VALÈNCIA. La movilidad y la vivienda se han convertido en dos de las cuestiones que más preocupan a los ciudadanos y en los dos grandes campos de batalla de la política municipal en València. En este contexto Valencia Plaza conversa con la concejala socialista y responsable de la fiscalización de Movilidad, Urbanismo y Vivienda, Elisa Valía (1983). En la entrevista, Valía acusa al gobierno municipal de “empobrecer deliberadamente” los servicios públicos para justificar privatizaciones, cuestiona el modelo de desarrollo urbano impulsado por el PP y defiende una intervención más decidida del Ayuntamiento tanto en transporte como en vivienda. También aborda la situación interna del PSPV tras los últimos cambios orgánicos y el impacto del caso Ábalos en la militancia socialista.

La movilidad es uno de los grandes problemas que enfrenta la ciudad, no solo por el aumento del tráfico privado, sino también ligado a problemas en los servicios de Metro, Cercanías y EMT. ¿Cuál es el diagnóstico del PSPV y qué medidas cree que hay que tomar para solucionarlo?
Lo que pasa en València es que el modelo que está implementando María José Catalá de forma deliberada es un modelo que va en contra de los vecinos y vecinas; no solamente en contra de sus derechos a poder moverse con calidad, sino también en cuanto a la salud de las personas, que se ve muy empeorada por el aumento de tráfico y porque no hay alternativa.

El gobierno municipal achaca este aumento del tráfico, sobre todo, a la poca fiabilidad del servicio de Cercanías o Metrovalencia, que estaría forzando a la gente del área metropolitana a recurrir al vehículo privado. En el último pleno hubo un consenso en el Ayuntamiento para reclamar mejoras pero, más allá de la gestión municipal, ¿cómo se puede atajar esta situación?
Evidentemente queremos que mejoren las posibilidades de movilidad a todos los niveles. Pero si algo ha demostrado el gobierno de María José Catalá es que siempre anda buscando culpables fuera. No explica cómo va a mejorar la velocidad comercial de la EMT, que ha tocado suelo y es la más baja, que es competencia estrictamente municipal.

El gobierno ha presentado un ambicioso plan director de la EMT con el que pretenden mejorar el servicio y aumentar la velocidad comercial. ¿Cómo valora este plan?
Llevan tres años gobernando y ahora presentan un plan para mejorar sin llegar a reconocer que la EMT no presta un servicio de calidad. Uno de los indicadores que siempre utilizan es el número de validaciones y ya estamos viendo cómo está bajando. Porque el volumen de viajeros ha aumentado un 24% y el volumen del servicio solo un 6%. Por lo tanto, la gente va en autobuses más llenos, muchas veces ni siquiera paran porque van completos y es un servicio que no es fiable. Esto forma parte de un modelo de empobrecimiento de los servicios públicos para después justificar privatizaciones o, en este caso, la promoción del vehículo privado.

Estamos ya en 2026 pero no hay Zona de Bajas Emisiones en vigor. ¿Es mejor no tener ZBE que la última propuesta que les hizo el Partido Popular?
Es bueno para el ciudadano tener una zona de bajas emisiones de verdad, que tenga como objetivo cuidar a las personas, mejorar la calidad del aire y hacer de València una ciudad de vanguardia. Arreglos de una zona de bajas emisiones negociada con la ultraderecha —de la que la propia alcaldesa se jactaba de que prácticamente se burlaba del Ministerio y burlaba el objetivo final que tienen las ZBE— no es una propuesta que nosotros consideremos digna para la ciudad. València merece mucho más.

¿Desde que asumió usted la fiscalización de Movilidad se ha puesto en contacto con el concejal Carbonell o él con usted?
Sí, hemos tenido varias ocasiones en las que hemos podido hablar.

¿Se ha avanzado algo en este sentido? ¿Se da totalmente por perdido un posible acuerdo con el Partido Socialista?
Estamos abiertos a que València tenga una zona de bajas emisiones de verdad que proteja a las personas y que piense en los vecinos, y siempre vamos a estar abiertos a eso. De momento no puedo decir que me hayan presentado ninguna propuesta concreta, pero si llega, se estudiará.

