VALÈNCIA. La legislatura en la Comunitat Valenciana, con casi un año de recorrido, ha entrado una fase de cierto atasco donde los cruces de declaraciones y reproches marcan la agenda, con una preocupante parálisis o, al menos, aparente carencia de ideas poderosas de gestión en el ámbito autonómico que envíen a segundo plano las disputas ideológicas.

Tal y como informó este diario, una vez confirmado tras las elecciones generales de julio de 2023 que el socialista Pedro Sánchez volvería a gobernar, una de las principales estrategias del PPCV liderado por el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, era la de dirigir toda su artillería reivindicativa al Gobierno central. Motivos para ello siempre existen: la reforma del sistema de financiación, la exigencia de mayores inversiones en infraestructuras, la aceleración del Corredor Mediterráneo, la defensa del trasvase Tajo-Segura, la reclamación de los fondos de Dependencia, la petición de ampliación de los aeropuertos de Valencia y Alicante, aprobación de la ampliación del Puerto... Unas reivindicaciones que, incluso en el caso de comprometerse, como en el caso de las dos últimas, no tiene por qué implicar una concesión discursiva, dado que siempre se puede exigir, por ejemplo, más celeridad en los trámites o más inversión para los proyectos.

En este sentido, la posición de los populares valencianos de Mazón podía calificarse de cómoda en este escenario. En una época de cierta dificultad económica, la posibilidad de exigir de forma ilimitada al Gobierno central de PSOE y Sumar y también de culpar al Ejecutivo del Botànic por la gestión anterior a la hora de resolver los problemas -la izquierda también lo hizo durante años cuando gobernó- eran dos pilares sólidos en este primer año de legislatura de Mazón. Si a eso, se le sumaban como ocurrió algunas iniciativas programáticas del presidente de la Generalitat, como la bajada de impuestos, se podía dar por apuntalado un inicio de mandato de cierta solvencia.

Ahora bien, en esta hoja de ruta se han ido percibiendo dos problemas para el PPCV -y también para el Gobierno valenciano- que pueden darle cierta intriga a la legislatura. El primero es que el inquilino en La Moncloa, el socialista Pedro Sánchez, no parece dispuesto a permitir un bombardeo constante sobre su gestión. Cabe recordar que el PP, tras las elecciones autonómicas del pasado año, pasó a liderar el gobierno en 11 comunidades: demasiadas para estar soportando la presión de cada una de ellas con constantes reivindicaciones, incluso aunque el afectado haya escrito un 'Manual de resistencia'.

El segundo problema consiste en que Mazón tiene a Vox como socio en el Consell. Y no es el único, sino que esto ocurre en otras cuatro regiones: Murcia, Extremadura, Aragón y Castilla y León, al margen de otros gobiernos conjuntos en grandes ciudades como València, sin hablar de la dependencia existente para el PP de los votos del partido de Santiago Abascal en diversos parlamentos autonómicos.

Así, el presidente del Gobierno de España se ha decidido a mantener una estrategia de contraataque con el objetivo de evitar convertirse en saco de boxeo inanimado de las comunidades autónomas. Y para esa estrategia, al margen de amagos de dimisión, el eslabón más débil donde golpear -al menos así lo consideran en La Moncloa a la vista de los hechos- son las regiones donde el PP gobierna con Vox, dado que es donde se producen mayor número de iniciativas que facilitan una reacción y movilización del electorado de izquierdas, así como la agitación de la opinión pública.

En estas últimas semanas se ha podido apreciar con las denominadas leyes de Concordia impulsadas en tres de las autonomías donde gobiernan PP y Vox y que, en el caso de la Comunitat Valenciana, viene a derogar la de Memoria Democrática. Un texto todavía en trámites de aprobación en Les Corts que la oposición ha calificado de "infamia" al considerar que está dirigida a "blanquear el franquismo".

Es aquí donde el Gobierno de España ha visto una oportunidad de contraatacar con fuerza, ya no sólo avisando de que articulará comisiones bilaterales sobre estas leyes sin descartar llevarlas al Constitucional cuando entren en vigor, sino también remitiendo los textos a la Unión Europea y a la Organización de Naciones Unidas (ONU). De hecho, estos últimos, a través de tres relatores, emitieron un dictamen en el que expresaban claras reticencias sobre las citadas iniciativas al considerar que estas podrían"invisibilizar" las "graves violaciones de los Derechos Humanos" cometidas durante el "régimen dictatorial franquista".