VALÈNCIA. La reciente publicación del informe de la Comisión de Defensa de la Competencia de la Generalitat Valenciana ha abierto una nueva ocasión para reflexionar sobre el papel de los colegios profesionales en el entorno actual de las profesiones reguladas. Entre sus propuestas, se plantean cuestiones relativas a la libre competencia y al funcionamiento de estas instituciones. Desde el Colegio Oficial de la Arquitectura Técnica de Valencia, su presidente aporta una mirada complementaria: la del valor añadido que representa el modelo colegial como garantía pública, servicio a la ciudadanía y trazabilidad profesional en ámbitos tan sensibles como la seguridad y calidad de nuestras edificaciones.

El informe de Competencia lanza un mensaje controvertido: que los colegios imponen barreras injustificadas al ejercicio profesional. "Más que controvertido, es un mensaje generalizado y, por tanto, equivocado", señala Vicente Terol Orero, presidente del Colegio Oficial de la Arquitectura Técnica de
Valencia (COAT Valencia). "En nuestro caso, el de la arquitectura técnica, lo que defendemos no es un privilegio. Es una garantía colectiva para proteger a la sociedad. Si una persona se sube a un andamio, vive en una casa o camina bajo una fachada rehabilitada, lo mínimo que merece es la seguridad de que ahí ha intervenido un profesional titulado, colegiado, adecuadamente formado y sujeto a responsabilidad. Eso es lo que hacemos los colegios: dar certezas donde solo cabría la incertidumbre", apunta.

- ¿Qué es exactamente lo que cuestiona el informe?

- Varias cosas. En primer lugar, se sugiere que obligar a colegiarse es una barrera. Pero eso es desconocer que la colegiación en ciertas profesiones no es una decisión del colegio: es una exigencia legal estatal. Y además es una exigencia con sentido. ¿Pondríamos en duda la colegiación de un médico o de un abogado? Entonces, ¿por qué hacerlo con quienes garantizan la estabilidad de nuestros edificios?

En segundo lugar, se afirma que los colegios limitamos el ejercicio profesional con barreras territoriales o requisitos arbitrarios. Eso, al menos en COAT Valencia, es rotundamente falso. Nuestros estatutos permiten el ejercicio libre en todo el país, sin trabas, sin pagos extra, sin autorizaciones añadidas. Cualquiera que diga lo contrario desconoce o tergiversa nuestra práctica real.

Y por último, se cuestiona incluso la función del visado colegial, cuando este no es un filtro para excluir, sino una herramienta para garantizar: que un proyecto cumple la normativa, que ha sido firmado por alguien habilitado y que se puede exigir responsabilidad. ¿Eso es una barrera o una protección?

- ¿Cree que el informe nace de una visión ideológica?

- No me corresponde hacer juicios de intenciones, pero sí puedo decir que el informe tiene un sesgo que ignora la función social de los colegios. En lugar de partir de los hechos, parte de una tesis: que el mercado se autorregula solo y que cualquier intervención colectiva es sospechosa. Pero esto no es vender tornillos. Es construir viviendas, escuelas, hospitales. Aquí no se trata solo de precio o competencia, sino de seguridad, legalidad y confianza.

Y más aún: los ciudadanos tienen derecho a saber que su vivienda ha sido proyectada, dirigida en su ejecución y construida por profesionales cualificados, conforme a las atribuciones establecidas por la Ley de Ordenación de la Edificación (LOE). Esta norma reconoce expresamente a los arquitectos técnicos como agentes clave en el proceso constructivo, asignándoles funciones esenciales como la dirección de la ejecución material de la obra y el control cualitativo y cuantitativo de los materiales, sistemas y elementos constructivos.

Contar con un colegio profesional garantiza que estos profesionales actúan dentro del marco legal, con las competencias reconocidas y bajo principios de responsabilidad y trazabilidad. En caso de cualquier problema estructural, debe existir la tranquilidad de que hay una institución que puede ofrecer información fiable y exigir responsabilidades. Esa es, precisamente, una de las funciones fundamentales que cumple nuestro colegio: aportar claridad, respaldo y confianza al sistema.

- ¿Puede poner un ejemplo concreto en el que el colegio haya demostrado esa utilidad?