El gobierno municipal dice que el estudio de movilidad que encargó a una empresa externa para establecer la planta viaria del bulevar García Lorca concluye que la propuesta del PSPV colapsaría San Vicente y que, de todas las alternativas analizadas, sería la peor valorada. ¿Cómo se conjuga su propuesta con la movilidad de la zona?
Lo primero que hay que dejar claro es que por el Corredor Verde hoy no circulan vehículos; por lo tanto, no estamos hablando de una propuesta que quite espacio para el coche, sino de qué hacemos con un espacio que de pronto es para la ciudad. El Gobierno de España hace una intervención muy importante y hay que reconfigurar ese espacio. Llama la atención que las mismas personas que recalcan lo bueno que fue para València hacer el río Turia como un jardín —que, por cierto, lo hizo un alcalde socialista— son las mismas que ahora no ven la oportunidad que tenemos de generar un espacio de una calidad enorme para barrios que, además, han sido especialmente castigados a lo largo de la historia. 

El gobierno local sostiene que el crecimiento poblacional cuando se urbanice esa zona requerirá facilitar la movilidad a estos residentes.
Si asumiesen su responsabilidad como gobierno, plantearían un catálogo de servicios de transporte público adecuados para ese incremento de la población. Ellos parten de la base de que la única manera de moverse es el coche y entienden que, si hay más personas, hay más coches y se necesita más espacio para el coche. Pero en ningún momento se plantean que esas personas se puedan mover de una manera distinta con un servicio público de calidad.

El gran reto actual es la vivienda; el gobierno del PP les acusa de manera reiterada de haber construido solo 14 viviendas en su etapa al frente del Ayuntamiento. ¿Cree que hicieron lo suficiente en esta materia?
En vivienda, en la ciudad de València nunca es suficiente. En general, cuando uno gobierna es muy malo pensar que ha hecho suficiente, porque siempre hay más cosas para hacer. Creo que es positivo decir que todos querríamos haber hecho más. Pero no es cierto que hiciésemos 14 viviendas: solamente con una de las promociones que recibió la señora Catalá, Barraques de Figuero número 3, ya hay 22 viviendas. Pretenden que gastemos mucho tiempo en desmentir sus mentiras. Lo que tienen ellos que explicar es por qué hay un edificio en Tapinería cerrado durante tres años o por qué han tardado tres años en empezar unas obras en la avenida Moreras si tenían licencia desde 2023.

También se les achaca haber permitido la proliferación de pisos turísticos en bajos comerciales. ¿Cree que se equivocaron?
Esto es otra mentira. Nosotros no facilitamos ni aprobamos que se pudiesen hacer apartamentos turísticos en bajos comerciales. Ya se podía anteriormente. Lo que pasaba es que la gente los estaba poniendo en los pisos de los edificios y la convivencia estaba siendo muy complicada, como es ahora la convivencia con esos apartamentos ilegales que siguen estando en edificios y que el gobierno de Catalá se niega a inspeccionar. ¿Debimos prohibir en ese momento la instalación de pisos turísticos en los bajos? Tampoco ellos lo propusieron en su momento.

Hubo cierta tensión con Compromís al respecto de, por ejemplo, la moratoria que se ha acabado aplicado en esta legislatura. ¿Faltó ambición en el PSPV para regular los apartamentos turísticos?
Cuando uno mira hacia atrás no debe ser ni demasiado complaciente ni demasiado beligerante. En los datos de la subida de los precios de la vivienda se ve claramente que hay un punto de inflexión en el primer semestre de 2023 y también en cuanto a proliferación de apartamentos turísticos. La tendencia en el último tramo de nuestro mandato era una reducción gradual de apartamentos turísticos y, desde que entró la señora Catalá, ha habido un aumento muy considerable de bajos ilegales. En su momento tampoco ningún otro partido lo puso sobre la mesa. Si echamos la vista atrás, probablemente sí hubiésemos hecho mucho más; tampoco el contexto era el que tenemos ahora. Y desvincular las propuestas del contexto en el que se proponen no es justo.

