VALÈNCIA. El desarrollo urbanístico, promovido por LandCo, filial de promoción de suelo del Banco Santander, y la valenciana Urbem, para levantar cerca de 900 viviendas en el barrio de San Marcelino en València encara su recta final. El Ayuntamiento de València ha acordado este viernes someter a información pública el planeamiento y gestión urbanística de este PAI, por un periodo de 45 días hábiles. Asimismo, ha acordado solicitar informes a los servicios municipales y otras administraciones públicas afectadas por el mismo plazo.

Con esta decisión, se desatasca y encarrila el proyecto, que sumará nueva oferta residencial en la ciudad, además de culminar este entorno inacabado del 'Cap i Casal'. Y es que, una vez culminada esta fase, tras la subsanación de las consideraciones de los informes sectoriales y el análisis de las alegaciones presentadas, el consistorio procederá a su aprobación definitiva. El plazo previsto de ejecución de las obras será de 24 meses y el presupuesto de ejecución material es de 10,8 millones de euros.

El planeamiento diseñado por LandCo y Urbem para esta unidad de ejecución A.5-1 Sant Marcel·lí de València garantiza una adecuada integración, continuando con la trama urbana del barrio ya consolidado, tanto a nivel de alturas como de diseño urbanístico. Concretamente, actúa sobre una bolsa de suelo situada en la intersección de la calle San Vicente con la avenida Doctor Tomás Sala. Linda, por tanto, con el acceso ferroviario a la Estación del Norte y se encuentra a unos metros del nuevo Hospital La Fe. Se trata de una de los pocas unidades de ejecución pendientes en la ciudad y que, además, forma parte del 'megaproyecto' del Parque Central.

Su superficie abarca una extensión de 87.000 metros cuadrados, con una edificabilidad residencial de 75.538,55 metros cuadrados de techo. En un principio se estimó en 750 las viviendas que se podrían construir, teniendo en cuenta un tamaño aproximado de 100 metros cuadrado por piso. No obstante, el consistorio valenciano ha rebajado esas dimensiones, atendiendo a las características actuales de las viviendas de obra nueva que salen al mercado y que son más pequeñas, por lo que prevé que se puedan construir cerca de 945 unidades. Una estimación que no descartan los impulsores del proyectos que, explican a este diario, que todavía no tienen definido el volumen total residencial, pero coinciden en que las nuevas demandas del mercado se decantan por viviendas de menor superficie.

De ellas, el 25% serán de protección pública, es decir, cerca de 236. Además, el planeamiento reserva más de 11.000 metros cuadrados para uso terciario. El suelo dotacional público tiene una superficie de 68.238 metros cuadrados de suelo, de los que 31.000 son de zonas verdes, 8.797 metros cuadrados son para equipamientos y el resto, 28.430 metros cuadrados, es red viaria. 

La propuesta presentada por ambas compañías ofrece, además, una jerarquización del tráfico más adecuada, marcando la calle San Vicente con un eje transversal de conexión con la calle Ingeniero José Sirera. Y ello con el objetivo de facilitar el tráfico rodado desde el actual barrio hasta la calle San Vicente, que continúa siendo un eje natural de acceso con el casco urbano de València.

Asimismo, presenta una disposición de los espacios libres entre los edificios residenciales que permite ubicar zonas verdes de proximidad y una red de espacios comunes de fácil acceso y convenientemente distribuidos. Además, configura un nuevo borde urbano integrado, con los edificios más altos situados en el extremo central del sector, en la avenida Doctor Tomás Sala, en línea con las construcciones ya existentes.

Los inicios del proyecto se remontan a 2020, cuando LandCo y Urbem conformaron la Agrupación de Interés Urbanístico para urbanizar este entorno al poseer el 63% de la superficie total del PAI. En diciembre de 2024 solicitaron al Ayuntamiento el inicio de la tramitación de esta actuación en San Marcelino. Esta petición fue atendida en marzo, cuando Urbanismo dio luz verde al inicio del proceso "al reunir los requisitos de legitimación previstos en el texto refundido de la Ley de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje (Lotup) para poder desarrollar la Unidad de Ejecución mediante un Programa de Actuación Integrada (PAI) en régimen de gestión por las personas propietarias".

Ya en abril de ese año, el consistorio admitió el programa para iniciar el trámite de evaluación ambiental y dos meses más tarde recibió luz verde ambiental. Ahora enfila su tramo final para culminar esta bolsa de suelo pendiente en el 'Cap i Casal' y sumar nueva oferta el mercado en un momento de crisis en el mercado por la alta demanda.