VALÈNCIA. La crisis de la vivienda se ha consolidado como uno de los principales problemas sociales en España, dejando a muchas familias sin acceso a un hogar. El encarecimiento constante de los precios, frente a unos salarios estancados, se combina con una oferta insuficiente y una demanda al alza, impulsada por el turismo y la compra de viviendas por parte de extranjeros. Esta presión creciente ha convertido el acceso a la vivienda en una barrera cada vez más infranqueable, que amplía las desigualdades y condiciona seriamente el proyecto de vida de miles de personas.

Ante esta situación, la Generalitat Valenciana diseñó a principios de esta legislatura una estrategia para revertir esta problemática. El plan, denominado ‘Vive’ —con un modelo muy similar al impulsado por la Comunidad de Madrid, incluso en el nombre— contempla la promoción de 10.000 nuevas viviendas públicas: 6.000 en suelos públicos y 4.000 en terrenos privados. Todo ello con la colaboración del sector privado, que aporta la capacidad técnica y financiera necesaria para desarrollar este tipo de proyectos a gran escala.

Para ello, se articuló toda una serie de mecanismos de colaboración-público privada, así como se reformó la norma que regula la vivienda de protección pública en la región, anteriormente conocida como VPO, para poder reactivar una tipología de viviendas que se había paralizado en los últimos años en la región. Desde el primer momento, el gobierno valenciano ha tenido claro que para minimizar la presión en el mercado era necesario aumentar la oferta disponible, especialmente a precios asequibles. 

Ahora, en el ecuador de la legislatura, el Consell saca pecho en un primer balance, aunque reconoce que "queda camino por recorrer". Así, lo admitió el 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, durante la firma del 'Acuerdo por la Vivienda', un pacto entre la administración y el sector para impulsar la vivienda asequible. El acto, en el Palau y sin preguntas de los periodistas, sirvió para escenificar el compromiso de los distintos agentes implicados en abordar la crisis habitacional. Entre los firmantes se encontraban la Federación Valenciana de Municipios y Provincias, organizaciones empresariales, colegios profesionales, universidades, entidades públicas de suelo, instituciones de economía social y entidades financieras.

En su intervención, Mazón resaltó que en estos dos años están ya en marcha -o bien en proceso de licitación, adjudicación o en fase de construcción-, más de 4.000 viviendas de protección pública en la Comunitat Valenciana, aunque sin detallar el estado concreto de ese volumen. En concreto, detalló que 627 corresponden a inmuebles de promoción directa de la Generalitat, de las cuales 146 se encuentran en la provincia de Alicante; 445, en Valencia; y otras 36 en Castellón; mientras que más de 3.000 unidades son por la vía de la colaboración público-privada, principalmente a través de permutas; y otras 1.200 las está acometiendo el sector privado. Además, anunció que antes de que finalice este año se licitarán suelos en permuta para otras 1.000 viviendas protegidas en la Comunitat.

Colaboración público-privada

De hecho, bajo esta fórmula, como ha ido contando este diario, ya se han adjudicado 1.770 viviendas de las 2.000 unidades que están en tramitación en más de una treintena de solares públicos en diferentes puntos de la región. Se trata de un método por el cual la Generalitat entrega unos terrenos públicos a las empresas adjudicatarias a cambio de un número de viviendas de esos proyectos, que se incorporarán al parque público vivienda asequible. Por ahora, de esas más de 1.700 VPO adjudicadas, el gobierno autonómico recibirá unas 300 unidades para incorporar a su parque público.

A este volumen hay que sumar otras 221 viviendas protegidas que se adjudicó Culmia en un concurso de derechos de superficie. En este caso la administración cede un suelo a los agentes privados para construir vivienda de alquiler asequible durante un periodo de tiempo determinado, fijado en 55 años prorrogables 20 más, pero siempre manteniendo la propiedad de los inmuebles. Las obras están en marcha y serán 104 viviendas en València y otras 117 en Benidorm.

Paralelamente, la Generalitat ha activado las primeras viviendas del concurso de 1.090 unidades que se licitó y adjudicó hace dos años durante la época del Botànic a la UTE Urbania-Visoren. Un gran lío jurídico con la redacción del pliego ha retrasado el inicio de las obras y ha llevado a que la adjudicataria haya renunciado a la construcción de uno de sus tres lotes, con 389 VPO en Valencia. El actual equipo de la Conselleria ha tenido que desatascar el proyecto para que pudieran iniciarse los trabajos y en abril de este año 2025 arrancaron las primeras 34 unidades en Alicante. Por tanto, de este proyecto heredado se prevé que finalmente se levanten 701 VPO en la región.

1.200 VPO de promoción privada

Por otro lado, Mazón destacó que en este año el sector privado ya ha solicitado la calificación provisional de 1.200 viviendas promovidas por la iniciativa privada. De hecho, como publicó este diario, de acuerdo con los datos del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, de enero a junio de este 2025 se han concedido 883 calificaciones provisionales, mientras que en todo el pasado año 2024 fueron 902, solo 19 menos a falta de seis meses para concluir el ejercicio. Cabe recordar que este trámite es el paso previo hasta que los servicios autonómicos estudian la propuesta para ver que se cumple con los requisitos para la calificación definitiva.

Unos números que evidencian el repunte de esta modalidad en la Comunitat Valenciana. El jefe del Consell achacó este dinamismo a la modificación del decreto que regula la VPO en la autonomía y que ha actualizado el precio de los módulos, como solicitaba el sector. "Estas actuaciones van a beneficiar a más de 15.000 personas que pronto tendrán un hogar y supondrán una inversión de más de 1.000 millones de euros", remarcó Mazón.

Precisamente, la firma del acuerdo busca dar un nuevo empujón a la puesta en marcha de vivienda asequible con nuevas acciones en materia normativa, fiscal, disponibilidad de suelo o modernización del sector. En esta línea, reiteró el anuncio que hizo el pasado mes de abril de que "habrá una nueva rebaja en el impuesto de transmisiones patrimoniales, esta vez lineal y para todos de un 10%, como siguiente medida" 

También, avanzó que a finales de este año se pondrá en marcha el proceso de aprobación de un nuevo decreto para regular la gestión, mantenimiento y procedimientos del parque público de vivienda. Como adelantó hace meses este diario, el objetivo es agilizar la adjudicación de vivienda pública y actualizar criterios, ya que en este momento, un 50% de las solicitudes no acaba en un contrato formalizado.

Pacto de Estado por la Vivienda 

En representación de todos los firmantes intervino el director de la Cátedra Observatorio de la Vivienda de la Universitat Politècnica de València (UPV), Fernando Cos-Gayón, quien advirtió de que la vivienda atraviesa un "escenario bastante terrible" que no se prevé que mejore en los próximos años, por lo que urgió a buscar "un Pacto de Estado" o, de lo contrario, aseguró que será "imposible".

"Es hora de buscar soluciones y trabajar juntos. El reto es mayúsculo con un flujo migratorio que cambiará las ciudades, pero, si no queremos ver más asentamientos informales, hay ue hacer cosas y desregular y no regular más este mercado, así como replantear vivienda asequible con nuevos estándares al margen de la vivienda protegida", enfatizó.