Tal vez se le puede exigir o pedir a los políticos un poco de anticipación, más proactividad que reacción.
Sí, pero tengo que decir que tampoco había un contexto como el que hay ahora, ni de precios de la vivienda, ni de la cantidad de apartamentos turísticos que había, ni de la despersonalización de los barrios. La situación actual no tiene nada que ver con la de 2023. Y también hay que decirlo: tiene mucho que ver que la alcaldesa de la ciudad diga abiertamente que no es partidaria de prohibir nada en general.

¿Cómo valora la medida anunciada de permitir la reconversión en uso residencial de aquellos bajos turísticos ilegales que se queden fuera de la nueva regulación y que cumplan los parámetros de habitabilidad?
Me parece un anuncio vacío sin ninguna voluntad real de atajar el problema. ¿Qué incentivo va a tener alguien que tiene un apartamento en un bajo a convertirlo en vivienda si nadie le va a inspeccionar? Hemos propuesto desde el Partido Socialista la creación de un cuerpo de inspectores que no solamente tiene personas que van físicamente a los lugares donde hay un apartamento turístico, sino que tienen personal que se dedica a rastrear todas las plataformas para identificar exactamente dónde está cada uno de ellos, y se nos ha dicho que no. El servicio de inspección tiene casi un 40% de vacantes y la previsión es que se mantengan este 2026.

Más allá de aplicar la Ley de Vivienda para topar los precios del alquiler, ¿cuál es la fórmula del PSPV para atajar la emergencia habitacional que vive València?
Primero aplicar la Ley de Vivienda, porque es un instrumento que tenemos a nuestra disposición y se demuestra que en ciudades grandes como Barcelona, donde hay una problemática similar, está funcionando. En segundo lugar, hemos hecho muchísimas propuestas en materia de vivienda y todas han recibido una respuesta negativa. Hemos propuesto construir vivienda pública porqué lo que hace el Partido Popular es regalar suelo municipal a promotores para que la vivienda protegida la construyan ellos. Es más cara para los vecinos y ya hemos visto en Alicante que la adjudicación de esas viviendas, como se realiza de forma privada, también escapa al control. Una de las características del PP, tanto en el Ayuntamiento como en la Generalitat, es emplear eufemismos que le permiten no decir las cosas por su nombre. Cuando hablan de "simplificación administrativa", vemos que estaban hablando de eliminar controles para la adjudicación de VPO. El caso de València, además, es especialmente doloroso. Catalá, en lugar de promover viviendas públicas, ha cogido solares municipales y se los ha dado a los promotores privados para que construyan, y esas viviendas no son todas protegidas. De pronto aparecen, por arte de magia, 100 viviendas de renta libre a partir de medio millón de euros. El problema es que no hay una vocación de trabajar para la gente.

¿Es realmente viable que Aumsa o el Servicio de Vivienda asuma directamente la construcción de vivienda protegida al ritmo que demanda la ciudad de València y la actual crisis? ¿No es una propuesta un poco naíf?
Es una cuestión de trabajo. Hemos escuchado en muchas ocasiones que el argumento para rechazar propuestas nuestras es que “es mucho lío”. Para nosotros es como si nos clavasen un puñal. El gobierno anterior —y no teníamos la situación actual— elaboró un plan de más de 300 viviendas desde Aumsa, que son las que está ejecutando la alcaldesa porque vive de rentas, con financiación del Banco Europeo de Inversiones. El primer día de entrar al gobierno tendrían que haber planificado el segundo plan de vivienda y ya estaríamos probablemente planificando el tercero y buscando la financiación. No tienen ninguna voluntad de ser parte de la solución del problema. Y, entonces, se convierte en un actor fundamental del problema.

