VALÈNCIA. El grave problema del acceso a la vivienda tiene muchas vertientes. Existen diferentes factores que explican el estrangulamiento actual del mercado, que ha propiciado el auge desmesurado de precios, que está expulsando a muchas personas de su derecho constitucional a un hogar. Una de estas aristas, que no la única, es la tensión entre oferta y demanda en las grandes ciudades de España, ya que en estos momentos se construye por debajo del crecimiento poblacional. Tanto es así que en el caso de la plaza valenciana, la provincia de Valencia ganó más de 53.000 ciudadanos en 2024, un ejercicio en el que se terminaron y, por tanto, entregaron 3.434 viviendas de nueva planta, según datos del Ministerio de Vivienda.

Este déficit explica una pequeña parte, pero relevante de la crisis habitacional que atraviesa España y que ha situado la vivienda como la principal preocupación de los ciudadanos. Y es que la producción actual de viviendas no va al mismo ritmo que la creación de nuevos hogares, acentuando más la brecha. De hecho, un informe un reciente informe del BBVA Research, refleja que la obra nueva sólo ha cubierto el 30% de los hogares creados entre 2021 y 2025 en la Comunitat Valenciana. "Un 70% de esos hogares suponen un exceso de demanda que no se ha cubierto y que presiona los precios al alza", señaló Miguel Cardoso, economista jefe de BBVA Research. Cierto es que el problema de la escasez productiva residencial no es la única variable de la ecuación, pero sí una de las claves para entender la magnitud de la emergencia. 

Así, de acuerdo con los datos del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, desde 2011, de media, en la provincia de Valencia se han ido terminando unas 3.000 viviendas anuales, unos datos muy lejanos a los anteriores al estallido de la burbuja inmobiliaria cuando la producción rondaba las 20.000 al año. En concreto, la serie histórica arranca a principios de los años 90, momento en el que se desarrollaban entre 9.000 y 5.000 inmuebles cada año, en función del ejercicio. Ya a finales de esta década, en 1999, los niveles aumentaron hasta las 10.000 unidades, manteniendose un ritmo de entre 14.000 y 20.000 viviendas terminadas al año hasta mediados de los años 2000.

La cifra se incrementó a partir de 2005, cuando se levantaron 29.401 unidades, cifra que fue a más en los años posteriores en ese 'boom' constructor previo a la crisis inmobiliaria. Una efervescencia que se evidenció con 26.995 viviendas en 2006; 31.204 en 2007; y 31.089 en 2008, año en el que estalló la hecatombe. Pueba de ello es que en 2009 el número ya bajó hasta las 18.769 viviendas y, a partir de ese momento, llegó un desplome del 94,8% en tan solo tres años.

En apenas cinco años, entre 2010 y 2015, la provincia pasó de 18.769 viviendas terminadas a solo 953. La dimensión del hundimiento se aprecia al comparar los extremos: la provincia de Valencia perdió en once años casi 19.500 viviendas terminadas anuales. La magnitud del ajuste revela que la provincia había estado construyendo por encima de su demanda real, sostenida durante años por un crédito excesivo y por expectativas de revalorización que no llegaron a materializarse.

El hundimiento llegó en 2017, con únicamente 441 viviendas terminadas. Desde ese mínimo, se ha producido una recuperación parcial: se pasó un año después a las 744 unidades; en 2019 a las 1.682 y desde 2020 la producción ha sido constante situándose en las 3.000 unidades terminadas de forma anual. Sin embargo, esta mejora no oculta que la provincia sigue muy lejos de los niveles previos a la crisis. De hecho, la producción actual es un 83 % inferior a la que registraba en 2005, cuando se alcanzó el máximo histórico. 

Y mientras tanto ha ido creciendo la presión demográfica. Y es que la provincia ha ganado población en los últimos años, tanto de nacionales como de internacionales que han fijado en Valencia su primera residencia. A ello se suma, los profesionales que residen a medio plazo por proyectos, los nómadas digitales o las personas que llegan por temas de formación. Además, la composición de los hogares también ha variado, ya que actualmente hay más personas solas, menos hijos por familia y más demanda de vivienda de alquiler, factores reducen el potencial de multiplicación de la vivienda nueva.

En este sentido, según datos del padrón municipal publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), la provincia de Valencia aumentó su población en casi 390.000 personas entre los años 2000 y 2009, periodo en el que se construyeron cerca de 223.000 viviendas. Durante la década posterior, tanto el crecimiento poblacional como la construcción de viviendas cayeron en picado, pues la provincia perdió más de 16.000 habitantes y apenas vio 23.217 nuevas viviendas construidas. 

No obstante, la tendencia demográfica ha cambiado considerablemente en los últimos seis años. La provincia de Valencia ha ganado más de 160.000 habitantes entre 2018 y 2024, un lapso de tiempo en el que el número de viviendas terminadas apenas ha alcanzado las 20.502, lo que evidencia un claro desfase entre el crecimiento poblacional y la construcción de nuevos hogares que puedan absorber el incremento de demanda.

Por tanto, la fotografía final es contundente: la provincia de Valencia vive un crecimiento demográfico que no encuentra respuesta en la producción de vivienda nueva, aún anclada en niveles mínimos pese a la ligera recuperación de los últimos años. La brecha entre población y nuevas viviendas dibuja un escenario de tensión estructural, donde la demanda supera ampliamente a una oferta incapaz de absorberla. Este desajuste no explica por sí solo la crisis habitacional, pero sí actúa como un potente multiplicador de precios y dificultades de acceso, especialmente para jóvenes y rentas medias.

De hecho, de no corregirse esta situación, un informe elaborado por Cámara Valencia advierte de que Valencia arrastrará un déficit de 133.340 viviendas hasta 2030, ya que al ritmo de construcción actual solo se podrá satisfacer aproximadamente el 30% de las que viviendas que se reclaman. Esto abocará a "un mayor hacinamiento residencial, un incremento mayor de precios, la proliferación de asentamientos informales y un éxodo a la periferia", alertan los expertos.