VALÈNCIA (EFE). La alcaldesa de Gandia, Diana Morant, plantea un "gran pacto de ciudad" que inyectará más de 4 millones de euros en la reactivación económica y social del municipio y estudia aplicar una veintena de propuestas consensuadas con los agentes socioeconómicos dirigidas al reflote del sector productivo.

Según ha informado la alcaldesa, los 4 millones de euros procederán del remanente de tesorería e irán destinados a atender prioridades de los colectivos más vulnerables, así como a los sectores productivos afectados por el cierre de los negocios, informa el Ayuntamiento en un comunicado.

El plan, ha explicado Morant, pasa por reconfigurar el presupuesto municipal de 2020, puesto que el que se aprobó el 27 de febrero no está en consonancia con la nueva realidad.

"En estos momentos, ya se está trabajando en la adaptación a unos presupuestos de reconstrucción social y económica", redirigiendo dinero y recursos, ha señalado la alcaldesa.

El Ayuntamiento ha creado un foro socioeconómico, que integra a representantes de los grupos municipales, así como al presidente de la Federación de Asociaciones de Empresarios de la Safor (FAES), Juan Pablo Tur, el vicepresidente de FAES y presidente del CES, Ramón Soler y los representantes sindicales Raül Roselló (UGT) y Josep Antoni Carrascosa (CCOO).

Los miembros de este foro han mantenido hoy una reunión por videoconferencia con la alcaldesa para diseñar e impulsar conjuntamente la estrategia de reactivación socioeconómica y que la ciudad pueda recuperar la normalidad cuanto antes.

Según ha informado el consistorio, todos han coincidido en que hay que asistir a los más necesitados, vertebrar la economía local y en la post-emergencia, impulsar políticas de consumo y de economía circular.

La alcaldesa considera necesario forjar alianzas porque, a su juicio, "sólo podremos salir de la crisis y recuperarnos si vamos todos en la misma dirección y permanecemos unidos".

Ha informado asimismo de que el Gobierno local está trabajando en una veintena de medidas que complementan las implantadas por el Gobierno central y la Generalitat Valenciana.