Hablando de medidas a largo plazo como los nuevos desarrollos. Han denunciado ustedes que se reduce el porcentaje de la VPP en el futuro PAI de Benimàmet. Sin embargo, en concreto en este caso, es un desarrollo que no avanzó en su tramitación en los últimos años del Rialto. ¿No hay cierta hipocresía en esto?
El gobierno del Rialto tenía muy claro que defendía el interés general. Hay cosas que está sacando adelante este gobierno porque se está entregando a los promotores. Si nos hubiesen planteado reducir vivienda protegida, aumentar edificabilidad y, por tanto, permitir que el promotor gane mucho más a cambio de nada, pues le habríamos dicho que no.

Justifican este movimiento para asegurar la viabilidad económica del desarrollo; entra un poco el dilema de ¿qué es mejor: un 40% de VPP o ninguna VPP en el caso de Benimàmet? O en el caso de otros desarrollos como el Grau o Benimaclet, que finalmente se han desatascado en esta legislatura apostando por la gestión indirecta.
Por la gestión privada. Quienes nos dedicamos a la política tenemos que tener muy claro que, si queremos ser parte de la solución, tenemos que asumir la responsabilidad; no podemos dejar en manos de una empresa que quiere ganar dinero la responsabilidad de ofrecer vivienda asequible, porque no lo va a hacer, porque no es su cometido. La dejación de funciones aquí viene por parte de la alcaldesa de València. Ella tiene que proteger el interés general y garantizar que es capaz de generar una oferta de vivienda pública suficiente, y renuncia completamente. No digo que la edificabilidad en el caso de Benimàmet no tenga que ser de un 20% más. Pero ¿a cambio de qué? La ciudad pierde porque, en lugar de un 50% de vivienda protegida, ahora estamos en un 40%. Hasta Rita Barberá planteaba más vivienda protegida que Catalá. Y esto merece una reflexión. Es como el caso de las parcelas que Aumsa recuperará de la promotora del cabecilla de Azud que se entregaron con derecho de superficie. Yo también sé desatascar las cosas si dejo que me estafen. Esas parcelas eran del Ayuntamiento y la obligación de la empresa era construir; no ha construido y deben volver al Ayuntamiento. Pero si entrego lo que me piden y lo pago para desatascarlo…

Se defiende en este caso que es una forma de agilizar el proceso para poder construir vivienda pública, igual que la gestión indirecta de los PAI o, en el caso de Benimàmet, el aumento de la edificabilidad; ¿una especie de mal necesario?
Pero la situación de vivienda es tan crítica que el objetivo prioritario del gobierno tiene que ser garantizar que haya una oferta de vivienda protegida suficiente para dejar de expulsar a vecinos y vecinas de la ciudad. El alquiler medio está en 1.700 euros. ¿Qué familia puede pagar esto? La ciudad no puede permitirse ser un espacio cada vez más hostil para las familias que son de aquí; estamos expulsando a gente que ha vivido toda su vida en la ciudad de Valencia, que es su casa. Y, además, la alcaldesa les está diciendo que no piensa mover un dedo para que se queden. El problema es complejo, pero la fortuna que tiene María José Catalá es que tiene delante una oposición responsable, cosa que nosotros no teníamos. Nosotros llevamos propuestas a cada comisión, a cada pleno. Nunca nada les gusta, porque su objetivo es no hacer nada y que se lo hagan otros. Pero cuando te lo hacen otros, esos otros velan por sus intereses. Y como tú no estás ni se te espera, el interés general queda completamente desprotegido. Lo que no puede es, desde el despacho de la alcaldía, hacer que prevalezcan los intereses de las promotoras. A ella no se le ha elegido para proteger los negocios inmobiliarios de nadie, sino para proteger el interés general.

