VALÈNCIA. El Ayuntamiento de València también se opone al recurso de la UTE Global Omnium-Bertolín-ISG contra su exclusión del millonario contrato de alcantarillado de la ciudad por baja temeraria. Como ya hiciera con el recurso de Hidraqua, el consistorio también rebate los argumentos del recurso de Global Ominum y como era esperable, defiende la actuación de la mesa de contatación. En un extenso informe técnico, el Ayuntamiento considera que la empresa no ha logrado justificar adecuadamente su oferta económica, considerada anormalmente baja, y justifica su exclusión del procedimiento. El contrato, suspendido temporalmente por los recursos de estas dos UTE, fue adjudicado a la unión de empresas Acciona-Becsa-Ciclagua por 240 millones de euros y un plazo de 15 años.

La resolución, firmada por la concejala Julia Climent y que se remitirá al Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales para que resuelva, el consistorio defiende que pese a los argumentos presentados por la UTE, "no se ha desvirtuado la presunción de temeridad de la oferta" y que su ejecución presenta "riesgo de ejecución deficiente", tal como se desprende del análisis realizado por el Servicio del Ciclo Integral del Agua.

Global Omnium defiende la solvencia de su oferta

En su recurso, la UTE liderada por Global Omnium alegó que su propuesta era técnicamente sólida y económicamente viable. Según consta en el informe municipal, los representantes de la UTE afirmaron que "su proposición la prepararon a conciencia y es viable, realizable y ejecutable en todos sus términos, sin riesgo de incumplimiento". También destacaron que habían obtenido la máxima valoración técnica. La UTE argumenta que sus precios, aunque bajos, no eran desproporcionados en relación con los umbrales fijados en el pliego, y que estaban respaldados por ahorros derivados de la implantación territorial, medios propios, experiencia previa y sinergias entre las empresas que conforman la UTE. También aseguraron que su estructura de costes estaba documentada a través de una memoria con 17 anexos. Otro punto alegado fue la posibilidad de asumir un contrato con escaso margen económico, al considerar que existe jurisprudencia que permite "ir a pérdida", siempre que se garantice la ejecución.

Pese a estas alegaciones, el informe técnico del Ayuntamiento concluye que la oferta "no puede considerarse suficientemente justificada". Las bajas ofertadas —29,81 % en el servicio y 30,02 % en la obra— superan los umbrales de presunción de anormalidad fijados en el 23,30 % y 22,80 % respectivamente.

Los técnicos detectaron "errores y omisiones graves" en la documentación justificativa, como la no inclusión de partidas obligatorias en los costes indirectos y rendimientos de personal muy inferiores a los considerados en el pliego que según el informe "no se ajustan a las condiciones reales de intervención en la ciudad de València”.

El informe municipal también señala que la UTE utilizó como justificación económica parte de las mejoras técnicas ofrecidas sin coste en fases anteriores del procedimiento. El informe municipal sostiene que "se duplicaría la aplicación de conceptos que por una parte se ofrecieron como mejoras sin coste, obteniendo así una valoración subjetiva, y ahora pretenden deducirse de los conceptos y cantidades previstas en costes indirectos".

Además, una parte significativa de la documentación fue declarada confidencial por la UTE, lo que según el informe impidió un análisis técnico completo. "No puede considerarse suficientemente justificada una oferta si buena parte de los documentos no puede ser objeto de análisis técnico y económico por confidencialidad", concluyen los técnicos municipales.

El TACRC decidirá en las próximas semanas

El informe municipal se remitirá al Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC), que es el órgano encargado de resolver los recursos. El tribunal dispone de un plazo máximo de dos meses desde la interposición del recurso, por lo que se espera resolución a principios de agosto, no obstante, según diversos precedentes, no se descarta que el TACRC emita un pronunciamiento antes de agotar el plazo. Mientras tanto, la adjudicación a la UTE formada por Acciona Agua, Becsa y Ciclagua permanece en suspenso.