VALÈNCIA. (EP). La organización empresarial que agrupa a las compañías de vehículos con conductor (VTC) Uber y Cabify, Unauto, ha solicitado al Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, que estudie la situación en la que se encuentra el sector tras "las presiones y amenazas" de los taxistas sobre sus conductores y advierte al Gobierno de la "posible vulneración" de los derechos constitucionales de estos y, también, de los ciudadanos, en caso de que finalmente el Ministerio de Fomento intente limitar las licencias con las que opera.

Así lo ha indicado la patronal en una carta remitida al alto comisionado de las Cortes este martes, a la que tuvo acceso Europa Press, en la que insisten en su "preocupación e inquietud" ante los recientes acontecimientos relacionados con la huelga de taxistas, ahora extendida a todo el territorio nacional, y ante las consecuencias que la "presión y amenazas" del sector puedan ejercer en el Gobierno para que este cambie el marco normativo de cara a limitar su negocio.

Unauto advierte, así, de que "en los próximos días" puede llegar a consumarse "una gravísima lesión de derechos fundamentales" por parte de los poder públicos, en referencia a la actitud que ha adoptado el Gobierno de traspasar las competencias VTC a las comunidades autónomas y entidades locales con el objetivo, según ellos, de "cercenar" los derechos reconocidos a los operadores de este tipo de compañías.

Para ellos, las movilizaciones iniciadas en Barcelona, tras el fallo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que declaraba nulo el reglamento con el que el Ayuntamiento de la Ciudad Condal intentaba poner coto a estas empresas, y propagadas al resto de grandes ciudades españolas, es un "mal entendido derecho de huelga" con el que intentan "doblegar" a las instituciones y a los tribunales, "limitando" el derecho constitucional de los ciudadanos a la libre circulación.

Igualmente, estas protestas estarían intentando "vulnerar" los derechos de los conductores con licencias VTC a disfrutar del derecho constitucional al trabajo "en condiciones de seguridad y con pleno respeto a su integridad física y moral", algo que, "a la vista de las lesiones sufridas por algunos de estos trabajadores", se ha visto "gravemente conculcado".

Por todo ello, Unauto ha concretado en cuatro puntos las demandas trasladadas al Defensor del Pueblo. En el primero, subraya que las licencias, según la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, son de ámbito nacional que parten de una competencia "exclusiva" otorgada por la Constitución al Estado.

En segundo lugar, la patronal quiere dejar claro que las licencias obtenidas cumplen "la totalidad de los requisitos legales", de forma que ya ha sido declarado por los tribunales, incluido el Supremo, en una "abundante y unánime jurisprudencia".

Posteriormente, Unauto considera que las medidas dirigidas a propiciar la revocación de las autorizaciones de VTC "atentarían" contra del derecho constitucional a ejercer su solicitud, por lo que supondrían una "expropiación que no podría llevarse a cabo sin una previa indemnización".

Además, añade que esta revocación de las licencias ya reconocidas también atentarían contra la tutela judicial al impedir la efectiva ejecución de resoluciones judiciales.