Todavía esperamos novedades de la ciudad de la construcción en la ZAL o de las viviendas del PAI de Ingenieros. ¿Cómo califica las políticas en materia de vivienda del Gobierno de España?
Quien tiene la competencia de vivienda es la comunidad autónoma y esto quiere decir que es quien debería ser el actor principal. El Gobierno de España, con fondos Next Generation transferidos a las comunidades autónomas, está financiando vivienda pública porque entiende que es un problema y que se debía priorizar una línea específica para la construcción de vivienda. La Generalitat Valenciana gestiona esos fondos, el Ayuntamiento de Valencia ha recibido 3,5 millones de esos fondos y, en lugar de hacer vivienda pública, lo ha justificado con facturas de promociones ya hechas y que estaban presupuestadas para liberar esos fondos para otras cosas. No sabemos qué utilidad tienen estas otras cosas mayor que construir vivienda. A todo el mundo se le puede pedir más, pero el problema es cuando alguien deliberadamente demuestra que no va a hacer nada. Hacer menos que nada, que es no defender el interés general, es muy complicado de digerir.

Hace unas semanas el gobierno de Catalá anunció una actualización de su plan +Vivienda con varias medidas. ¿Cuáles considera acertadas?
Es muy complicado. Siempre intento buscar la parte positiva y creo que ningún gobierno puede hacerlo 100% mal, pero este gobierno en materia de vivienda probablemente sea la excepción y sí lo esté haciendo el 100% mal. No ha tomado ninguna decisión pensando en la gente, ni una sola. El problema de esto no es que no progresamos, ni siquiera es que retrocedemos; el problema es que se compromete el futuro progreso de la ciudad. Están desvalijando el patrimonio en suelo municipal para construir vivienda y quien venga después no tendrá ni siquiera el suelo para poder levantar la vivienda que ellos no han querido levantar. Comprometer negativamente el futuro progreso de la ciudad es algo muy complicado de asimilar.

¿Y en materia de movilidad hay alguna medida que le parezca positiva?
En materia de movilidad tenemos probablemente la derecha más rancia de toda Europa. Esta asimilación de que el coche es de la derecha pasa aquí, pero no en el resto de Europa. En Europa, ciudades gobernadas por la derecha están promoviendo una movilidad sostenible porque todo el mundo mira al futuro y tenemos claro lo que hay. Puedo entender que María José Catalá no se hubiese atrevido nunca a plantear un proyecto en Pérez Galdós sin túnel, a poner un Corredor Verde sin coches o a pacificar el tráfico en la calle Colón. Pero ir marcha atrás es algo que ninguna persona con un mínimo de formación o un mínimo de interés por el futuro se atrevería a hacer.

¿Considera que es lo que está haciendo?
Tenemos aumentos de uso del coche privado y acaban de presentar un plan que se supone que marca las directrices para la seguridad vial, que va muy ligada a la movilidad, y no tiene como objetivo reducir el número de coches. Asumen que el incremento de coches no tiene ningún impacto en la seguridad vial.

En el área de Parques y Jardines, han sido también críticos con la decisión de externalizar la gestión del Jardín del Turia, ¿por qué?
La privatización del mantenimiento del Jardín del Turia responde a ese interés deliberado en empeorar los servicios públicos para así poder justificar la privatización. El contrato que ha propuesto la alcaldesa supone 7 millones de euros al año. ¿Por qué ha estado ahogando de recursos al OAM de Parques y Jardines, pero ahora de pronto aparecen 7 millones para dárselos a una empresa para hacer ese trabajo? Habría sido más fácil y mucho más barato inyectar, aunque fuese la mitad de esa cantidad, en el OAM de Parques y Jardines y permitir que trabajen en condiciones, ya que llevan denunciando muchísimo tiempo que están ahogados por no tener recursos.

Usted ha denunciado que han aumentado las quejas sobre limpieza en la ciudad. Sin embargo, se está aplicando el contrato de recogida de residuos que ustedes dejaron preparado, que se dice que es el mayor contrato de la historia. ¿Qué está fallando?
El control. La parte que tiene que asumir María José Catalá y su gobierno. Hay un contrato con la mayor dotación de la historia. Tienen los recursos, pero no se aplican. Y no es que yo diga que no se aplican porque yo tenga una percepción sesgada, es que lo dicen las quejas de los vecinos y vecinas. En todas las juntas municipales es un clamor. Si la única respuesta es que están aplicando el contrato, es una evidencia que no estás controlando la aplicación del contrato.

