VALÈNCIA. El concejal y portavoz de Vox en el Ayuntamiento de València, José Gosálbez, también se ampara en el “secreto profesional” para no revelar los detalles del contrato que mantiene con el Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales en su condición de abogado pese a la petición del Síndic de Greuges.
De hecho, en el último pleno municipal el propio Gosálbez argumentó que las resoluciones de la institución autonómica son “recomendaciones” y, en ningún caso, “mandatos”, por lo que no parece que el edil de Vox esté dispuesto a aportar los detalles del contrato.
El Síndic señala que la compatibilidad “no es un cheque en blanco”
Una postura que mantiene a pesar de que el defensor del pueblo advirtió en su resolución que la compatibilidad de la dedicación exclusiva de Gosálbez como concejal y su ejercicio de la abogacía no implica “un cheque en blanco”. De hecho, el Síndic recuerda que esta compatibilidad se autorizó siempre y cuando la actividad fuera del Ayuntamiento fuese “marginal” tanto en retribución como en horario.
Dedicación exclusiva con 88.700 euros de sueldo
No en vano, cabe recordar que el portavoz de Vox cobra actualmente 88.720,38 euros anuales como teniente de alcalde.Tiene asignada una dedicación exclusiva del 100% desde finales de 2023, cuando el Pleno le autorizó compaginar el cargo con su actividad privada como abogado.
Sin embargo, al no facilitar el contrato, se desconoce tanto el dinero que percibe del Cogiti como el tiempo exacto que le dedica. De hecho, la propia resolución del Síndic recoge el informe elaborado por el Secretario General del Pleno del Ayuntamiento de València, donde queda acreditado formalmente que el citado contrato con el Cogiti "no consta incorporado a la declaración de actividades" que el concejal presentó en el Registro de Intereses Municipal, figurando únicamente de forma genérica su ocupación de "Abogacía por cuenta propia".
El Síndic subraya en su escrito que el acceso a este documento es "fundamental para acreditar que se trata de una actividad marginal en el ejercicio de la abogacía" y recuerda que dicha condición de marginalidad "debe cumplirse en todo momento para que la declaración de compatibilidad mantenga su validez”.
- El segundo teniente de alcalde del Ayuntamiento de València y portavoz de Vox en el consistorio, José Gosálbez.
- Foto: Vox
El espejo del caso Olano
El caso de Gosálbez guarda un paralelismo con el de su compañero de gobierno del Partido Popular, José Marí Olano. Y es que el concejal de Grandes Proyectos tampoco ha facilitado a la oposición el listado de empresas a las que asesora en su actividad privada como abogado. Una opacidad que le han afeado tanto el Síndic de Greuges como la Agencia Antifraude, al entender que impide saber si el edil incurre en conflicto de intereses con su condición de concejal de Contratación.
De hecho, Olano ya tuvo que abstenerse en varios procesos de contrataciones públicas cuando ejercía como presidente de la Mesa de Contratación municipal, precisamente por posibles conflictos de intereses al contar entre sus clientes privados con contratas del propio Ayuntamiento. Una situación que el concejal del PP todavía sigue sin aclarar.
Al parecer, Gosálbez seguirá el ejemplo de Olano y tampoco pretende atender el criterio de la institución, que formalmente "recomienda que se adopten las medidas necesarias para permitir al autor de la queja (el edil de Compromís, Ferran Puchades) el acceso al contrato”.
La diferencia entre ambos casos es que además, el portavoz de Vox cuenta con dedicación exclusiva al Ayuntamiento, mientras que Olano sí mantiene una dedicación parcial del 75%. Ahora, Gosálbez cuenta con un plazo de un mes para contestar el requerimiento del Síndic. Aunque todo hace indicar que defenderá la línea del secreto profesional para no aportar los detalles del contrato como también hiciese Olano.
Desde Compromís no descartan acudir a Antifraude si Gosálbez no aporta la información que requiere el Síndic. De hecho, el edil Puchades sostiene que “la transparencia no es opcional y el secreto profesional no puede convertirse en una coartada para ocultar información pública relevante".
Transparencia se mantiene al margen
Tampoco desde la Delegación de Transparencia, dirigida por el portavoz del PP Juan Carlos Caballero, se va a instar a los ediles a rendir cuentas. A una pregunta formulada por los socialistas, Caballero se ampara en el reparto de competencias para eludir tomar partido. En su respuesta oficial, el concejal del PP señala que, respecto a Antifraude, su departamento "no ostenta competencias para pronunciarse sobre su eventual atención o cumplimiento material".
En cuanto al Síndic, limita las funciones de su área a las de un mero intermediario burocrático, aclarando que Transparencia actúa solo como un "órgano de coordinación y transmisión de las solicitudes" hacia los servicios municipales competentes, que son quienes deciden.
