A pesar del creciente deterioro y bloqueo institucional por el que transcurre la política nacional, hay que celebrar la reciente aprobación de la Ley Orgánica en materia de multirreincidencia delictiva, una iniciativa legislativa similar a la que el Partido Popular lleva años promoviendo. Por fin se ha acabado imponiendo el sentido común en un amplio acuerdo parlamentario que se ocupa de la seguridad ciudadana y de uno de los problemas reales y cotidianos de los ciudadanos en sus barrios.

Como alternativa de gobierno, el Partido Popular no solo ha denunciado los abusos gubernamentales y la degradación que vive nuestra democracia. Al mismo tiempo, ha priorizado aquellas cuestiones que preocupan y condicionan el día a día de las personas y familias necesitadas de expectativas y confianza en el futuro: el acceso a la vivienda, las oportunidades para trabajar y emprender, el buen funcionamiento de los servicios públicos o la seguridad en todos los sentidos. 

Naturalmente, si hablamos de seguridad, hay que poner el foco en la seguridad ciudadana, que los poderes públicos han de garantizar. Para ello, es preciso contar con un ordenamiento jurídico que dé respuesta eficaz a la multitud de comportamientos ilícitos, con un poder judicial dotado de medios y con unas fuerzas y cuerpos de seguridad reconocidos y preparados para prevenir y perseguir las infracciones.  

El líder la oposición, Alberto Núñez Feijóo, ha adquirido públicamente una serie de compromisos plasmados en diferentes iniciativas que sitúan la seguridad ciudadana en el centro del debate. Medidas que incluyen la elaboración de una estrategia nacional ambiciosa contra la inseguridad y un plan contra el crimen organizado, una ley antiokupas (bloqueada en el Congreso por la mayoría sanchista), un plan integral contra la ciberdelincuencia, un protocolo específico para evitar la captación de menores por bandas criminales, el endurecimiento de la normativa contra la tenencia ilegal de armas blancas y la mejora de las condiciones laborales de las fuerzas y cuerpos de seguridad.  

Mención aparte merecen otras dos propuestas del Partido Popular. En primer lugar, el compromiso de ofrecer máxima protección a las mujeres, dado el alarmante incremento de delitos contra la libertad sexual. Por ello se proponen modificaciones legislativas para el agravamiento y cumplimiento efectivo de las penas y la extensión de la prisión permanente revisable para depredadores sexuales y violadores reincidentes. 

La segunda cuestión que quiero destacar, ahora de actualidad, es la lucha contra la multirreincidencia, un grave problema que afecta a la convivencia en nuestros pueblos y ciudades, como vienen denunciando alcaldes, vecinos y sectores muy afectados como el comercio o las explotaciones agrícolas y ganaderas. 

Se trata de reforzar la respuesta penal frente a la reiteración delictiva de quienes acumulan varias condenas por delitos de hurto o estafa, siguen delinquiendo, pasan por comisarías y juzgados y continúan en la calle beneficiándose de una práctica impunidad. Resulta necesario corregir el tratamiento penal de la multirreincidencia en estos delitos, hasta ahora carente de efectividad disuasoria, e incrementar las sanciones a quienes cometen una sucesión continua de delitos de este tipo.

En esencia, la reforma legislativa aprobada en marzo va en esa línea, incluyendo expresamente la legitimación de las entidades locales para ejercer la acción penal frente a esos delitos, el hurto de teléfonos móviles, o el incremento de jueces para reforzar la lucha contra esa clase de delincuencia. Pero llegar hasta aquí no ha sido fácil pues el PSOE se oponía frontalmente a reformar la multirreincidencia, hasta hace bien poco.

La cuestión del endurecimiento de la multirreincidencia fue llevada al Congreso de los Diputados en 2024 por el Partido Popular. La Mesa del Congreso, con mayoría sanchista, lleva bloqueando injustificadamente casi dos años esa iniciativa del PP. Sin embargo, ahora la multirreincidencia se ha podido debatir porque Junts per Catalunya ha obligado al Gobierno a tramitar la iniciativa que este grupo tenía presentada, provocando así repentinamente el cambio en el sentido del voto del PSOE. 

Es importante apuntar que, en el trámite previo en el Senado, el PP había introducido dos enmiendas de calado. Una para incrementar la plantilla de fiscales y otra para establecer procedimientos rigurosos de comprobación de los antecedentes penales o policiales para poder residir legalmente en España. Ambas enmiendas fueron objeto de veto por el sanchismo en el Congreso, impidiendo su debate de forma arbitraria y en contra del criterio de los letrados. En realidad, nada nuevo bajo el sol: una extralimitación y un intento más de amordazar a la oposición por parte de un Gobierno que se cree sin límites. 

Pese a que la iniciativa legislativa aprobada podría ser más completa y efectiva, en los términos planteados por el PP, no cabe duda de que estamos ante una reforma relevante y ampliamente demandada por la sociedad. Nos felicitamos porque estamos convencidos de que la seguridad es condición necesaria para la libertad, la convivencia y la prosperidad. 

* Laura Sáez es diputada del Área de Hacienda de la Diputación de Valencia y alcaldesa de Carlet.