VALÈNCIA. Colaboración público-privada a través de la fórmula de la permuta y solicitud de nuevos fondos al Banco Europeo de Inversiones (BEI). Estas son las principales opciones que tiene el Ayuntamiento de València para poder ejecutar las 227 viviendas de alquiler social, divididas en cuatro solares municipales ubicados en Nou Moles y Faitanar, tras la renuncia de la única empresa que se había presentado al concurso municipal de derechos de superficie. Un proyecto, incluido en el Plan +Vivienda con el que el equipo de gobierno de María José Catalá prevé construir 1.000 nuevas viviendas en la ciudad esta legislatura para sumar oferta al mercado valenciano e intentar rebajar la crisis habitacional en la Capital del Turia.
La empresa adjudicataria Nuevas Tecnologías de Financiación (NTF) achacó su abandono a las "las insidias vertidas" por el portavoz del PSPV en el consistorio, Borja Sanjuán, lo que provocó, según la mercantil, "un ruido mediático" que ha espantado a los inversiones, como avanzó Valencia Plaza. No obstante, desde el consistorio ya han dejado claro que no se va a desistir de construir estos inmuebles y que liderarán su ejecucción. Así lo aseguró hace unos días la propia alcaldesa, aunque está por concretar la fórmula de entre las las alternativas que se exploran para los cuatro terrenos: dos de ellos en la calle Brasil (70 y 40 viviendas en la licitación), otro en la calle de la Pilota Valenciana (16) y el cuarto en el sector de La Torre, antigua Sociópolis, con capacidad para otras 95 unidades. El presupuesto que había presentado la empresa era de 30,77 millones de euros.
Una de estas posibilidades es la permuta, una forma de colaboración con el sector privado y que consiste en la entrega de suelos públicos a promotores a cambio de vivienda terminada o en avanzado estado de construcción. Este es una fórmula que tiene sentido porque el consistorio ya ha recurrido a ella con éxito en un primer concurso que adjudicó al Grupo Lobe. En ese caso, fueron cuatro suelos en en el barrio de Turianova para 400 viviendas a cambio de un edificio de 86 viviendas de protección pública, que la empresa está culminando y que entregará al gobierno municipal. No es la única experiencia de este tipo en tierras valencianas, ya que la Generalitat Valenciana también ha acudido a las permutas para licitar cerca de 1.600 viviendas en la Comunitat Valenciana. Y es que se trata de un mecanismo que permite, por un lado, que la Administración reciba inmuebles totalmente construidos para ampliar su parque público y atender la actual demanda de vivienda y, por otro, dinamizar la actividad promotora y constructora, dado que gran parte del suelo está en manos públicas.
Además, este tipo de proyectos requieren de un gran pulmón financiero y recursos, que no siempre dispone una administración. Y, en el caso de la corporación municipal valenciana, en este momento existe un gran esfuerzo financiero para hacer frente a los gastos extraordinarios sobrevenidos por la catástrofe de la Dana, además de los caros proyectos que tiene en marcha, como es la reforma de la plaza del Ayuntamiento o la reforma de la avenida Pérez Galdós, cuyo coste se ha triplicado hasta los 32 millones de euros. Por tanto, lo previsible es que la corporación no asuma la construcción al completo, como mucho el de 16 viviendas en la calle Pilota Valenciana, y que busque de apoyo privado para poder acometer la obra o parte de esta, es decir, sacar en permuta todos o algunos de los cuatro suelos.
- Foto: AYUNTAMIENTO DE VALENCIA
En cambio, volver a sacar un concurso mediante derechos de superficie no tendría demasiado recorrido, dado que en esta convocatoria quedó acreditado el poco interés que esta fórmula despierta en el sector, con la única oferta de la empresa que finalmente ha renunciado. De hecho, la Generalitat Valenciana, que en los últimos años había apostado por este mecanismo, tras varios fracasos con licitaciones desiertas, también ha cambiado su estrategia y ha apostado por la vía de la permuta como modelo preferente en la colaboración público-privada en materia de vivienda.
Asimismo, Aumsa, empresa municipal de vivienda, podría pedir al BEI una ampliación del préstamo de 27 millones que le preconcedió en 2020 para financiar la construcción de 323 viviendas. La empresa pública activó el pasado ejercicio de 2024 los primeros 10 millones de euros para los primeros inmuebles.
En solitario, Aumsa no podría asumir el coste total, ya que este 2025 cuenta con un presupuesto de 38,5 millones de euros y la adjudicataria cifró el presupuesto de las 227 viviendas en 30 millones, es decir, todo el montante que dispone la mercantil dependiente de la corporación local para proyectos este año.
En cualquier caso, el Ayuntamiento también podría diversificar y utilizar en cada suelo uno de estos mecanismos para asegurar el desarrollo de una parte de esas 227 viviendas previstas. Por ahora, no hay nada decidido, ya que fue esta semana cuando llegó el jarro de agua fría para los planes de Catalá con el desistimiento de la adjudicataria. Lo que sí está claro es que el equipo de gobierno, en este caso la Concejalía de Urbanismo, trabaja para dar una nueva salida a estos suelos con el fin de desatascarlos y cumplir con su objetivo de ampliar la oferta residencial en el 'Cap iCasal'.
