VALÈNCIA. El informe encargado por el Ayuntamiento de València al arquitecto José María Lozano descarta elevar la protección patrimonial del edificio de los Docks a la categoría de Bien de Relevancia Local (BRL).
El dictamen, al que ha tenido acceso Valencia Plaza, concluye que "desde un punto de vista artístico y arquitectónico, el conjunto no se identifica con un estilo característico, no contiene un lenguaje propio, ni condiciones materiales o constructivas de especial relevancia". A nivel histórico, las conclusiones de Lozano señalan que "el bien no ha sido protagonista de hecho alguno relevante". Además, tras consultar el Archivo Histórico, añade que el edificio “poco parece enlazar de forma disciplinar o académica con arquitecturas de referencia en construcción en la época”. Asimismo, señala la “ausencia absoluta de valores paleontológicos" y que "no se aprecian hechos o rastros" que permitan fundamentar un valor étnico.
Pese a descartar la categoría de BRL, el informe sí reconoce que el edificio posee valores vinculados a su implantación urbana y a su papel en el entorno de la Marina. En concreto, afirma que el inmueble sí presenta "valores patrimoniales, derivados de su implantación urbanística y de su factura arquitectónica que merecen la conservación de sus fachadas y de algunos elementos propios". Por ello, el informe mantiene que debe conservar su actual grado de protección: "con carácter normativo se propuso y se mantiene su salvaguarda patrimonial con el grado de protección ambiental".
Paso previo "clave" antes de licitar la concesión
Cabe recordar que las conclusiones de informe eran una las cuestiones que tanto la alcaldesa de València, María José Catalá como la concejala de Innovación, Paula Llobet calificaron de imprescindible para poder avanzar en el proceso para elegir el futuro inquilino de este enclave de La Marina. El Ayuntamiento consideraba "clave" conocer el grado de protección del inmueble para "dar seguridad jurídica" a los inversores interesados en el edificio.
Este informe suponía un paso previo para sacar a concurso el espacio, puesto que la intención del gobierno local sería sacar a licitación la concesión de este enclave para que las distintas ofertas que el consistorio asegura que ha recibido puedan competir. "Queremos es que las reglas del juego estén claras para que cuando se vaya a hacer la inversión no nos encontremos con ningún problema por el camino”, declaró entonces la concejala.

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Según ha avanzado el Ayuntamiento, el proyecto que eventualmente se adjudique para ocupar Los Docks deberá combinar una serie de requisitos clave: priorizar la innovación, la tecnología, la cultura y la participación ciudadana. Llobet aseguró que uno de los requisitos será que el edificio permanezca "abierto a la ciudadanía". No en vano, cabe recordar que un informe de la Abogacía del Estado de 2022 señaló que los edificios que la Autoridad Porturaria cedió al Ayuntamiento deben destinarse a "fines de utilidad pública o interés social". La Abogacía argumentó entonces que para que los edificios cumplan con el fin para el que fueron cedidos, es preciso que su destino permita "un uso abierto y común por parte de la ciudadanía". Por ello, el consistorio pretende que el nuevo destino de los Docks cumpla esta premisa.
Ahora, una vez elaborado el informe, parece que se podrá avanzar en el desbloqueo de un equipamiento que lleva años cerrado y sin uso con la consiguiente degradación. Desde que se descartaron antiguos intentos de reconversión y el espacio quedó sin actividad, distintas corporaciones municipales han tratado de encontrarle un destino estable, pero el inmueble ha ido encadenando propuestas frustradas y cambios de criterio lo que ha derivado en un prolongado período de inactividad.