VALÈNCIA. Han pasado seis meses desde que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunciara en València la creación de la Ciudad de la Industrialización de la Construcción en la Zona de Actividades Logísticas (ZAL) del puerto. Sin embargo, medio año después, el plan sigue sin concretarse. No hay calendario definido ni inversión prevista, ni tampoco se ha diseñado un modelo de colaboración público-privada para desarrollar esta zona, concebida, según se dijo, para generar un polo de innovación destinado a transformar el modelo constructivo español hacia uno industrializado. Desde el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana aseguran que “se está trabajando para que cuanto antes se puedan empezar a concretar proyectos”, pero sin aportar plazos.

Este proyecto se presentó el pasado 24 de abril, como uno de los pilares fundamentales sobre los que pivotará el nuevo Perte de vivienda para la construcción industrializada, que aspira a reactivar la economía y abordar el problema del acceso a la vivienda mediante la agilización de procesos y la reducción de plazos. Para ello, el Ejecutivo se comprometió a movilizar una inversión pública de 1.300 millones de euros en diez años, con la ambición de construir 15.000 viviendas industrializadas al año y alcanzar las 20.000 en una década. La vocación de generar un entorno industrial en la ZAL pasa por concentrar empresas, centros de innovación y espacios formativos vinculados a la construcción industrializada, un modelo que permite reducir los tiempos de edificación, abaratar costes y mejorar la sostenibilidad del sector.

Lo cierto es que el anuncio generó una gran expectación en la Comunitat Valenciana, que sería la principal beneficiada del proyecto al albergar su sede central. La elección de la ZAL no fue casual, sino estratégica: la Entidad Pública Empresarial de Suelo (Sepes) dispone de parcelas en este parque industrial en desarrollo, que cuenta con buenas conexiones logísticas. También se buscaba hacer un guiño a una tierra castigada por la Dana de octubre, con una alta necesidad alojativa.

Sin embargo, por ahora, la iniciativa no ha pasado del papel. El pasado 6 de mayo el Consejo de Ministros aprobó oficialmente el Perte, y apenas unas semanas después, el 30 de mayo, se constituyó su Oficina mediante orden ministerial. El siguiente hito se cumplió en septiembre cuando se nombró a la directora del proyecto, Maribel Vergara, encargada de coordinar las principales líneas de trabajo. Pero, desde entonces, no existen nuevas noticias sobre su evolución.

Desde el departamento que dirige Isabel Rodríguez defienden a este diario que "se están ultimando los trabajos para que cuanto antes puedan empezar a concretarse los primeros proyectos". En este sentido, explican que antes era necesario completar una serie de pasos administrativos y de gobernanza, que guiarán el marco de actuación para el conjunto de iniciativas del programa.

En paralelo, señalan que se trabaja en la puesta en marcha de una Plataforma Digital del Perte, concebida como un espacio para centralizar información, fomentar la participación ciudadana y facilitar la interacción entre administraciones, empresas, centros de conocimiento y profesionales del sector. Asimismo, destacan que, en el plano financiero, el Instituto de Crédito Oficial (ICO) ha puesto a disposición líneas de financiación y capitalización ya existentes para proyectos vinculados a este plan, al tiempo que estudia la creación de nuevos instrumentos, como las hipotecas “off-site”, que permitirían financiar los módulos de vivienda mientras se fabrican en taller, antes de su instalación en obra, entre otras medidas.

En cualquier caso, lo cierto es que todavía es una incógnita el futuro de este polo de industrialización y del propio Perte. Se trata de un programa muy demandado por el sector, que ve la industrialización como una vía imprescindible para responder al creciente déficit de vivienda y mejorar la productividad. Pero, también, para resolver problemas como la falta de mano de obra, el encarecimiento de los materiales o los largos tiempos administrativos de tramitación de proyectos. Además, estos nuevos sistemas permiten abaratar costes, reducir plazos hasta en un 60% y garantizar una mayor calidad, al tiempo que generan empleo más estable y tecnificado.

Actualmente, los métodos de construcción industrializada representan cerca del 1% del total de las viviendas que se levantan en España, frente al 20% de países europeos como Alemania o los Países Bajos, o el 80% de Holanda o Finlandia. Por ello, el Perte se antoja como un instrumento necesario para que el sector español acelere su transformación en medio de una emergencia habitacional aguda que está expulsando a muchos ciudadanos del mercado.