MADRID (EFE). La Comisión para la Transición Ecológica del Congreso no se ha reunido este martes, como se preveía, para aprobar el dictamen del proyecto de Ley para la creación del Fondo Nacional de Sostenibilidad del Sistema Eléctrico, que prevé que gasistas y petroleras también contribuyan a los costes del sistema eléctrico, como los asociados a las renovables.
La ponencia parlamentaria encargada del proyecto terminó sus trabajos hace una semana y la previsión era aprobar su dictamen y el del proyecto para recortar la sobrerretribución de las centrales no emisoras de CO2 (nucleares, hidráulicas y eólicas anteriores a 2003) en una comisión a celebrar este martes, 28 de junio, para ya pasar al Senado.
Al final no ha habido comisión este martes y fuentes parlamentarias señalan a Efe que ello se debe a que el Gobierno alega que algunas de las medidas sobre electricidad que se aprobaron el pasado sábado en el real decreto-ley de medidas contra los efectos de la guerra de Ucrania podrían afectar a lo recogido en estos proyectos de ley.
Por su parte, el grupo popular, en un comunicado, ha celebrado que el Gobierno rectifique y paralice la tramitación parlamentaria del Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico (FNSSE), ya que iba a incrementar el precio de los carburantes y el gas, introduciendo un nuevo lastre a la competitividad de las empresas. Recuerdan que, por eso, el PP había solicitado en varias ocasiones al Gobierno que no aplicara ni tramitara esa ley, que ahora se paraliza.
Un fondo para sacar las renovables de la factura
En diciembre de 2020, el Gobierno acordó iniciar la tramitación de un anteproyecto ley para crear el Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico (FNSSE) con el fin de sacar de los costes fijos de la factura de la luz la financiación a las renovables, lo que dijo que abarataría el recibo al consumidor al menos un 13 % en cinco años.
El Fondo introduce un nuevo sistema de financiación de los costes regulados y saca de la factura de la luz los asociados al régimen retributivo de las renovables, cogeneración y energía producida con residuos, que suponen unos 7.000 millones de euros al año de los alrededor de 17.000 millones a que ascienden todos los costes regulados de la electricidad.