- Sí, y uno muy reciente: el incendio del edificio de Campanar. En los días posteriores, todos buscaban saber quién intervino, cómo se construyó, qué materiales se usaron. La respuesta no vino de una empresa privada, ni de una aplicación, ni de un formulario online. La respuesta vino del colegio. Teníamos la información, los expedientes, los visados, los registros. Sabíamos quién había hecho qué y cuándo, porque ese control técnico lo hemos ejercido desde hace décadas.

Eso es lo que permite la colegiación: que en una situación crítica, las autoridades puedan actuar, los tribunales puedan investigar, y los ciudadanos puedan exigir responsabilidades. Eso no es un privilegio, es un escudo colectivo. El colegio es como la caja negra de un avión: nadie piensa en ella hasta que hay un accidente, pero cuando pasa algo, es la única que puede contar la verdad con precisión.

- El informe también menciona de manera general la inclusión en listas de peritos judiciales. ¿Podría aclarar este tema?

- En COAT Valencia no exigimos ni experiencia previa en el territorio ni cursos internos para poder ejercer como perito. Basta con estar legalmente habilitado. No utilizamos la lista para excluir, sino para dar una referencia clara y ordenada a los tribunales. Además, quien nos conoce sabe que nuestros listados se confeccionan con transparencia, criterios objetivos y sin privilegios. No somos una barrera, somos un puente.

- ¿Qué le diría a un ciudadano que ve estos debates como algo lejano o corporativista?

- Le diría que su seguridad, la de su familia y la de su vivienda depende de esto. Que los colegios no trabajamos solo para los profesionales, sino para la sociedad. Somos la red invisible que garantiza que cuando alguien proyecta una estructura o dirige una obra, lo hace con formación, con responsabilidad y en la mayoría de casos con un seguro detrás. Y le diría también que si un día tiene un problema, querrá que exista una institución que pueda decirle con pruebas quién hizo qué, con qué criterios y con qué garantías. En este punto es crucial destacar la importancia de la deontología y el régimen disciplinario dentro de los colegios profesionales. Estos mecanismos representan un control extrajudicial fundamental que refuerza la supervisión del ejercicio profesional. No solo velamos por la competencia técnica de nuestros colegiados, sino que también exigimos el cumplimiento de estrictos códigos éticos. Cualquier desviación de estas normas puede acarrear procedimientos disciplinarios internos que pueden culminar en sanciones, incluso la inhabilitación para el ejercicio profesional.

- El informe plantea distintas cuestiones en torno a las reservas de actividad de algunas profesiones. ¿Hay aspectos en los que consideran que aporta una reflexión útil o acertada?

- Sí, y es importante reconocerlo. El informe pone de manifiesto algunos aspectos que merecen reflexión, y en nuestro caso concreto, señala cuestiones que están bien fundamentadas. Por ejemplo, menciona las reservas de actividad en los Informes de Evaluación de Edificios (IEEV.CV), que efectivamente solo pueden ser realizados por arquitectos técnicos y arquitectos. Esta exclusividad no es arbitraria, sino que está avalada tanto por la legislación vigente como por jurisprudencia consolidada. Del mismo modo, el informe también evidencia una tendencia por parte de algunas profesiones de intentar establecer reservas de actividad sin una justificación sólida y legítima. En ese sentido, compartimos plenamente el análisis: es crucial evitar la creación de barreras al ejercicio profesional que carezcan de un fundamento legal y técnico robusto, independientemente de qué colectivo profesional provengan.

- ¿Cuál debería ser, entonces, el camino a seguir desde las instituciones?

- Primero, respeto institucional. Somos corporaciones de derecho público reguladas por ley y reconocidas por la Constitución. Segundo, diálogo y rigor. No pedimos impunidad, pero sí un análisis serio y matizado. El informe mezcla casos muy diferentes, ignora las particularidades y lanza acusaciones sin respaldo suficiente.

Y tercero, colaboración. Estamos dispuestos a mejorar, a revisar procesos, a actualizar normas. Pero no aceptamos que se nos coloque en el papel de sospechosos por defecto. En una sociedad compleja, los colegios no son el problema: son parte de la solución.