VALÈNCIA.La Empresa Municipal de Transportes (EMT) de València está ultimando la demanda contra la Generalitat Valenciana para reclamar el pago íntegro de las compensaciones pendientes por la tarjeta SUMA. Esta deuda, generada por el desacuerdo en las liquidaciones, asciende ya a la cifra de 40 millones de euros, según las estimaciones facilitadas por el Ayuntamiento de València. 

El litigio tiene su origen en una discrepancia sobre el Convenio de Colaboración firmado entre la EMT y la Autoridad de Transporte Metropolitano de València (ATMV) en 2021. El conflicto reside en el cálculo de la compensación que la ATMV debe abonar a la EMT. Y es que mientras la empresa municipal defiende que la compensación debe calcularse sobre el precio oficial (íntegro) de las tarifas de transporte, la ATMV insiste en que el pago debe hacerse sobre el precio del billete ya rebajado, descontando las ayudas estatales.

Este desacuerdo se arrastra desde junio de 2024 y llegó a generar hasta este verano una deuda de 40 millones según el cálculo de la EMT. No en vano, la empresa municipal de transportes tuvo que recurrir a solicitar una póliza de crédito de 40 millones para afrontar gastos como el pago de las nóminas o el gasoil de los autobuses ante este impago de la Generalitat.

Preacuerdo sobre parte de la deuda

Cabe recordar que hace un par de meses ambas entidades alcanzaron un principio de acuerdo para asegurar la continuidad de la EMT dentro del sistema tarifario integrado SUMA. Dicho preacuerdo recogía que desde el 1 de julio, la ATMV abonaría la compensación por el 80% de las cuantías que la EMT reclama. El pacto recogía que los ingresos que ha percibido la ATMV directamente de los usuarios y que perciba en el futuro por la compra de títulos SUMA serán abonados a la EMT, esto es, con carácter general el 50% desde enero de 2023 hasta el 1 de julio de 2025, y el 60% a partir del 1 de julio, de las cantidades que reclama la EMT. Un porcentaje que la ATMV considera el “límite de conformidad”. En total, la Conselleria accedía a pagar unos 11 millones de euros. Sin embargo, este pacto fue insuficiente, ya que no resolvió la cuestión de fondo sobre el cálculo de las compensaciones.

20,5 millones en provisiones

Precisamente este desacuerdo se recoge en el Informe de Auditoría de la Sindicatura de Comptes sobre la ATMV de 2024. El documento revela que las "Provisiones a Corto Plazo" de la ATMV se incrementaron un 243% en 2024, alcanzando los 47,1 millones de euros. Para contextualizar este movimiento, una provisión es un mecanismo de la contabilidad prudente que obliga a las entidades a anticipar y registrar un gasto que se considera probable o seguro, aunque su importe definitivo o fecha de pago sean inciertos. En esencia, sirve para que el balance de la entidad refleje fielmente las obligaciones futuras que ya se han generado.

De este total, la ATMV ha registrado una provisión dotada por valor de 20,5 millones de euros con el fin de cubrir las facturas de la EMT sobre las que persiste el desacuerdo. Es importante señalar que esta cifra es una estimación contable, y lo que la ATMV deba pagar finalmente no tiene por qué coincidir con el monto provisionado. Cabe recordar que el cálculo de estas compensaciones se basa directamente en las validaciones de los bonos SUMA, es decir, en la cifra de pasajeros que utilizan el servicio.

A pesar de la disputa legal actual, el convenio entre ATMV y EMT está formalmente prorrogado, al menos sobre el papel, hasta finales de 2028. La tabla anexa al informe de la Sindicatura de Comptes recoge el coste plurianual estimado de esta compensación, que totaliza más de 208 millones de euros hasta el final de la prórroga. Las cifras reflejan una proyección creciente, partiendo de 33 millones de euros en 2024 y escalando hasta los 42,9 millones en el año 2028. No obstante, fuentes de ambas entidades aclaran que estas cantidades son únicamente una estimación presupuestaria que además, estaría basada en proyecciones de validaciones y pasajeros conservadoras. Por ello, estas cifras -insisten- no tiene por qué coincidir con los cálculos de compensación que cada parte defiende en el contencioso, añadiendo otra capa de incertidumbre al valor económico real del convenio que ahora debe resolver la Justicia.