La ciudad de València ha vuelto a presentarse en Fitur con una supuesta ventaja competitiva, no tener tasa turística, que nos quieren hacer creer que atraerá a turismo nacional e internacional que quizá tenía previsto ir a otras ciudades que sí cobran tasa, como puede ser Barcelona.

Nos lo quieren hacer creer algunos políticos, porque nadie más que uno conozca en València, incluidos muchos votantes del PP consultados, opina que los turistas que llenan nuestras calles y tensionan nuestros servicios no deben contribuir a los gastos de la ciudad con una tasa como la que pagamos cuando somo nosotros los turistas en buena parte del mundo civilizado.

Cataluña ingresó el año pasado más de 100 millones de euros por la tasa turística, y Barcelona otros tantos –ha puesto un recargo municipal–, mientras Baleares superó los 150 millones. Eso no significa necesariamente que presten mejores servicios, porque puede ser que lo que allí pagan con lo que recaudan de los turistas aquí lo cubrimos con los impuestos de los vecinos. Somos así de hospitalarios. 

De hecho, los vecinos de la ciudad de València vamos a pagar este año la nueva tasa de basuras –el recibo medio será de 90 euros– que todos los municipios de más de 5.000 habitantes están obligados a imponer, como consecuencia de una directiva de la UE cocinada por eurodiputados que cobran 11.000 euros al mes y no pisan las mismas calles ni los mismos bares que sus votantes.

Una tasa que, según impone la UE, debe recaudar exactamente el coste de la recogida de la basura. La deberíamos haber pagado en 2025, pero la falta de diligencia municipal ha retrasado el cobro. Aún no sabemos en qué mes pagaremos la tasa del año pasado ni si nos tocará pagar también este año la de 2026.

También saldrán de los impuestos de los vecinos del Cap i Casal los 4,16 millones de euros que, de momento, va a tener que pagar el Ayuntamiento por la no aprobación a tiempo de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE), que pueden ser muchos más si el Consistorio no la aprueba antes de julio. Si se lo descontarán del sueldo a los 33 concejales, se pondrían de acuerdo en dos minutos.

El Consistorio que preside María José Catalá va a sacar a concurso el mantenimiento del jardín del Turia por 35 millones de euros, que también pagaremos en exclusiva los vecinos para uso y disfrute propio y de los turistas.

Pagar impuestos es muy necesario para financiar los servicios públicos de los que disfrutamos... cuando los disfrutamos, porque algunos como la limpieza en València dejan mucho que desear, a pesar de que las contratas acaban de renovar el servicio con mucho más dinero.

Otros servicios públicos como el transporte son un drama. La movilidad en València va camino del colapso, no solo por la muy mejorable EMT, sino también por los problemas en Cercanías y Metro y la clamorosa escasez de taxis.

Lo del taxi es llamativo. València tiene menos taxis que en el año 1994, cuando la ciudad tenía 75.000 habitantes menos y no llegaban trenes de alta velocidad con 1.500 personas, ni cruceros de 4.000 pasajeros, ni casi aviones a Manises –1,2 millones de pasajeros en 1994 frente a 11,8 el año pasado–, que además no tiene servicio de autobús lanzadera, lo que supone una vergüenza para una ciudad que presume de turística.

Los servicios se mejoran con gestión y dinero. Y el dinero se obtiene de tasas e impuestos. En la mano de Pérez Llorca y Catalá está decidir si lo pagamos todo nosotros o les decimos a los turistas que paguen una tasa como hacen en otras ciudades.

Los empresarios de Benidorm, que dominan el lobby turístico autonómico, dicen que allí no funcionaría porque el turista británico no lo aceptaría. Pero eso no tiene por qué condicionar a la ciudad de València, donde sí que funcionaría.

Muchos turistas que vienen a València ya pagan tasas. Pagan las del aeropuerto –Aena las ha subido un 6,44% este año–, las del puerto y la de Adif. La única que no pagan es la de la autopista porque se la dejamos gratis total hace un lustro y ahora el mantenimiento de la AP7 lo pagamos los españoles.

Con esas tasas los turistas contribuyen a pagar las infraestructuras que utilizan, cosa que también hacen en otras ciudades pero no en València. Ciudades donde está probadísimo que la tasa no afecta a la llegada de turistas porque nadie elige adónde ir en función de si se cobra o no tasa.

Y lo que ya es de traca es que digan, nuestros gobernantes, que no habrá tasa si no lo consensúan antes con el sector hotelero. Un sector que solo sería uno de los recaudadores de la tasa junto a los empresarios de apartamentos turísticos, de cruceros o de campings. Es como si Montero dijera que tiene que consensuar el impuesto de carburantes con los gasolineros y el de la electricidad con Iberdrola y Endesa. 

Cierro aquí mi enésima columna a favor de la tasa turística, desde la primera que escribí en 2017. Me temo que no será la última.

PS: Recupero aquí, para Óscar Puente, una frase que ya recogí en un artículo sobre la Dana y Mazón, pero que viene más a cuento tras las recientes tragedias ferroviarias. Es de 2023, del entonces ministro de Transportes griego, Kostas Karamanlis, pocas horas después del accidente ferroviario de Tesalia en el que murieron 57 personas: "Cuando ocurre algo tan trágico es imposible continuar y pretender que no ocurrió. Esto se llama responsabilidad política. Por esta razón, anuncio mi dimisión". Pues eso.