VALÈNCIA. El informe jurídico sobre la legalidad de las obras de los bajos turísticos de la calle Encarna Albarracín en Benicalap tendrá que esperar. La Asesoría Jurídica Municipal de València ha rechazado y devuelto la solicitud enviada por la concejalía de Licencias al constatar que la consulta carecía de la documentación básica para que los servicios jurídicos municipales puedan estudiar el caso.
La petición del dictamen, remitida por el gobierno este miércoles, pretendía dirimir si el incumplimiento de los estatutos de una comunidad de propietarios faculta a la corporación local para paralizar unas obras que cuentan con título administrativo habilitante. Sin embargo, en su dictamen de respuesta de este viernes al que ha tenido acceso Valencia Plaza, la asesoría jurídica señala que la consulta debe ir acompañada de la propuesta formal del propio Servicio de Licencias y del expediente completo. En el envío de Urbanismo no constaban documentos fundamentales, como el informe emitido por la Inspección Municipal el pasado 17 de agosto, por lo que las actuaciones han regresado al servicio gestor para su subsanación antes de que los servicios jurídicos puedan pronunciarse.
Los estatutos de la comunidad no autorizan apartamentos turísticos
Este contratiempo administrativo prolonga la incertidumbre de los vecinos de la calle Encarna Albarracín, donde se ejecuta la conversión de los bajos comerciales del edificio en un hostel de 22 habitaciones. La junta de propietarios acudió al Ayuntamiento al comprobar que la promotora estaba abriendo huecos de fachada directos a las zonas comunes de paso y jardín del residencial. Aunque la Inspección Municipal constató que las aperturas figuraban en el proyecto modificativo y que la empresa instaló vinilos traslúcidos para matizar la privacidad, la comunidad argumenta que sus estatutos prohíben explícitamente cualquier alteración sobre elementos comunes sin la autorización de los vecinos. Unos vecinos que denuncian sentirse "indefensos" y "desprotegidos".
El de Encarna Albarracín no es ni mucho menos un caso aislado y es que por toda València son muchas las comunidades de propietarios que se han alzado contra este tipo de proyectos turísticos en sus edificios. Apenas a unos metros, en la calle Carlos Cortina, otra comunidad de propietarios vive un episodio paralelo ante un proyecto de 40 apartamentos turísticos. En esta finca, el Ayuntamiento sí llegó a denegar formalmente la licencia de obras.
Pese a la resolución, los residentes denuncian que la promotora continúa trabajando en el local sin atender a la orden municipal. Según los afectados, durante las obras se han realizado perforaciones en el garaje comunitario para el trazado de instalaciones, afectado provisionalmente a la red de extinción de incendios del aparcamiento e intervenido en la fachada sin su permiso.
La oposición pide una 'oficina contra la especulación'
Desde la oposición consideran que este tropiezo en la tramitación responde a una "falta de voluntad política" para abordar la proliferación de estos locales. El portavoz municipal del PSPV, Borja Sanjuan, vincula el rechazo del informe a la gestión del equipo de gobierno: "La Abogacía del Ayuntamiento ha rechazado hacer el informe sobre los apartamentos turísticos porque Catalá ni siquiera se lo ha pedido bien".
En opinión del edil socialista, esta situación "demuestra que todo es una tomadura de pelo para que estos especuladores puedan acabar las obras sin que los vecinos puedan hacer nada. El Ayuntamiento no solo no les está ayudando, sino que está contribuyendo a su indefensión, a que se acaben esas obras y que los vecinos luego tengan que pasar años en los tribunales para poderse librar de unos apartamentos turísticos que son ilegales".
Como alternativa, desde el grupo socialista proponen la creación de una oficina municipal contra la especulación inmobiliaria y turística que preste asesoramiento y defensa jurídica directa a las comunidades de vecinos afectadas por este tipo de proyectos.
