Por múltiples razones, la lucha contra el cambio climático en València requiere de una estrategia ecologista a niel municipal con perspectiva de clase. En primer lugar, porque el cambio climático, como calentamiento global y desestabilización del clima a través de eventos extremos, es el resultado del impacto medioambiental del modo de producción capitalista basado en la mercantilización de todos los aspectos de la vida. En segundo lugar, porque sus impactos tienen una dimensión ecológica —como sucede en València con la Albufera—, pero también social, pues las consecuencias de una ciudad recalentada y en ebullición desde mayo hasta octubre -“Si algo bueno trae el cambio climático es precisamente la extensión de la temporada turística”, nauseaba la exconsellera Nuria Montes- afectan en mayor medida a las personas y familias más vulnerables, ahondando en las situaciones de pobreza energética, falta de zonas verdes y mayor exposición a la contaminación y a las altas temperaturas. Esto resulta especialmente evidente para quienes trabajan en el exterior, en espacios interiores mal ventilados o deficientemente acondicionados, y para quienes se ven obligados a recorrer cada día largos trayectos desde domicilios cada vez más alejados de los lugares de trabajo y de encuentro social como consecuencia del desplazamiento provocado por la especulación inmobiliaria que está disolviendo la ciudad.
Es bastante palpable, gráfico y visible que el cambio climático afecta en mayor medida a los seres vivos (plantas, animales y personas) que menos contribuyen a él. Las élites propietarias de los medios de producción y distribución más contaminantes, que cuentan además con más y mejores comodidades, participan en mayor medida de las causas desencadenantes del calentamiento global y, sin embargo, se sirven de las desigualdades estructurales para amortiguar sus consecuencias sobre su propio bienestar, permitiéndose viviendas mejor aisladas, un mayor consumo de aire acondicionado o la posibilidad de trasladarse a latitudes más frescas durante los meses más extremos del año. La respuesta, por tanto, debe tener una perspectiva de clase y, aunque los efectos del cambio climático poseen una dimensión global y sus impactos pueden generar daños descontrolados sin atender a fronteras administrativas, la respuesta municipal y la perspectiva local resultan esenciales.
El diseño institucional del futuro Ayuntamiento de València aconseja incorporar distintas variables transversales que atraviesen de forma coherente la acción de un gobierno transformador y movilizador de izquierdas: perspectiva de clase y justicia fiscal; ecologismo; remunicipalización de servicios públicos y mejora de la función pública; participación ciudadana e integración del tejido asociativo en la toma de decisiones y en la gestión; así como ética pública, buen gobierno e integridad institucional, entre otras. Todo ello debe ir acompañado de una noción de ambición y determinación que no defraude las expectativas con las que el espacio progresista concurrirá a las próximas elecciones municipales de 2027 y que aporte legitimidad, credibilidad y confianza, blindando las políticas públicas a largo plazo e involucrando a la ciudadanía con la ilusión y la esperanza de que otra València es posible.
Bien es cierto que València ya ha contado con distintos documentos y planes en materia de adaptación al cambio climático, pero la virulencia, rapidez y carácter abrupto con los que este se está manifestando exigen una actualización profunda de cualquiera de los catálogos de acción que hayan podido elaborarse, aprobarse e implementarse hasta la fecha. Como han expresado distintas instituciones científicas e internacionales, entre ellas ONU-Hábitat, las ciudades tienen un papel muy relevante como causa, pero también como solución del cambio climático.
La visión estratégica resulta esencial para dotar de coherencia a las acciones de gobierno que, con toda seguridad, deberán desplegarse durante la próxima legislatura como forma de superar la degradación mediocre en la que se ha sumido la cotidianeidad institucional y ética de la ciudad. En El Exilio Interior, Miguel Salabert advertía que, durante el franquismo, el envilecimiento actuaba como “una profilaxis infinitamente más eficaz que el terror, aunque ambas técnicas se amalgamaran” (edición de Isabelle Touton y Germán Labrador en Hoja de Lata Editorial, 2025). Si el terror es el recurso al que pretenden apelar las mesnadas herederas del franquismo a través de Vox, para el PP de Catalá el recurso está siendo actuar desde la más absoluta falta de proyecto, haciendo de la hipocresía y del envilecimiento una suerte de agotamiento lento de toda la ciudad destinado a la extenuación ética y el deterioro de sus calles.
