El asunto de los presuntos amaños para recolocar en el Puerto de Valencia y en el Ayuntamiento del Cap i Casal a extrabajadores del extinto Consorcio València 2007, investigado por la Fiscalía Anticorrupción como hemos sabido esta semana, merece varias reflexiones que no servirán para nada que no sea entretener a los lectores.

La primera es la constatación de que la ración diaria de bochorno proveniente del juicio de Koldo y Ábalos no sirve como vacuna contra las malas prácticas en la gestión pública.

Mientras desfilan por los juzgados ese y otros escándalos de corrupción, en demasiados despachos públicos se sigue cruzando la raya como si nada hubiera pasado. Sobre todo en la contratación de personal, con trajes a medida y procedimientos que retuercen la ley sin llegar —o eso creen— a romperla. No les basta tener una larga lista de puestos de libre designación, siempre hay más gente a la que colocar.

El caso ahora investigado por la Fiscalía es un escándalo que la alcaldesa de València ha tratado de justificar de la peor manera, apelando a la buena voluntad con que se trató de resolver la situación de una docena de trabajadores despedidos del Consorcio València 2007. 

Más de un alcalde ha sido condenado por saltarse la ley para dar trabajo a personas sin recursos. Recordemos el caso del exalcalde de Villalonga Enric Llorca, condenado a 4 años y medio de inhabilitación por contratar para trabajos de limpieza a gente necesitada. Como decía la sentencia, no existe norma que permita contratación de personas, por mucho que estén en riesgo de exclusión social, saltándose la bolsa y los procedimientos.

En el caso que nos ocupa, no se trataba de gente sin recursos para subsistir, sino de personas afines al PP que habían perdido su trabajo tras la extinción del Consorcio València 2007 y a las que Catalá trató de recolocar, como demuestran las palabras de la alcaldesa tras estallar el escándalo y los audios grabados donde su concejal de confianza José Marí Olano busca una solución al filo de la ley.

Algunas de estas personas lograron recolocarse en el Puerto o en el Ayuntamiento y otras no. Algunas grabaron y denunciaron. Si se llegó a vulnerar la ley lo determinará la justicia, pero el asunto es feo, y la preocupación en el equipo de gobierno municipal, lógica.

El foco mediático, que no el judicial, se ha puesto en Marí Olano, edil que se ha convertido en un problema para Catalá por la falta de transparencia de su doble actividad pública y privada. No tiene dedicación exclusiva y trabaja para empresas que optan a contratos municipales, lo que no fue obstáculo para que la alcaldesa lo nombrara nada menos que presidente de la Mesa de Contratación, puesto que tuvo que abandonar al tener que abstenerse en demasiados concursos por conflicto de intereses. También acude de oyente a consejos de administración de la Autoridad Portuaria de Valencia acompañando a Catalá, que es vocal por ser alcaldesa de la ciudad.

Sobre su actividad privada, el PSPV ha pedido varias veces la lista de empresas a las que presta servicios Olano, pero Catalá se niega a desvelarla, aun teniendo una resolución del Síndic de Greuges que le insta a hacerlo.

Eso, en la actividad privada. En la pública, lo mismo. A raíz del escándalo, el PSPV solicitó el otro día la agenda de reuniones que ha mantenido Marí Olano en los últimos meses, y Catalá respondió que "la agenda de los concejales es pública", excepto las reuniones internas. Pues bien, la de Olano es pública pero está vacía. En ella solo consta una reunión en los tres meses y medio que llevamos de 2026.

La falta de transparencia no significa corrupción, pero la corrupción se vale de la falta de transparencia. La transparencia es una exigencia no solo legal, sino ética, que muchos políticos continúan incumpliendo porque no hay ningún castigo establecido. Ni siquiera electoral.

Perdamos, pues, toda esperanza de que este caso o cualquier otro sirva para que nuestros actuales gobernantes muevan un dedo para reforzar los controles. Si sacan alguna lección de esto será la de tomar más precauciones para que no les descubran o afinar las coartadas.

En el caso de la Generalitat, ya se encargó Mazón de debilitar los controles antifraude al llegar al Consell. Y tras el escándalo de las VPP repartidas en Alicante entre familiares de cargos públicos municipales, altos funcionarios y hasta el notario, no parece que Pérez Llorca tenga ninguna urgencia por poner más vigilancia. Como si fuera un caso aislado y no el cuento de nunca acabar.

El problema no es que se repita la historia, sino que nunca ha dejado de escribirse.

PS: Hablando de falta de transparencia, las resoluciones finales de la Agencia Valenciana Antifraude que destapan irregularidades en las administraciones han pasado a ser anónimas por decisión de su director, Eduardo Beut. En plan, alguien ha enchufado a alguien, sin ninguna pista sobre quién y dónde. Que nadie se entere de las trapacerías no es la mejor manera de luchar contra ellas, porque los alcaldes ahora ya no tienen miedo ni a que les coloreen la cara.