Hay una imagen que resume mejor que ninguna otra el momento político que vivimos: un coche en marcha, sin conductor, avanzando por inercia mientras los pasajeros discuten en el asiento trasero sobre quién debería sujetar el volante. Esa es hoy España y, en una versión ampliada y algo más descarnada, también la Comunidad Valenciana.

La imagen no es solo retórica: es el reflejo de una sensación cada vez más extendida. El poder existe, pero apenas parece ejercerse. O, peor aún, muchos aspiran a disfrutarlo, pero pocos quieren asumir sus consecuencias.

En el ámbito autonómico, el ejemplo es especialmente revelador. La reciente interpretación judicial sobre la gestión de la DANA en la Comunidad Valenciana —según la cual el presidente de la Generalitat no tenía obligación directa de actuar ante la catástrofe— introduce un precedente inquietante. No tanto por el caso concreto, sino por lo que sugiere: una progresiva dilución de la responsabilidad política. Si ante una tragedia de gran escala nadie “tenía por qué hacer nada”, entonces, ¿para qué sirve exactamente gobernar?

No es un episodio aislado. A tenor de la reciente resolución del Tribunal Superior de Justicia, la política parece haberse convertido en una suerte de representación simbólica donde las decisiones reales se diluyen entre informes, competencias cruzadas y escudos jurídicos. El poder deja de ser un ejercicio de responsabilidad para convertirse en un juego de atribuciones. Y, en ese juego, con demasiada frecuencia gana el que menos se expone.

Pero si la derecha institucional tiende a parapetarse en la burocracia, la izquierda no sale mejor parada. Lo hemos visto estos días con las protestas selectivas del Primero de Mayo, en las que han participado sin complejos miembros del Gobierno de España. Manifestaciones centradas en causas genéricas, globales o incluso futuristas —como el impacto de la inteligencia artificial— que, sin embargo, guardan un silencio elocuente ante problemas estructurales que dependen directamente de gobiernos afines: vivienda, presión fiscal o deterioro del poder adquisitivo.

La crítica de fondo es incómoda: organizaciones nacidas para fiscalizar al poder actúan como si ese poder fuera ajeno. Como si no gobernaran los suyos. Como si la realidad fuese una abstracción que conviene no señalar. En este contexto, resulta difícil no ver como contradictorio el festejo del 50º aniversario de El País, autoproclamándose defensor del gran periodismo mientras aplica, en la práctica, la máxima clásica de que la realidad no arruine un buen titular.

El resultado es una anomalía democrática: gobiernos que hablan como una oposición perpetua y gobiernos que actúan como si simplemente pasaran por allí. Nadie manda del todo. Nadie responde del todo. Nadie asume plenamente el coste de gobernar.

Y ese vacío no es neutro. La historia muestra que cuando el poder se debilita o se difumina, otros acaban ocupando ese espacio. Rara vez son los más moderados. En ese terreno prosperan movimientos que prometen soluciones totales: orden absoluto o justicia sin matices. Y, en el extremo, reaparece la tentación de negar la autoridad por completo.

Conviene no romantizar esa idea. El anarquismo, más allá de su formulación teórica, ha estado históricamente vinculado —también en España, entre finales del siglo XIX y principios del XX— a episodios de violencia política e inestabilidad social. No como caricatura, sino como experiencia histórica concreta.

El verdadero peligro es que se instale, como realidad de facto, un sistema en el que nadie manda, nadie responde y todo queda al albur de fuerzas desordenadas. Ese escenario empieza cuando un presidente no es considerado responsable de una catástrofe. Cuando unos sindicatos miran hacia otro lado. Cuando un Gobierno habla de problemas como si no llevara años gestionándolos. Cuando una buena comilona parece valer más que salvar vidas, reivindicar mejoras sociales o solucionar los problemas de los ciudadanos.

Empieza, en definitiva, cuando el volante queda vacío. Y el coche sigue avanzando. Sin rumbo. Sin conductor. Y cada vez más deprisa.

Juan Enrique Ruiz es periodista y profesor de Historia.