VALÈNCIA. Comienzan a concretarse las cantidades del coste para las arcas municipales del Ayuntamiento de València de no haber aprobado a tiempo la Zona de Bajas Emisiones. La primera de las facturas que el consistorio valenciano deberá abonar será la devolución de las ayudas al transporte correspondientes al segundo semestre de 2025. En concreto, se trata de unos 4,16 millones de euros que la ciudad recibió del Ministerio de Transportes. Unos fondos que estaban vinculados a que los ayuntamientos beneficiarios tuvieran implantada una ZBE antes de acabar el 2025, requisito que València incumplió. Se trata por tanto de la primera consecuencia económica directa para la ciudad por el retraso en la implantación de esta medida obligatoria para municipios de más de 50.000 habitantes.
Inicialmente, el propio consistorio había estimado que la devolución podría ascender a unos siete millones de euros, correspondientes al segundo semestre de 2025. Sin embargo, finalmente la transferencia comunicada por el Gobierno se ha concretado en 4,16 millones, una cifra inferior a la prevista pero que supone igualmente un impacto relevante para las arcas municipales.
Las ayudas afectadas proceden de los fondos vinculados al impulso del transporte público y la movilidad sostenible, financiados en parte con recursos europeos. Su concesión estaba condicionada a la aprobación y entrada en vigor de la ZBE antes del 31 de diciembre, un hito que València no cumplió. Desde el gobierno local insisten en que “pelearán” a través de recursos administrativos para no tener que devolver estas ayudas, con el objetivo de evitar o revertir el reintegro de los fondos.
Desde la oposición, el portavoz socialista en el Ayuntamiento, Borja Sanjuan, ha lamentado que "mientras el resto de ciudades va a poder destinar estas ayudas a financiar el transporte público, en València esos más de cuatro millones de euros van a salir directamente de la caja de los valencianos y valencianas”. Los socialistas critican que se trata de “una penalización que pagamos todos por la incapacidad del gobierno de María José Catalá de cumplir con sus propios compromisos”.
Ayudas al transporte en 2026
En paralelo, el nuevo decreto estatal que regula las ayudas al transporte durante 2026 ha introducido un cambio en los requisitos. A diferencia del marco anterior, el Ministerio de Transportes ha abierto la puerta a que los ayuntamientos puedan solicitar las subvenciones del primer semestre de 2026 sin tener todavía una ZBE en vigor, siempre que se comprometan a implantarla antes de julio. De este modo, el plazo para cumplir con la obligación se amplía, lo que permite a ciudades como València optar a los fondos para este semestre pese a no haber aprobado aún la ZBE.
El portavoz socialista ha insistido en que a la pérdida de los 4 millones del segundo semestre del 2025 podría sumarse la pérdida de las ayudas de 2026 si el gobierno de Catalá no aprueba la Zona de Bajas Emisiones este año. Sanjuan recuerda que las consecuencias “van más allá del impacto económico”. “Ya vale de perder ayudas europeas y ya vale de que los vecinos y vecinas de València tengamos que respirar una peor calidad del aire. La falta de una Zona de Bajas Emisiones tiene efectos directos sobre la salud pública y la calidad de vida”, ha señalado.
La factura total de no aprobar la ZBE todavía es una incógnita
Cabe recordar que además de las ayudas al transporte, la ciudad de València se enfrenta todavía a una factura millonaria por no aprobar la ZBE. Una factura que todavía es difícil de cuantificar con exactitud pero que oscilaría entre los 17 millones de euros -según cálculos más optimistas como los de la Sindicatura de Comptes- hasta los 115 millones de euros. Unas cantidades que corresponden a los fondos europeos que ha recibido València y que estaban vinculados a la aprobación de la ZBE. Un paquete de financiación que roza los 58 millones de euros a los que habría que sumar las posibles sanciones de dos o hasta tres veces el importe de la subvención.
