La moratoria para paralizar la tramitación de licencias de pisos turísticos y del resto de usos hoteleros en el ámbito del Plan Especial del barrio valenciano del Cabanyal-Canyamelar, aprobada este martes por unanimidad en el pleno del consistorio de la ciudad, afecta a 298 plazas turísticas solicitadas en los dos últimos meses.

Así lo ha indicado la alcaldesa de la capital valenciana, María José Catalá (PP), a los representantes de la Asociación de Vecinos del Cabanyal-Canyamelar, con quienes se ha reunido este miércoles, según ha informado la administración local en un comunicado.

La primera edil ha señalado que "la limitación del 10 por ciento del Plan Especial de apartamentos turísticos por manzana que dejó el anterior gobierno municipal --de Compromís y PSPV-- ha provocado una proliferación de solicitudes que era necesario frenar".

"Vamos a monitorizar todo el barrio y a hacer una fotografía real de la zona para saber la realidad de los apartamentos turísticos" en este entorno "y trabajar en la futura regulación", ha manifestado la responsable municipal.

"Para nosotros estar con los vecinos de los barrios y atender sus solicitudes es lo más importante. En toda la ciudad hay una preocupación, especialmente en la fachada marítima, sobre la proliferación de apartamentos turísticos", ha añadido Catalá.

La alcaldesa ha expuesto que "la vivienda es el núcleo de acción más importante de la legislatura" y ha remarcado que "generar vivienda en los barrios para los vecinos" es una de las "claves" de su equipo de gobierno. Así, ha considerado que "hay que saber combinar la oferta turística de calidad con los barrios", para que "sigan siendo lo que son" y "donde haya comercio tradicional y vecinos".

María José Catalá ha señalado que el control de apartamentos ilegales iniciado por el actual gobierno del Ayuntamiento, sigue en marcha con inspecciones continuas en todos los barrios de la ciudad, con especial incidencia en aquellos que tiene más demanda turística.

Desde el ejecutivo municipal se ha detallado que "cinco grupos de inspectores de la Concejalía de Urbanismo y siete grupos de Policía Local se encargan de rastrear la ciudad para detectar la actividad de los apartamentos turísticos ilegales".

Además, ha indicado que la División Territorial de la Policía Local de València, que coordina las siete comisarías de Proximidad de la ciudad, ha realizado 620 actas-denuncia de inspección a pisos turísticos. La mayoría de estas denuncias, ha agregado, se interponen "por carecer del título habilitante para ejercer dicha actividad". En este último año, los agentes han realizado 620 denuncias, frente a las 84 que se pusieron en 2023 o las 73 de 2022.

Catalá ha explicado que el incremento de las actas denuncia a los apartamentos turísticos responde al "trabajo intenso" de los cinco grupos de inspectores de Obras y Licencias de Urbanismo y de los siete grupos de Policía Local, "uno por cada distrito policial, que se encargan de rastrear la ciudad para detectar la actividad de apartamentos turístico ilegales".

El gobierno local ha añadido que "la proliferación de apartamentos turísticos se inició en el año 2015 con la llegada al gobierno municipal de --Joan-- Ribó (Compromís) y el PSOE". "Desde entonces y hasta 2023 se inscribieron más de 4.500 apartamentos. Además, con la peculiaridad, que este mismo gobierno de izquierdas en el año 2018 aprobó un cambió en el planeamiento urbanístico para permitir que en los bajos comerciales se abrieran apartamentos turísticos, que hasta la fecha estaba prohibido destinar a viviendas bajos comerciales de la ciudad".

Denuncias y protocolo

El distrito de Tránsitos es el que más denuncias ha realizado con 166, seguido del Marítimo con 118, Patraix con 112 y Ciutat Vella con 110, ha agregado el gobierno, que ha insistido en que "la mayor parte de estas inspecciones nacen gracias al trabajo de proximidad que se lleva a cabo desde las diferentes comisarías".

Igualmente, ha destacado que desde la División Territorial Operativa de la Policía Local, en coordinación con el Servicio de Licencias Urbanísticas del Ayuntamiento, se ha realizado un protocolo de actuación para todas las unidades policiales.

Así, una vez hay una reclamación se acude al lugar, se toman los datos de los ocupantes de la vivienda y se identifica la plataforma desde la cual se ha realizado la reserva. Si se comprueba que la vivienda no está legalizada se redacta un acta-denuncia y por medio del IBI se localiza al titular propietario de la misma.

El ejecutivo ha apuntado también que la Ley 4/2015, de protección de la seguridad ciudadana, establece la necesidad de registrar y almacenar los datos de los huéspedes, con el fin de mantener la seguridad y el control en los alojamientos turísticos, previniendo actividades ilícitas y asegurando un entorno seguro para todos. Si no se ha realizado esta gestión, el propietario de local se puede enfrentar a sanciones.