La concejalía sostiene que también se han incrementado las sanciones.
Es un nuevo ejemplo de cómo, cuando hay un problema, la alcaldesa se refugia en que todos tienen la culpa menos ella. Cuando hay un problema evidente de limpieza, se dice que van a aumentar las sanciones a quien ensucie; algo que todos sabemos que es muy complicado. Cuando la gente dice que no puede más convivir con contenedores llenos, eso no es ninguna infracción; no se corresponde con ninguna infracción, se corresponde con que no pasa suficientes veces el camión.

Según los datos de la concejalía, también han aumentado las sanciones a las contratas de recogida de residuos.
Pues es evidente que no es suficiente y que no tienen ningún efecto. Tendrán que pensar una alternativa, pero lo que no puede ser es que la ciudad siga cada vez más sucia.

En la reciente reestructuración del Grupo Municipal, tras la salida de María Pérez, Pilar Bernabé optó por reforzar tanto su perfil como el de Maite Ibáñez y le asignó dos de las áreas más troncales en la fiscalización como son Urbanismo y Movilidad. ¿Lo sintió como un respaldo de la nueva líder?
Lo sentí como una muestra de confianza que yo le agradezco a Pilar Bernabé. Ella tiene todo mi compromiso con el proyecto que lidera. Lo tiene desde el primer día que me dijo que quería ser secretaria general y alcaldesa de la ciudad. Y creo que es la alcaldesa que la ciudad merece.

¿Interpreta esta decisión de Bernabé como una apuesta por usted de cara a las listas de 2027? ¿Le gustaría repetir como concejal?
Nunca he hablado con Pilar Bernabé de este tema y queda mucho. Un año y medio en política es una eternidad.

¿Pero le seduce el proyecto que está construyendo Bernabé?
Sí, claro que me seduce. Cualquier persona, ya no solamente militante del partido socialista, sino mucha gente en la calle —porque voy con ella a muchos sitios y lo veo—, reconoce que es una persona muy trabajadora, con muchísima entrega y, además, sé que es una persona fiable, confiable y que se va a desvivir por esta ciudad.

¿Cómo es el ambiente actualmente en el seno del grupo municipal y cuál es la relación con el resto de sus compañeros?
Esto es un trabajo y hay que tomárselo como lo que es, ser lo más profesional posible y cumplir con las obligaciones. Porque son obligaciones no de cara a los compañeros del grupo municipal, sino de cara a los militantes del Partido Socialista que nos han elegido para ir en la lista y de cara, sobre todo, a los ciudadanos que nos han elegido. Tenemos una labor que es muy importante, que es de fiscalización, y eso debe prevalecer siempre. Yo no he tenido un compromiso mayor con ningún compañero de partido que con la ciudadanía.

Se habla de que las transiciones de liderazgos siempre generan tiranteces; no sé si usted las siente como tal.
Las transiciones siempre suponen cambios. Además, Pilar Bernabé no está en el grupo municipal porque tiene una tarea que está permitiéndole demostrar todo el potencial que tiene como dirigente de gobierno. Creo que, igual que antes se aceptaban las decisiones de organización por parte de quien en ese momento el partido decidía que tenía la capacidad de tomar esas decisiones, ahora lo justo también es respetar las decisiones que se tomen por parte de Pilar Bernabé, que es quien los militantes hemos decidido que lidere este proyecto.

¿Quiere decir que puede haber una cierta resistencia a respetar esas decisiones?
No debería haberla. Lo justo es respetar a quien ha sido elegido. Todos tuvimos la oportunidad de presentarnos a un congreso. Yo misma, si hubiese querido, me habría podido presentar a secretaria general de la ciudad. No lo hice porque apoyo a Pilar Bernabé, porque creo que es la mejor opción en este momento para ser secretaria general y alcaldesa. Y, por tanto, si alguien entendía que tenía un proyecto mejor para el partido y para esta ciudad, el momento era ese.

