VALÈNCIA. El Ayuntamiento de València llega a final de año sin haber ejecutado el cobro de la nueva tasa de basuras. El consistorio tiene previsto en su prespuesto de 2025 el ingreso por el nueva tasa pero no ha llegado a notificar a los vecinos de su incorporación al padrón, creado ad hoc para este gravamen, por lo que acabará 2025 sin que tengan que efectuar el pago este año. Así pues, en 2026 se tendrá que efectuar el pago de la tasa de este ejercicio y del que viene.

La concejalía de Hacienda, que dirige la edil María José Ferrer Sansegundo, culminó la elaboración del nuevo padrón el pasado 21 de diciembre, según ha confirmado el departamento a preguntas del PSPV. Pero todavía faltaba la adjudicación del contrato para la tramitación de la tasa, del que depende la primera notificación a los vecinos. Como publicó Valencia Plaza, el consistorio adjudicó este miércoles el servicio por valor de 7,4 millones de euros en dos años.

"El cobro de la tasa de 2025 se inicia una vez concluya la puesta en marcha del servicio de colaboración para esta tasa que llevará a cabo la empresa adjudicataria", recoge la respuesta de la delegación de Hacienda a los socialistas. Así pues, tras la aprobación del padrón y una vez formalizado el contrato, se va a proceder a notificar de manera individualizada las liquidaciones de alta en el padrón. "La fecha de pago de la primera tasa dependerá en cada caso de la fecha de notificación", recogía el consistorio en un comunicado este mismo miércoles.

"La señora Catalá ha reconocido por escrito que ha aprobado el padrón de la tasa de residuos el 21 de diciembre, lo que quiere decir que la tasa del 2025 se va a cobrar junto a la del 2026 el año que viene", aseguró el portavoz del PSPV, Borja Sanjuán, tras conocer la respuesta del gobierno local: "Los valencianos y valencianas no solamente van a tener que pagar la tasa de basuras más cara de toda España, sino que además la van a tener que pagar por duplicado el año que viene". Así, dijo que "una familia normal va a tener que enfrentarse a pagar 300 euros solamente en tasas de basuras en el año 2026 gracias a la mala gestión de Catalá, ya que ha tenido que tapar sus vergüenzas presupuestarias cargándolas sobre las familias valencianas".

El Ayuntamiento estima que tendrá que llevar a cabo cerca de 600.000 notificaciones, entre la primera notificación individual y aquellas resultantes de las posibles reclamaciones y prevé recaudar del año 2025 cerca de 46,7 millones de euros, de los cuales, sobre cinco millones anuales se dedicarían expresamente a estos trabajos administrativos. La configuración de la tasa, marcada por la normativa estatal, obliga a que sea "no deficitaria", esto es, que su importe total cubra al menos todos los costes del servicio. Lo cual, según la edil de Hacienda, que califica la tasa como "basurazo", "ata de pies y manos" a los consistorios porque deben "repercutir" todo el coste.

La cuota a pagar por cada contribuyente variará según el consumo de agua de hogares y negocios, fijado en diferentes tramos que irán -en el caso de las viviendas- de 39 a 273 euros anuales, si bien se implementarán algunas bonificaciones fiscales para familias numerosas o con escasos recursos, por el uso de ecoparques o a las pedanías afectadas por la dana. También a actividades que usen sistemas "puerta a puerta" de recogida de papel y cartón y compañías de distribución alimentaria y restauración que colaboren con entidades de economía social. Sansegundo anunció este miercoles que se está impulsando la modificación de la ordenanza para ampliar el plazo de solicitud de beneficios fiscales al 31 de mayo de 2026. En este sentido, se prevé la aprobación inicial de esta medida en enero.

La concejal insistió en que la situación "sería otra si la izquierda hubiera aprobado las enmiendas del Partido Popular, que hubiesen evitado la situación que está creando el 'basurazo'". Los populares pedían la eliminación de la tasa, si bien viene marcada por una directiva europea, y en su defecto, que se eliminara su carácter específico, diferenciado y no deficitario para que los ayuntamientos pudieran "asumir al menos parte del coste del servicio y extender las bonificaciones". Asmismo, reclamaban la ampliación del plazo para su implamntación hasta los cinco años en lugar de tres.