VALÈNCIA. El Ayuntamiento de València lanza nuevas iniciativas para ampliar la oferta residencial en la ciudad. Los precios llevan años manteniendo una tendencia alcista, mientras la obra nueva se va constriñendo, generando una tensión en el mercado que está impidiendo a los ciudadanos acceder a una vivienda, expulsándolos, además, de la propia ciudad. Una verdadera emergencia habitacional que obliga a las Administraciones a buscar soluciones y que ha llevado al consistorio que dirige María José Catalá a poner en marcha más actuaciones para sacar nuevo stock al mercado.

Una de ellas es la reactivación de un antiguo desarrollo urbanístico en Malilla para algo más de un centenar de viviendas de protección pública. Asimismo, sacará a licitación cuatro suelos públicos a través de permutas, una forma de colaboración con el sector privado que consiste en la entrega de solares de titularidad municipal a promotores a cambio de vivienda terminada. En este caso concreto, la previsión es que en ellos se puedan levantar unas 250 unidades a cambio de inmuebles que entregará ya finalizados la empresa adjudicataria. El número total que se quedará el consitorio para su parque público dependerá de la oferta que haga la compañía que se lleve el concurso.

Así lo anunció este martes Catalá, junto al concejal de Vivienda, Juan Giner, durante una visita a las obras de un edificio de 75 viviendas de protección pública situado en la avenida de los Naranjos. "En dos años ya hemos impulsado la construcción de 1.000 viviendas públicas que están en diferentes grados de ejecución y puedo anunciarles que vamos a impulsar la construcción de más de 360 nuevas viviendas de protección pública", enfatizó la primera edil de la ciudad. Ambas actuaciones forman parte del 'Plan + Vivienda', a través del cual el consistorio valenciano pretende incorporar cerca de 1.000 nuevas viviendas al parque público esta legislatura.

Permuta de solares

En el caso de las permutas, se trata de una fórmula a la que el consistorio ya ha recurrido con éxito en un primer concurso que adjudicó al Grupo Lobe. En ese caso, entregó suelos para 400 VPO a cambio de un edificio terminado con 84 unidades. Y es que, con este intercambio, el consistorio se asegura producto terminado en solares que de otra forma no podría movilizar por falta de recursos y, a su vez, promueve la actividad constructora en la ciudad.

En esta nueva convocatoria, dos de los terrenos se ubican en Malilla, concretamente en las calles Marco Miranda y la de Miguel Carceller; mientras que los otros dos están en el barrio de Nou Moles, en las calles Brasil y Pilota Valenciana. El Ayuntamiento entregará estas pastillas, que deberán destinarse a viviendas de protección pública, a cambio de uno o varios edificios residenciales de obra nueva, que no tienen que estar obligatoriamente terminados, pero sí en un estado de tramitación avanzado. Esos inmuebles, cuyo número final dependerá de la oferta vencedora, se incorporarán al patrimonio municipal y se destinarán a alquiler asequible para aquellos vecinos inscritos en la lista de demandantes municipal. Una lista que no ha dejado de crecer y que supera las 1.400 personas, lo que supone un reflejo de la actual crisis de vivienda en la ciudad.

Repesca de suelos

Se da la circunstancia de que dos de estas cuatro parcelas formaban parte del paquete que se había adjudicado la empresa Nuevas Tecnologías de Financiación (NTF) en otra licitación de derechos de superficie para 227 viviendas de alquiler social, pero al que finalmente renunció la firma, como avanzó este diario. Y lo hizo, según justificó, por "las insidias vertidas" por el portavoz del PSPV en el consistorio, Borja Sanjuán, quien criticó la relación personal del promotor adjudicatario con una diputada del PP cercana a la alcaldesa de València. Esta denuncia provocó, según la mercantil, "un ruido mediático" que espantó a los inversores.

En cualquier caso, desde la corporación valenciana insistieron en que no iban a renunciar a dar salida a estas bolsas y una de las posibilidades que se barajaba era precisamente sacarlas vía permuta, como finalmente ha sido con dos de ellos. Para los otros dos restantes todavía se barajan diferentes opciones como una tercera fase de permutas o la promoción propia a través de Aumsa.

Será este viernes cuando la Junta de Gobierno Local aprobará la convocatoria de la licitación, según avanzó Catalá. “Con ello conseguiremos sumar las viviendas de los edificios que el Ayuntamiento adquiera, además de más de 250 viviendas de protección pública, que se podrían construir en los solares objeto de la permuta. El problema del acceso de la vivienda es algo que sufren todas las ciudades, pero este gobierno municipal está desde el minuto uno poniendo el acelerador para construir vivienda pública”, remarcó la alcaldesa.

Urbanización del PAI Malilla Sur

En cuanto al desarrollo de Malilla, el Ayuntamiento de València ha decidido reactivar los 35.700 metros cuadrados de suelo dentro del PAI Malilla Sur para poder construir 113 viviendas de protección pública. El Consejo de Administración de la empresa pública Aumsa aprobó este miércoles licitar las obras de urbanización con un presupuesto base de 5,3 millones de euros. El plazo de ejecución de estos trabajos será de diez meses a contar desde la firma del acta de replanteo.

Los terrenos se ubican entre el Bulevar Sur (avenida Fernando Abril Martorell), las vías de tren y el complejo sanitario de La Fe. De los más de 35.000 metros cuadrados de esta bolsa de suelo, el Ayuntamiento dispondrá de una parcela de casi 300 metros cuadrados con los que se podrán edificar 33 VPO y Aumsa tendrá otras dos de unos 700 metros cuadrados en las que se construirán otras 80 unidades con esta calificación. El resto de los terrenos corresponden a suelo terciario, viales y zonas verdes además de otro suelo urbanizable de más de 1.000 metros cuadrados cuyo titular es Adif.

Cabe recordar que en 2022 el anterior gobierno municipal de PSPV y Compromís ya sacó a licitación la urbanización de este sector con un presupuesto de 3,9 millones de euros y el objetivo de alzar unas 290 viviendas. No obstante, el concurso se declaró desierto por el aumento de costes de materiales derivado de la crisis logística y la inflación. Con el objetivo de desbloquear este PAI en el actual contexto de escasez de vivienda, el Ayuntamiento aprobó en marzo de 2024 una revisión de los gastos de urbanización y aumentó el presupuesto hasta los más de cinco millones por los que ahora se licitarán los trabajos.

Esta fórmula —que requiere licitar, adjudicar, urbanizar y posteriormente construir las viviendas— implica plazos dilatados en el tiempo, por lo que la incorporación de estos activos no será inmediato. De hecho, una vez culmine esa urbanización de este entorno, el consitorio deberá decidir cómo moviliza las parcelas resultantes: si bien a través de Aumsa o mediante colaboración público-privada. De ahí, la necesidad de agilizar plazos y complementar con medidas más ágiles para poder sumar nueva vivienda en el corto plazo con el fin de aliviar el estrangulamiento del mercado inmobiliario valenciano.