VALÈNCIA. El gobierno de María José Catalá continúa con su agenda para “racionalizar” el sector público local y crea una nueva “comisión técnica” que deberá “unificar las normas, procedimientos y controles” de los organismos autónomos del Ayuntamiento de València con el fin de “armonizar” los diferentes entes locales y corregir deficiencias detectadas por la intervención.
El acuerdo, aprobado en la Junta de Gobierno Local del pasado viernes, recoge la constitución de una comisión, que estará encabezada por la directora general del Sector Público y persona de confianza de Catalá, Ana María Gil. Este órgano estará integrado además por el secretario general del consistorio, José Antonio Martínez Beltrán; el secretario del Área III, Jonatan Baena Lundgren; el interventor general municipal, Ramón Brull Mandingorra; y el viceinterventor, Luis Gómez-Ferrer Bayo.
Funciones de la comisión
Entre sus funciones figuran la elaboración de recomendaciones y planes de acción para mejorar la eficiencia y la transparencia, el informe previo de estatutos, ordenanzas y reglamentos que afecten al sector público, así como el apoyo técnico a la toma de decisiones de los órganos de gobierno. También podrá constituir grupos de trabajo temporales para abordar cuestiones específicas.
Dicha comisión deberá ayudar a ejecutar el llamado Plan de Acción 2025, elaborado a partir de un informe del interventor para establecer medidas para corregir las deficiencias detectadas en el sector público local. El plan establece que las debilidades comunes en las entidades dependientes podrán corregirse con medidas adoptadas por los propios gestores y con actuaciones que la Dirección General del Sector Público propondrá “con su estudio y análisis pormenorizado”.
Esta estrategia de reordención del sector público local, que en el caso del Ayuntamiento de València está integrado por varias fundaciones municipales, organismos autónomos y empresas municipales, fue una de las promesas de Catalá al inicio de mandato. Una de las primeras medidas fue suprimir la fundación de la Policía Local o integrar la Mostra en el Palau de la Música. Precisamente para este fin la alcaldesa creó un alto cargo específico, la Dirección General de Sector Público, donde Catalá colocó a Gil tras su paso por la gerencia de Aumsa. El plan inicial que debía llevar a cabo esta Dirección General era realizar una “auditoría” del los entes autónomos dependientes del Ayuntamiento de València paralela a la labor de la Intervención Municipal. No obstante, el gobierno local sustituyó el término ‘auditoría’ empleado inicialmente por la propia Catalá por el de ‘diagnóstico’ o ‘análisis’.
Liquidar València Activa o fusionar otras fundaciones
Esta estrategia de “racionalización” que se ha centrado principalmente en el sector fundacional, no ha estado exenta de polémica. Una de las decisiones más controvertidas ha sido la de liquidar la fundación municipal de empleo València Activa. Una medida que aunque el gobierno local sostiene que se venía gestando desde hacía meses, se precipitó tras el escándalo por el presunto amaño de contratos por parte del edil de Vox Juan Manuel Badenas a través de esta fundación y que acabó con la UCO entrando en el Ayuntamiento y en la sede de Valencia Activa para recabar información.
Además de la decisión de acabar con Valencia Activa, Catalá también anunció a las pocas semanas, la decisión de fusionar otras dos fundaciones municipales, en este caso el Cemas y la fundación Clima i Energia. Por el momento todavía no se conocen demasiados detalles de esta fusión, más allá del nombre de la nueva entidad, que se llamará 'València Sostenible'.
El gobierno local se amparó en un informe de la Secretaría Municipal, fechado en mayo de este año, para el 'reajuste' de fundaciones. Dicho informe esgrimía argumentos como que València Activa depende exclusivamente de fondos públicos y no genera ingresos propios y también cuestionaba la idoneidad de este instrumento jurídico para la prestación de servicios públicos.
