VALÈNCIA. València no aprobará la Zona de Bajas Emisiones este año y la ciudad se arriesga a perder hasta 150 millones de euros incluyendo la subida de un 66% en el precio del bonobús a partir del 1 de enero de 2026. La imposibilidad del gobierno de María José Catalá de alcanzar un acuerdo con su socio Vox o con los grupos de la oposición -que se ha materializado en el pleno extraordinario de este lunes- deja sin margen al Ayuntamiento de València para aprobar la ordenanza en tiempo y forma.
El propio concejal de Movilidad, Jesús Carbonell, daba por perdida la posibilidad de aprobar dicha ordenanza de ZBE antes de que acabe el año tras intentar buscar otra vez sin éxito el apoyo de Vox durante el fin de semana. Así lo reconocía el edil popular en la declaraciones previas al pleno extraordinario convocado por la oposición precisamente para debatir la propuesta conjunta de ZBE de PSPV y Compromís, que tampoco prosperó.
Tras varias semanas en las que el Partido Popular había intentado buscar el respaldo de la oposición para conseguir sacar adelante la ZBE y evitar perder hasta 150 millones de euros de fondos, el concejal popular recurría nuevamente este fin de semana a sus socios de gobierno para ofrecerles una propuesta en la línea de la ordenanza que PP y Vox han aprobado en la ciudad de Castelló de la Plana, mucho más laxa y que no contempla sanciones.
Sin acuerdo con Vox por el momento
Sin embargo, tampoco se ha conseguido cerrar un acuerdo con Vox, que según Carbonell, ha rechazado la última propuesta de los populares. Por su parte, el portavoz de Vox, José Gosálbez, reiter´ que no aprobarán ninguna ordenanza que limite la libre circulación y contemple multas o sanciones a los ciudadanos. “El aire limpio importa, pero también importa llenar la nevera y la libertad”, llegó a afirmar Gosálbez durante el debate sobre la ZBE en el pleno. "No vamos a ser cómplices del expolio a la ciudadanía", añadió el portavoz de Vox.
En este sentido, los del partido de Abascal, reconocen que ha habido negociaciones con el PP hasta el último momento pero defienden que no aprobarán ninguna ordenanza que contemple sanciones como la que se había empezado a tramitar. "Bruselas pide calidad del aire, no criminalizar a quien trabaja. Esto no va de ecología, va de control social, de ideología verde impuesta a golpe de multa”, argumentó el portavoz de Vox.
La propuesta de ZBE de la oposición no sale adelante
A la falta de acuerdo con Vox se sumó también el rechazo de los populares a la alternativa propuesta por la oposición. Y es que la propuesta conjunta de ZBE que han planteado los partidos de la oposición, incluía como requisito la pacificación del tráfico de la calle Colón o la garantía de que en el futuro bulevar García Lorca no se incluirían carriles para el tráfico rodado, dos condiciones que para los populares suponían un escollo ya que no se trataba de requisitos que según el gobierno de Catalá pudiesen incorporarse al texto de la ordenanza. "Exigían hablar de cosas que nada tienen que ver", reprochó de nuevo este lunes Carbonell a la oposición en el pleno.
Es por ello que los grupos de la oposición propusieron votar por separado este punto de forma que pudiese votarse por un lado las condiciones directamente relacionadas con la ordenanza de ZBE como el perímetro, calendario de sanciones y etiquetas de vehículos afectadas y por otro lado la parte de la moción que Compromís y PSPV habían bautizado como "modelo de ciudad" y donde se incluían las propuestas sobre el Corredor Verde o la calle Colón. No obstante, la alcaldesa rechazó esta petición y se procedió a votar toda la moción en su conjunto. En consecuencia, la moción no salió adelante al contar con los votos a favor de los dos grupos de la oposición y el 'no' del equipo de gobierno.
Única gran ciudad de España sin ZBE
Esta falta de acuerdo deja a València como la única gran ciudad de España que no contará con una Zona de Bajas Emisiones, un hecho que puede comportar no solo una millonaria pérdida de fondos dependiendo de la sanción que decida aplicar el Ministerio de Transportes, sino la imposibilidad de concurrir a futuras convocatorias de fondos europeos que requieran contar con una ZBE como condición.
A pesar de no haberse alcanzado un acuerdo para hacer efectiva la ZBE, el Ayuntamiento pone en marcha este lunes las más de 270 cámaras preparadas para este entorno y financiadas con parte de los 57,8 millones de fondos europeos asociados a la Zona de Bajas Emisiones. Al no haberse aprobado el régimen sancionador, el uso de esas cámaras no implica la imposición de multas y simplemente servirá por el momento para "monitorizar el paso de los vehículos que circulan por cada punto de control e identificar sus etiquetas, tipología y lugar de procedencia" con el objetivo de "elaborar estudios estadísticos" con "patrones de movilidad y estudiar la evolución del parque móvil".