Tras un aparente estado de latencia y pasividad, Catalá parece confiar en rentabilizar electoralmente la degradación lenta e irreversible de una ciudad que renuncie a ser creativa y a proyectarse hacia el futuro. Para la alcaldesa solo existe una ciudad hipócritamente monacal y manifiestamente apática, mercantilizada, recalentada, cada vez más inhabitable, alejada de la cultura y que, a todas horas, humilla a su clase trabajadora e ignora y deslegitima a su tejido asociativo.
València perdió la oportunidad, porque así quiso desperdiciarla expresamente la alianza entre PP y Vox, de definir y marcar una agenda de futuro como Capital Verde Europea, no solo durante el año de la Dana, en 2024, sino con vocación permanente, renunciando de este modo a convertirse en una referencia europea en materia de acción climática y en un ejemplo global de transformación urbana. Superados los gestos simbólicos y las políticas superficiales, la legislatura inició su andadura por un camino diametralmente opuesto al que la ciudad reclama. La mercantilización de la vida y de los espacios públicos ha implicado una transferencia constante de rentas desde las clases y los barrios trabajadores hacia las élites económicas y los entornos urbanos dominados por especuladores y rentistas.
La transición ecológica requiere una ruptura de clase mediante la activación urgente, exhaustiva y plena de todos los recursos presupuestarios, humanos y jurídicos del Ayuntamiento de València para garantizar derechos y reducir desigualdades. Lejos de la improvisación estival, la ciudad necesita un mapa de refugios climáticos accesibles, bien dotados, previamente definidos y fácilmente identificables por parte de la ciudadanía, y no meros parches propagandísticos.
Resulta fundamental hacer efectiva la regla de un urbanismo ecologista capaz de desasfaltizar la ciudad allí donde sea posible y de cumplir objetivos como disponer de tres árboles visibles desde cada ventana, alcanzar un 30 % de cobertura arbórea por barrio y garantizar un espacio verde a menos de 300 metros de cada hogar. Por ello es imprescindible impulsar distintos Corredores Verdes que vertebre ecológicamente la ciudad y contribuya a reducir las islas de calor urbanas.
Algunas de las medidas que harían sentir orgullo a cualquier vecino y vecina de València respecto de su gobierno municipal serían la educación ambiental para todas las edades, el refuerzo de las unidades institucionales de emergencia ante riesgos climáticos y la incorporación de la ciudadanía a organismos participativos de gestión y planificación del futuro de la ciudad.
Porque cuando se niega o banaliza el cambio climático se niegan también los medios necesarios para afrontarlo y se deslegitiman las actitudes de alerta, protección y gestión cuando sus efectos se manifiestan con toda su devastación. Se empieza pactando con Vox y normalizando el negacionismo climático, y se termina celebrando mientras la ciudad sufre las consecuencias. Catalá se negó a limitar la actividad en la ciudad el día de la Dana y trasladó posteriormente una sensación de falso alivio cuando diecisiete vecinos y vecinas de València habían perdido la vida.
Más allá de la suma de malestares, mareos y agotamientos cotidianos que genera el calor entre numerosos segmentos de población —especialmente entre las personas mayores o con patologías para las que las altas temperaturas representan un riesgo evidente—, cabe añadir situaciones verdaderamente intolerables de trabajadores y trabajadoras expuestos a temperaturas indecentes que incumplen el marco jurídico en materia de prevención de riesgos laborales. Ante estas circunstancias, el Ayuntamiento de València se ha mostrado indolente precisamente durante unas semanas en las que se han intensificado los trabajos de urbanización con el objetivo de acelerar el calendario de futuras inauguraciones electorales a costa de la salud de las personas trabajadoras.
