MADRID. Caixa Ontinyent podrá aumentar hasta diez veces más su tamaño y continuar siendo una caja de ahorros. Este es uno de los aspectos más ilustrativos de que la entidad valenciana no fue seducida por el crecimiento desmesurado de otras muchas cajas, que han acabado desapareciendo o convirtiéndose en banco.
El Proyecto de Ley de Cajas y Fundaciones permitirá mantener el estatus de caja de ahorros siempre y cuando no se superen los 10.000 millones de euros de activos, una cifra que le queda muy lejos a la entidad presidida por Antonio Carbonell, ya que el activo de CAO es inferior a 1.000 millones, según explica el jefe de Secretaría y obra social, Vicente Ortiz.
Este viernes el Consejo de Ministros aprobó el proyecto de esta nueva ley con la pretensión de devolver a estas entidades al negocio minorista, debido al escándalo por la gestión de las cajas de ahorro, entre las que Caixa Ontinyent se consagró como una de las supervivientes junto a la balear Caixa Pollensa. Éstas pudieron sortear la reforma financiera sin fusionarse y manteniendo si negocio tradicional.
Los límites básicos que marcará la nueva ley son tres, y todos son cumplidos por la caja valenciana. Por un lado, que su actividad financiera se encuentre vinculada a clientes minoristas y a pymes, además de no poder dedicarse a actividades financieras complejas. El ámbito de actuación de ésta tampoco podrá exceder el de una comunidad autónoma, aunque podrá sobrepasar el límite siempre que actúe sobre un máximo de diez provincias limítrofes entre sí, algo que no se encuentra en los planes de Caixa Ontinyent
Como se apuntaba anteriormente, el volumen de activos no podrá ser superior a los 10.000 millones de euros o a una cuota superior de depósitos por encima del 35% de los de la comunidad autónoma en la que operen. Si se exceden estos límites de tamaño, las cajas han de traspasar su actividad financiera a un banco, que será participado por una fundación bancaria, algo que parece muy poco probable para Caixa Ontinyent.
LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO, A LA ESPERA DE QUE DECIDA LA GENERALITAT
Lo que sí queda más en el aire es la nueva regulación de los órganos de gobierno de las cajas de ahorro que afecta a la asamblea general, la comisión de control y el consejo de administración. Y es que la Ley de Cajas de Ahorro de la Comunitat Valenciana recoge que el 40% de los consejeros son designados por la Administración Pública, mientras que el nuevo Proyecto de ley marca el límite en un 25%. A los impositores se les atribuye una representativadad de entre el 50% y el 60% de los consejeros generales.
Por otro lado, la norma también incrementa la profesionalización de los órganos de gobierno para evitar casos como los ocurridos en la Caja de Ahorros del Mediterráneo, en la que bailarinas o quiosqueros formaban parte de sin tener conocimientos financieros. También se establecen medidas para lograr que éstos actuen con eficiencia y buena gestión financiera, reforzando la incompatibilidad con cargos políticos electos, cargos ejecutivos en los partidos, organizaciones empresariales y sindicales, así como los altos cargos de las administraciones públicas.
Además, exigen que todos los miembros del consejo de administración cuenten con los requisitos de honorabilidad, experiencia y buen gobierno exigidos por la legislación para los miembros de los consejos de los bancos. Además, es obligado que más de la mitad de los miembros del consejo de administración y de la comisión de control sean vocales independientes. También deberá tener esta condición el presidente de la comisión de control.
