VALÈNCIA. El pleno de septiembre del Ayuntamiento de València celebrado este jueves aprobó, con los votos a favor de PP y Vox, la liquidación de la Fundación València Activa, la entidad municipal dedicada al fomento del empleo. Un proceso que el gobierno local promete culminar antes de 2026, pero que aún acumula muchas incógnitas, entre ellas una clave: el coste económico de la propia disolución.

Cabe recordar que el Patronato de la fundación encargó a finales de junio la tarea de liquidación a Luis Ignacio Serra Mallol, quien desde 2020 presta servicios de asesoría jurídica a la fundación a través de un contrato. La Concejalía de Empleo optó por encomendar el proceso de extinción a un tercero; sin embargo, se desconocen las condiciones de este encargo y sobre todo cuál será el coste de los trabajos. Según reconocen desde el área que dirige José Gosálbez, no será hasta que finalice la tarea de liquidación, cuando Serra “presentará factura de los trabajos realizados al Patronato de esta entidad para su conformidad”. No obstante, no se ha aclarado si se ha formalizado un contrato específico para dichas tareas, que exceden las funciones previstas en el contrato como asesor jurídico de València Activa.

De hecho, en el acuerdo de extinción que aprobó el Patronato en junio, se facultó a Serra Mallol para realizar estas tareas, pero -según ha podido confirmar Valencia Plaza—, los patronos no fueron informados de ningún presupuesto previo, ni se firmó contrato alguno, y tampoco se pactaron los honorarios del liquidador. Es por ello que el coste total de la liquidación sigue siendo una incógnita.

Cabe mencionar que Serra, fue la persona que acompañó al exresponsable de Empleo, Juan Manuel Badenas, en la rueda de prensa en la que éste se defendió de las acusaciones por presunto amaño de los contratos que ahora investiga la Fiscalía. Durante aquella comparecencia, el asesor jurídico defendió la legalidad de los procedimientos -al menos en la parte en la que él había intervenido- y la corrección de su actuación profesional en el marco de la fundación. El hecho de que se optará por designar como liquidador a Serra y no a personal propio de la fundación o los servicios municipales despertó cierto recelo en la oposición. La concejala de Compromís, Eva Coscollá, calificó esta decisión de "preocupante" y explicó que "no ayudaba a generar confianza".

Desde el PSPV, el edil Javier Mateo, considera que con la liquidación de València Activa "solo encontramos opacidad, falta de información y una gestión negligente que nos confirma que las denuncias que presentamos en la Fiscalía Anticorrupción han sido necesarias y que lamentablemente no serán las últimas".

Por el momento, desde el plano puramente económico, la disolución de la fundación —justificada por el Ayuntamiento como una medida para “racionalizar” el sector público— ha supuesto ya la pérdida de 1,1 millones de euros en subvenciones procedentes de Labora, correspondientes a los programas Empace y Grandes Ciudades de este ejercicio y que son incompatibles con el proceso de liquidación debido a su caracter nominativo. Respecto al coste total de la liquidación, atendiendo a los contratos que deberán resolverse con obligación de pago, desde el área de Empleo se limitan a responder que "las labores de extinción se han encomendado a un liquidador que se encuentra en estos momentos desempeñando estas funciones” y que se desconoce el balance que supondrá a nivel económico poner fin a la fundación.