moreno-Castro en un artículo reciente publicado en la revista Journal of Science Communication (JCOM), que analiza el papel estratégico de la comunicación en contextos de crisis y alta incertidumbre.

El estudio de la catedrática de Periodismo de la UV examina como la falta de información oficial clara, accesible e inmediata puede generar espacios propicios para la proliferación de noticias falsas, rumores y narrativas conspiratives, según señala la institución académica en un comunicado.

Según recoge la investigación, en situaciones de emergencia o crisis, la ciudadanía "requiere información fiable basada en evidencia científica para tomar decisiones informadas". Aun así, "la falta de coordinación comunicativa o los retrasos en la transmisión de información pueden provocar confusión e incertidumbre, incremento de la ansiedad social, erosión de la confianza institucional y expansión de la desinformación".

Esta muestra de desconfianza tiene síntomas palpables, entre los que destacan "la proliferación de fake news, la circulación de "hechos alternativos" y contenidos emocionalmente cargados, así como la consolidación de cámaras de eco y sesgos cognitivos que refuerzan creencias previas", señala Carolina Moreno, y apunta: "Este fenómeno genera una situación de "entropía informativa" en que el volumen y la velocidad de la información desdibujan la distinción entre verdad y falsedad, debilitando la capacidad crítica de la ciudadanía y erosionando la confianza tanto en la ciencia como en las instituciones democráticas".

El artículo analiza episodios recientes que ejemplifican estas dinámicas: por un lado, las inundaciones de València provocadas por la dana del 29 de octubre de 2024, con avisos tardíos e información fragmentada y, por otro, el apagón eléctrico en la península Ibérica y el sur de Francia el 28 de abril de 2025, con ausencia inicial de comunicación oficial.

"En estos contextos de crisis recientes, se han documentado casos especialmente relevantes. Durante la dana en la ciudad de València en 2024, se difundieron narrativas falsas sobre la supuesta demolición de presas o manipulaciones climáticas deliberadas", señala.

Igualmente, durante el apagón masivo de la península Ibérica en 2025, "proliferaron teorías conspirativas que atribuían el acontecimiento a sabotajes, ciberataques extranjeros o incluso causas extraterrestres. Estos contenidos, amplificados por la carencia de información oficial inmediata, generaron confusión, miedo y una realidad paralela en que los rumores sustituyeron los hechos verificados", comenta la catedrática de la Universitat de València.

Son casos, por lo tanto, que "evidencian la necesidad de establecer protocolos de comunicación de crisis robustos y eficientes vinculados a la comunicación institucional/oficial que, al fin y al cabo, resulta ser un servicio esencial y un derecho de la ciudadanía", reivindica.

Comunicación pública de la ciencia

El estudio emplaza estos fenómenos en un escenario caracterizado por la sobreabundancia de información, en que la ciudadanía tiene que gestionar simultáneamente contenidos rigurosos y desinformación. Esta situación puede derivar en "la sobrecarga cognitiva, la dificultad para discriminar fuentes fiables, la polarización social y la desafección hacia las instituciones".

Para solucionar esta tesitura, el artículo propone una transformación estructural de la comunicación institucional, basada en la transparencia y accesibilidad de la información, la rapidez en la respuesta comunicativa, la coordinación entre instituciones, la formación especializada en comunicación del riesgo, y el desarrollo de estrategias multicanal; y destaca la necesidad de integrar la comunicación como parte esencial de la gestión pública y de las políticas científicas.

El estudio subraya la importancia de incorporar sistemas de asesoramiento científico en la toma de decisiones políticas; así, iniciativas como la Oficina Nacional de Asesoramiento Científico (ONAC) representan un paso significativo hacia la institucionalización de la evidencia científica en la gobernanza.

En línea con las directrices europeas y los estándares internacionales, la comunicación científica se establece como función esencial de las instituciones académicas, vinculada a la transferencia de conocimiento y al impacto social de la investigación. Las universidades, como agentes clave del sistema de conocimiento, tienen un papel fundamental en la generación, validación y difusión de información rigurosa y accesible para la sociedad.

En este sentido, Moreno insiste en que una comunicación institucional eficaz es "fundamental para contrarrestar la desinformación y garantizar el buen funcionamiento democrático". "Su contribución principal -afirma- reside en la capacidad de proporcionar información veraz, clara, accesible y oportuna, especialmente en situaciones de crisis. Esto implica mejorar los canales y protocolos de comunicación y también asumir un compromiso ético con la transparencia, la rapidez y la rendición de cuentas. Además, una comunicación institucional sólida contribuye a restaurar la confianza ciudadana, facilita la toma de decisiones informadas y refuerza la legitimidad de las instituciones públicas".

Transformación de modelos

Por este motivo, hace un llamamiento a las instituciones públicas y académicas que impulsen "una transformación profunda de los modelos actuales de comunicación". De acuerdo con el artículo, los enfoques centrados exclusivamente en la diseminación por parte de científicos individuales son "insuficientes, especialmente en contextos de crisis".

"Hay que avanzar hacia modelos institucionales más robustos, integrados y estructurales, que incorporen la comunicación científica como un elemento central de la gobernanza pública. Esto incluye el desarrollo de protocolos de comunicación de crisis, la formación especializada de responsables institucionales, la creación de estructuras de asesoramiento científico en los niveles más altos de decisión política y la garantía de un acceso abierto y comprensible a la información basada en evidencia", reivindica.

En ese sentido, concluye: "Una comunicación institucional eficaz actúa como mecanismo de transmisión de información, y como pilar fundamental de cohesión social y calidad democrática". "En contextos marcados por la desinformación y la desconfianza, su función es restablecer la autoridad informativa de las instituciones, reducir la incertidumbre ciudadana y prevenir la proliferación de narrativas falsas. Asimismo, contribuye a fortalecer el contrato social, en cuanto que reconoce el derecho de la ciudadanía a recibir información veraz y útil, y sitúa la comunicación como una responsabilidad pública esencial y no como una acción accesoria".