Es bien sabido que ya hemos superado algunos umbrales que nos sitúan más en el escenario de la adaptación que en el de la mitigación. Sin embargo, el hecho de que las dificultades sean tan graves y de que algunos efectos sean ya irreversibles no debe impedirnos asumir la responsabilidad y la ilusión de construir unas condiciones de vida justas, sostenibles y democráticas que permitan habitar la ciudad durante las próximas décadas.
Es bien sabido que ya hemos superado algunos umbrales que nos sitúan en un escenario en el que la mitigación sigue resultando esencial y la adaptación es urgente. Sin embargo, el hecho de que las dificultades sean tan graves y de que algunos efectos sean ya, tal vez, irreversibles no debe impedirnos asumir la responsabilidad y la ilusión de construir unas condiciones de vida justas, sostenibles y democráticas que permitan habitar la ciudad durante las próximas décadas.
En consecuencia, una vez señaladas las responsabilidades políticas procede elaborar una alternativa municipalista y ecologista que traduzca el diagnóstico en una agenda concreta de gobierno para València. Reivindicando la autonomía local y la potente capacidad de intervención pública con la que cuenta un ayuntamiento como el de València podrán ponerse en marcha, entre muchas otras acciones ambiciosas —inevitables, posibles y necesarias—, iniciativas como:
- el impulso de proyectos cooperativos y de titularidad pública para la producción de energía renovable y accesible;
- la intervención en ámbitos como el consumo y la distribución alimentaria de proximidad sin intermediarios ni especuladores, aportando sostenibilidad a toda la cadena de producción, transporte y venta;
- la rehabilitación de viviendas acompañada por la administración local;
- el fomento de un transporte público, tanto municipal como metropolitano, cuya calidad, puntualidad, cobertura y comodidad disuadan a la ciudadanía del uso del vehículo privado, especialmente ante el desplazamiento forzado de la clase trabajadora desde los barrios más céntricos hacia la periferia como consecuencia de la especulación inmobiliaria;
- es necesario gestionar los residuos y el agua de forma justa desde el punto de vista fiscal y sostenible;
- reforzar la transparencia en la organización de los recursos;
- mejorar las condiciones de licitación de los servicios actualmente privatizados con el horizonte de remunicipalizarlos tan pronto como sea posible;
- proteger con mayores recursos la Albufera y el resto de espacios naturales del término municipal preservar su entorno frente a la especulación urbanística y a aquellas infraestructuras concebidas únicamente para transferir recursos públicos a grandes promotoras;
- es imprescindible también actuar para evitar nuevas ampliaciones tanto del puerto como del aeropuerto, ya que generan impactos irreversibles sobre el litoral y contribuyen a una presión turística y especulativa descontrolada, carente de una planificación sostenible de futuro.
- Todo ello, en el marco de una Estrategia contra el Cambio Climático para una València habitable que condicione toda la acción municipal y el resto de las áreas de gestión.
Perder años de vida, ver agravadas dolencias previas o renunciar para siempre a una mejor calidad de vida por el simple hecho de pertenecer a una clase social trabajadora y no disponer, por ello, de medios suficientes de protección constituye una de las mayores injusticias de nuestro tiempo. Y resulta especialmente insoportable porque tiene causas económicas y políticas perfectamente identificables y, por tanto, también responsables concretos.
Por ello, es preciso politizar con urgencia la gestión municipal en términos ecologistas y de clase. Convertir en medidas concretas la aparente vaporosidad de esos sueños que alimentan cada día el optimismo por la voluntad de vivir y la esperanza de salir adelante con dignidad es una tarea de justicia, de fortalecimiento democrático y de ilusión colectiva de la que las administraciones públicas no pueden desentenderse.
Frente a la reproducción de la distopía y su mercantilización con fines de rentabilidad económica, pero también de desmovilización social, reivindicar una utopía viable y realizable como guía de acción constituye hoy una necesidad política y una tarea de gobierno. Ese es el horizonte que puede definir el nuevo tiempo al que, felizmente, se encamina València y supone plantear preguntas y respuestas estrictamente políticas y sobre cómo distribuir los costes y el bienestar en la nueva escala que el cambio climático ha alterado en todos los órdenes.