Usted formó parte de la familia política del exministro José Luis Ábalos. ¿Cómo se siente ante el escándalo y las recientes informaciones judiciales sobre el exministro?
Creo que comparto el mismo sentimiento de rabia, de asco y de indignación que la militancia y que la sociedad en general. Creo que nos indigna a cualquier persona ver que gente que debía encargarse de velar por el bienestar de toda la ciudadanía se ha encargado de saquear las arcas públicas. Y además, en el caso de José Luis Ábalos, con unos comportamientos que son completamente contrarios a los ideales socialistas. Si algo puedo decir es que estoy orgullosa de que el Partido Socialista públicamente repudie estos comportamientos. Aunque la ciudadanía sienta mucha rabia y mucha indignación, probablemente quienes defendemos en nuestro día a día las siglas del PSOE tenemos además un sentimiento de engaño y de estafa.

¿Se siente traicionada?
Creo que ellos han traicionado al proyecto socialista y yo formo parte de ese proyecto. Mucha gente estamos entregando muchos años de nuestra vida a esto y poniendo la cara por el partido, y ellos se encargan de dilapidar todos los valores del proyecto con sus comportamientos.

Ahora es una de las dirigentes afines al secretario provincial Carlos Fernández Bielsa. ¿Cómo ve el liderazgo de Bielsa ahora y de cara al futuro?
Carlos es una persona que ha demostrado con sus mayorías absolutas que sabe gobernar y que sabe implementar el proyecto a través de políticas en su municipio, porque tiene un respaldo altísimo. Además, también tiene un proyecto integrador. Me he encontrado en su proyecto a mucha gente que en otros momentos ha estado en otras opciones que no eran la mía. Y creo que eso es un valor. Yo en ningún momento lo he planteado como estar en contra de nadie; ni lo planteé así en el caso de las primarias ni lo planteo ahora. Hay que ser muy respetuoso con la organización porque tiene muchos años de historia; nosotros nos iremos y vendrán otras personas, y hay que preservar el proyecto. Cuando alguien es elegido, y más cuando cualquiera de nosotros se puede presentar al proceso orgánico, hay que ser muy respetuosos con lo que dicen las urnas en las primarias. Tanto Diana [Morant] como Carlos [Fernández Bielsa], como Pilar [Bernabé], tienen que tener y tienen todo el respaldo de la militancia.

Precisamente cita el respeto que debe tener de la militancia porque todo el mundo tiene la posibilidad de presentarse a un proceso; eso no quita que se hayan producido ciertas tiranteces más o menos públicas entre Bielsa y la secretaria general del PSPV, Diana Morant. ¿Cómo ve esta situación?
Creo que las tiranteces han sido menos de lo que en un momento dado ha podido parecer. Como decíamos antes, cuando cambian los liderazgos también hay que adaptarse a las transiciones y hay que ver la forma más adecuada de trabajar juntos. Diana Morant tiene el respaldo de la militancia, como no puede ser de otra forma. Tenemos una secretaria general que será la candidata a la presidencia de la Generalitat y la vamos a respaldar como partido porque así lo hemos elegido. Y digo lo mismo: hubo un proceso orgánico, salió Diana Morant y además nadie se presentó, y como militantes tenemos que respaldarla. Es lo justo. Además, ella representa la honradez frente a la deshonra que nos presenta el Partido Popular en la Comunitat Valenciana. Porque Mazón se ha ido, pero Pérez Llorca era su mano derecha. Nosotros tenemos que presentarnos como lo que somos: un proyecto honrado, decente y que de verdad busca mejorar la vida de los ciudadanos.

¿Y cómo califica el liderazgo a nivel orgánico de Morant?
Cuando un candidato está fuera de la institución siempre hay que trabajar más para conseguir plasmar públicamente lo que estás proponiendo. Pero creo que Diana está haciendo una buena labor como ministra, demuestra su capacidad de trabajo y su entrega absoluta al cargo que ostenta, y lo hará igual como presidenta de la Generalitat. Su liderazgo lleva su proceso de consolidación, pero creo que lo está haciendo bien.