VALÈNCIA. El Ayuntamiento de València recurre a una empresa externa para elaborar la justificación de los fondos europeos que el consistorio obtuvo para la implantación de la Zona de Bajas Emisiones y proyectos vinculados a ella en la convocatoria de 2021-2022.
El gobierno local ha adjudicado por casi 14.340 euros un contrato de asistencia técnica a la consultora Grupo Considera para preparar la justificación y el cierre administrativo del paquete de financiación de más de 35 millones de euros que recibió en el programa de ayudas estatal para la implantación de Zonas de Bajas Emisiones. La empresa cuenta para ello con un plazo de cinco meses prorrogables.
No en vano, cabe recordar que uno de los requisitos de estas ayudas que incluyeron financiación para la renovación de parte de la flota de autobuses de València, la electrificación de las cocheras de la EMT o la propia implantación del sistema de ZBE estaban condicionadas a que la ciudad contara efectivamente con esta Zona de Bajas Emisiones en vigor. Algo que no se ha producido todavía después de que Vox decidiese descolgarse en el último momento y votar en contra de la ordenanza que la concejalía de Movilidad de Jesús Carbonell (PP) había elaborado.
Tampoco logró el Partido Popular amarrar el apoyo de los grupos de la oposición en el consistorio y tras unas semanas de amago de negociación y de varias votaciones fallidad no se han producido nuevos movimientos para intentar aprobar la ZBE en València que limite la circulación de los vehículos más contaminantes.
Desde hace unos meses el gobierno local que encabeza María José Catalá ha venido defendiendo que confían en no tener que devolver los fondos y poder justificar ante el Ministerio de Transportes que la ciudad sí cuenta con una ZBE pese a no tener aprobada la ordenanza que regula las multas. Tal y como publicó Valencia Plaza, uno de los argumentos que pretende esgrimir el gobierno de Catalá ante el Ministerio es el 'comodín' de las restricciones de tráfico de la Área de Prioridad Residencial de Ciutat Vella como justidicación del cumplimiento de los requisitos de las ayudas.
Además de la vía de la APR, el equipo de Catalá insiste en que la infraestructura tecnológica de la ZBE —con cámaras de control de matrículas en el perímetro— está ya instalada y operativa, a falta de la aprobación de la ordenanza que regule el régimen sancionador.
Parece ser que finalmente el consistorio ha apostado por delegar en una empresa especializada en la tramitación administrativa de fondos europeos para intentar blindar esta financiación y no tener que devolver los fondos arriesgándose además a una penalización al no haber cumplido los deberes con la ZBE.
