No puede decirse que el estado del Gobierno autonómico valenciano sea muy boyante, con su máximo dirigente filtrando mentiras a los medios (que les pillan a los pocos minutos de filtrar y se vuelven contra él) y todo lo que acarrea Carlos Mazón desde el aciago día de la Dana del 29 de octubre; pero en esta vida está visto que siempre se puede empeorar. De manera que, por si a alguien se le había ocurrido pensar que la Generalitat Valenciana y Mazón habían tenido muy mala suerte con la Dana, que sus consecuencias exceden la capacidad de gestión de cualquier administración y que, en resumidas cuentas, le podría pasar a cualquiera y la culpa es de los otros, aquí llega la aplicación de la flamante Ley de Libertad Educativa para desmentirlo. Una ley negociada y aprobada por PP y Vox unas semanas antes de que este último partido abandonase el Gobierno autonomico.

En unos días, todos los padres que tienen hijos en edad de escolarización obligatoria en colegios públicos o concertados podrán participar en una votación, según proclama la Conselleria de Educación, para "elegir la lengua en la que quieran escolarizar a sus hijos". La ley acaba con el modelo del Botànic, que se basaba en la convivencia de castellano, valenciano e inglés, con unos porcentajes máximos y mínimos que se establecían mediante votación del consejo escolar, y que en todo caso implica recibir varias asignaturas en castellano y en valenciano. Un modelo mejorable, sin duda, en muchos aspectos, pero entre cuyas ventajas figura que facilita desarrollar especializaciones y modelos educativos específicos en los centros, que los padres pueden conocer previamente y escoger a partir de sus preferencias; y que todos los estudiantes reciben una mínima formación en las dos lenguas vehiculares de la Comunitat Valenciana.

Pero esto, para los auténticos promotores de la ley (Vox), constituía un drama terrible, porque era un paso más en el proceso de implacable catalanización de la sociedad que observan detrás de cualquier modelo que otorgue algún papel al valenciano; así que Vox acordó con el PP una ley pensada para que "los padres elijan en libertad" mediante su voto, volviendo en esencia al sistema de líneas en castellano y valenciano. El propósito de la ley, que parte de la idea de que el castellano está amenazado en la Comunitat Valenciana y hay que protegerlo, es diáfano: reducir al mínimo la presencia del valenciano, sobre todo, en aquellos espacios en los que ya estaba en minoría (notoriamente, en la escuela concertada de tipo confesional, donde a menudo ha sido visto como una molestia); e incorporar líneas en castellano también en los colegios públicos donde tuviera mayoría el valenciano.

• Foto: GVA

Para ello, la ley impone unos porcentajes difícilmente comprensibles y "democráticos" para determinar la lengua vehicular de cada grupo. En un colegio con dos grupos, bastará con que el 25% de los padres voten en favor de una lengua para que uno de esos dos grupos tenga dicha lengua vehicular. Esto quiere decir que si en ese colegio votan un 75% por el valenciano y un 25% por el castellano (o al revés), habrá un grupo en cada lengua. Y eso significa que el 25% de alumnos de la lengua mayoritaria que no puedan cursar estudios en su lengua de preferencia se encuadrarán en el grupo en la otra lengua. Es decir, que votas por la lengua A y la "Ley de Libertad Educativa" interpreta "libremente" tu voto asumiendo que te vas a escolarizar en la B, contra tu voluntad, porque además este procedimiento es simultáneo a la matrícula (desde la Conselleria afirman que estudiarán estos casos para ponerles remedio, y la verdad es que tengo mucha curiosidad por saber cómo lo van a hacer sin abrir nuevos grupos ni contratar profesorado, con presupuesto cero, o recortando más los exiguos fondos ahora disponibles).

Pero da la sensación de que el principal propósito de la ley es eliminar el valenciano de la concertada, en la confianza de que los padres de la misma votarán masivamente por el castellano. De manera que disfunciones como la que acabo de describir no resultarían demasiado importantes, siempre y cuando la mayoría del castellano sea allí aplastante, como está previsto que sea. Estas disfunciones sobre todo se darán en la educación pública, donde es más probable que aparezcan líneas en las dos lenguas, aunque esto provoque que muchos niños tengan que encuadrarse en la opción que no escogieron sus padres.

Y no sólo por las líneas: este sistema también impide o dificulta sobremanera cualquier política específica de centro, cualquier coordinación entre los profesores de un mismo curso, así como el necesario equilibrio en la composición de las diferentes clases. Ahora no se podrán organizar las clases según criterios de género, origen o diversidad funcional. Si todos o casi todos los padres que votan a favor de una lengua tienen niños, podremos disfrutar de un grupo compuesto sólo con niños, con las niñas concentradas en el grupo de la otra lengua (como en 1940); y lo mismo sucederá si los padres cuyos hijos provienen de otros países votan por la misma lengua: todos irán al mismo grupo.

Como bonus añadido de esta ley, sus promotores afirman que los padres habrán de votarla al principio de cada etapa educativa, y que los grupos se configurarán según el resultado de la votación. Esto significa que a partir de ahora los padres inscribirán a sus hijos en un colegio sin saber en qué lengua o con qué modelo educativo van a cursar sus estudios, pues éste vendrá predeterminado por el resultado de la votación. Puede que en el año anterior un colegio tenga dos grupos en valenciano y uno en castellano, pero eso no predetermina la votación del año siguiente, que quizás sea al revés: dos en castellano y uno en valenciano. Así que ahora matricularemos a nuestros hijos en un colegio sin saber si se escolarizarán en castellano o en valenciano con cierta independencia de nuestra preferencia (pues no depende de nosotros, sino del resultado de una votación que se produce a la vez que la matrícula).

• Foto: FERNANDO SÁNCHEZ/EP

¿La solución de la conselleria para afrontar este pequeño problemilla? Ofrecer a los padres llevarse a su hijo a otro colegio (que quizás esté en otro municipio, o sea público en lugar de concertado, o viceversa, y eso en el caso de que sea verdad que ofrezcan esta posibilidad, o que sea factible para los padres). Téngase en cuenta que, en este caso, los padres habrán votado a favor de una lengua en un colegio, cuyo voto tendrá consecuencias para determinar la composición lingüística de los grupos del colegio... ¡Y luego se irán a otro colegio cuya composición lingüística no habrán votado!

Es una libertad ciertamente singular la que nos proponen PP y Vox. Pero no se preocupen. Seguro que este artículo, las movilizaciones que ya han comenzado a producirse, y el sordo malestar de los padres que tienen que participar en este esperpento, son puro alarmismo: ¿acaso alguien desconfía de la pericia gestora de la Generalitat para afrontar este o cualquier otro problema y darle una solución rápida, eficaz y respetuosa con los derechos de todos?