VALÈNCIA. La reclamación judicial a Indra por los 9 millones de euros de la 'app fantasma' podría llegar a costarle a la Empresa Municipal de Transportes de Valencia hasta 800.000 euros por los servicios jurídicos. El consejo de administración de la EMT dio luz verde definitiva este viernes a la contratación directa del despacho Andersen Tax & Legal Iberia para asumir la demanda contra Indra Sistemas por el fallido desarrollo de la plataforma de movilidad del proyecto Ciudades Conectadas.
El acuerdo se aprobó este viernes en un Consejo de Administración extraordinario, apenas una semana después de que la adjudicación quedase sobre la mesa a petición de la oposición para solicitar un informe que motivase con más solidez el procedimiento sin concurso. Tras la aportación de dicho documento por parte de la dirección de la empresa pública, el equipo de gobierno hizo valer su mayoría para formalizar el encargo sin haber consultado ofertas alternativas con otros bufetes.
La propuesta aprobada establece unos honorarios fijos de 440.000 euros (sin IVA) para la primera instancia judicial, de los que se detraerán 18.000 euros de una consulta preliminar que la EMT ya encargó y pagó a Andersen el pasado mes de febrero.
Hasta 800.000 euros si llega a segunda instancia
Sin embargo, el coste real de la actuación letrada para las arcas de la empresa municipal podría ser notablemente superior. Tal y como figura en el propio contrato, en caso de recurrirse la sentencia, los honorarios supondrían un 50% adicional (220.000 euros). Sumando el 21% de IVA correspondiente, la factura global del procedimiento superaría los 800.000 euros.
Para fundamentar por qué el encargo no se somete a concurso público, el informe de la EMT apela al Real Decreto Ley 3/2020 de ‘sectores especiales’ —al operar en el ámbito del transporte público— y a la Directiva Europea 2014/25/UE. Según la entidad pública, los servicios de defensa letrada son prestaciones de naturaleza “personalísima" donde debe primar la relación de estricta confianza entre abogado y cliente.
Demostrada a su juicio la exención de la ley de contratos, la EMT sostiene que opera el denominado "principio general de libertad", según el cual "todo aquello no prohibido está permitido”, al no hallar norma jurídica aplicable que le obligue a recabar varias ofertas.
- El concejal de Movilidad, Jesús Carbonell y la alcaldesa de València, María José Catalá. -
- Foto: EP
Además, entre otros argumentos, la EMT defiende la necesidad de contratar a Andersen porque ya asesora a la agrupación de municipios de Ciudades Conectadas. Por lo que defienden que contratar a otro despacho rompería la "unidad de criterio" e introduciría "suspicacias" entre València y los consistorios de Valladolid, Gijón, Vitoria, Logroño y Fuenlabrada.
La EMT calcula que pedir varias ofertas habría exigido al menos cuatro semanas de estudio por bufete y "un número elevado de reuniones". Dilatar la demanda ese tiempo es tachado en el informe de "actuación negligente" que arriesgaría los plazos de justificación de la subvención Next Generation.
La EMT sostiene que la oferta de Andersen está por debajo del precio de mercado
Para justificar el precio los servicios jurídicos de la empresa municipal argumentan que la reclamación a Indra asciende a casi 9 millones y que los 440.000 euros fijados representan un 5,6 % de la cuantía total, situándose por debajo del 10 % o 15 % que suelen aplicar las grandes firmas en litigios de esta envergadura, según el informe de la EMT.
La oposición evitó respaldar la contratación y Compromís se abstuvo mientras el PSPV votó en contra. En su escrito de alegaciones, la consejera socialista Elisa Valía recuerda que el Tribunal Constitucional, en su Sentencia 65/2024, declaró inconstitucional la exclusión de este tipo de contratos por vulnerar la legislación básica estatal.
Valía critica además que se alegue "urgencia" y riesgo de confidencialidad para no pedir al menos tres presupuestos comparativos: "La EMT encargó informes a Andersen en febrero; ha habido tiempo de sobra para consultar con más despachos y garantizar la concurrencia". Valía incide además en que la justificación del trato "personalísimo" no se sostiene al contratar a la firma sin concretar qué letrados dirigirán la defensa.
En cuanto al precio, desde el PSPV señalan que el hecho de que Andersen ya conozca este procedimiento de ‘Ciudades Conectadas’ debería servir en todo caso para ofrecer un precio más competitivo.
9 millones por un software que Indra nunca entregó
El proyecto "Ciudades Conectadas”, contemplaba el desarrollo de una plataforma digital de movilidad multiciudad que contó con 12 millones de fondos europeos. La elaboración de este software se adjudicó a Indra Sistemas en enero de 2023 y el plazo de ejecución venció en diciembre de 2025 sin rastro de esta app. El contrato estipulaba pagos mensuales fijos por lo que la EMT abonó a la multinacional cerca de 9 millones de euros por un software que nunca llegó a recibir.
A finales de 2025 la EMT ya acordó imponer a Indra una sanción de algo más de un millón de euros por el incumplimiento contractual y el Ayuntamiento anunció que también reclamaría judicialmente la devolución de los 9 millones. Una reclamación que ahora encargan a Andersen.
Además, al tratarse de fondos europeos, el consistorio también se arriesga a una posible penalización de Bruselas que podría superar los 20 millones.
