VALÈNCIA. El informe de la Asesoría Jurídica municipal solicitado por el gobierno de María José Catalá y los grupos de la oposición avala la legalidad de la permuta de suelo con Domio Desarrollos al concluir que la mercantil cumplió con el requisito de no tener los inmuebles comercializados al momento de la oferta como exigían los pliegos. Tras analizar los expedientes de Patrimonio y Licencias Urbanísticas, el dictamen sostiene que los documentos de "pre-reserva" suscritos con varias familias sobre el edificio de 39 viviendas de Safranar que Domio intercambió por suelos municipales no suponen un instrumento jurídico que otorgue derechos adquiridos sobre las viviendas. El texto precisa que dichas pre-reservas no suponían una oferta de venta ni publicidad comercial, sino una fase previa que no consolidaba la transmisión de la propiedad. 

En cuanto a las posibles irregularidades cometidas por Domio al rescindir las prereservas sin acuerdo de algunos de los afectados, el informe aclara que estas situaciones quedan "extra muros del procedimiento de permuta". El letrado municipal argumenta que los interesados podrán "hacer valer sus pretendidos derechos ante el orden jurisdiccional civil", ya que se trata de un contrato privado entre particulares. El texto subraya que la Administración "carece de capacidad legal para dejar sin efecto unos contratos privados en los que no ha intervenido ni es parte".

El dictamen ratifica que la operación se ajusta al ordenamiento jurídico, señalando que la pre-reserva y la comercialización son "conceptualmente incompatibles". Al haberse extinguido los compromisos previos bajo la "cláusula penal por incumplimiento" pactada y proceder a la "restitución de las cantidades satisfechas" la promotora obtuvo la "plena disposición de las unidades objeto del documento de pre-reserva" antes de que se formalizara la permuta. Por tanto, el informe avala que Domio rescindiera dichos contratos con los afectados para poder optar a la permuta, ya que a juicio del citado informe, estos documentos ni siquiera implican una comercialización previa del edificio que se acabó ofreciendo al Ayuntamiento.

La controversia con esta operación de permuta, que el PSPV ha denunciado ante la Fiscalía por presunto fraude, giraba en torno a si la empresa había incurrido en falsedad en su declaración responsable al asegurar que no había comercializado previamente el edificio que intercambió por cuatro solares municipales. Domio certificó que el edificio estaba libre de cargas pese a que existían unos contratos de pre-reserva con 39 familias. Unos afectados que llegaron a comunicar su situación al Ayuntamiento un año antes de formalizarse la permuta. Tras conocerse el caso, desde la Concejalía de Vivienda, se acordó solicitar un informe a la Asesoría Jurídica para analizar la legalidad de dicha declaración responsable. Los grupos de la oposición (Compromís y PSPV) solicitaron que la Asesoría Jurídica también tuviese en cuenta en su análisis la comunicación que las familias afectadas realizaron al Ayuntamiento informando de su situación cuando Domio procedió a rescindir los contratos de prereserva. Ahora, el informe jurídico concluye que la declaración de Domio es veraz porque la promotora ya había comunicado la resolución de los contratos y la "restitución de las cantidades satisfechas" más intereses entre febrero y diciembre de 2024. Por tanto, el informe concluye que "no apreciamos indicios de inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial" en la información aportada por la mercantil.

Un edificio en Safranar por cuatro suelos en Nou Moles y Malilla

La permuta analizada implica un edificio residencial ubicado en la calle José Roca Coll, 19. Con una superficie total construida de 6.115,11 metros cuadrados, consta de ocho alturas, 39 viviendas, 30 plazas de garaje, 39 plazas de bicicleta y 21 trasteros. Su finalización está prevista para el primer semestre de 2026. Por su parte, el Ayuntamiento entregará a Domio cuatro pastillas de suelo ubicadas en Malilla y Nou Moles.

Concretamente, una de ellas encuentra en la calle Vicente Marco Miranda y cuenta con una superficie de 1.008,18 metros cuadrados de superficie y una edificabilidad de 8.380,94 metros cuadrados de techo. Estaba valorada en 2.693.992,96 euros, impuestos no incluidos. La otra parcela en Malilla está en la calle Vicent Miquel Carceller y tiene una superficie de 1.034,99 metros cuadrados, con una edificabilidad total de 7.749,90 metros cuadrados de techo. En este caso, su importe se estimó en 2.087.651,45 euros, impuestos no incluidos.

Por otro lado, en Nou Moles, uno de los suelos se encuentra en la calle Pilota Valenciana, con una superficie de 334,75 metros cuadrados, una edificabilidad total de 1.905,71 metros de techo y por  667.288,13 euros, mientras que el segundo está en la calle Brasil tiene 1.212,96 metros cuadrados y una edificabilidad de 5.682,14 metros cuadrados, con un valor de 2.087.651,45 euros, sin impuestos. Por tanto, la suma total de los solares ascendía a cerca de 8 millones de euros.