VALÈNCIA. El Ayuntamiento de València confía en poder evitar la devolución de las ayudas europeas vinculadas a la implantación de una Zona de Bajas Emisiones (ZBE) y podría intentar usar el 'comodín' de las restricciones de tráfico de la Área de Prioridad Residencial de Ciutat Vella como justificación ante el Ministerio al no tener aprobada la ZBE pese a la obligación legal de que estuviera en vigor antes de finalizar 2025.

En este contexto, el gobierno municipal estudia apoyarse en las restricciones ya vigentes en Ciutat Vella como argumento para justificar el cumplimiento de los requisitos exigidos por el Ministerio.

Cabe recordar que el ejecutivo que lidera María José Catalá (Partido Popular) no logró sacar adelante la ordenanza de la ZBE el pasado año. La norma no logró aprobarse tras el voto en contra en el último momento de su socio de gobierno, Vox. Tampoco hubo acuerdo con la oposición, ya que ni PSPV-PSOE ni Compromís respaldaron el texto que el PP había diseñado junto con Vox. 

Desde entonces, las negociaciones permanecen prácticamente paralizadas. La formación que lidera Santiago Abascal mantiene su negativa a aprobar medidas que impliquen restricciones y multas al tráfico y la concejalía de Movilidad que dirige Jesús Carbonell (PP) tampoco ha reactivado contactos con el resto de grupos de la oposición.

Factura millonaria

Mientras tanto, el consistorio se enfrenta a un riesgo económico considerable. Y es que varias líneas de financiación europea están condicionadas a la existencia de una ZBE en vigor, con estimaciones que sitúan el posible impacto entre 17 y más de 150 millones de euros. Entre ellas, destaca el paquete de fondos europeos de unos 58 millones, al que podrían añadirse penalizaciones de hasta dos o tres veces esa cantidad. De hecho el Ayuntamiento ya tuvo que devolver los primeros 4 millones de ayudas al transporte del último semestre de 2025.

A este escenario se suman las ayudas estatales al transporte público, clave para mantener bonificaciones como el bonobús. Aunque el Gobierno ha permitido excepcionalmente que los municipios sin ZBE accedan a estas subvenciones en 2026 si se comprometen a aprobarla durante el año, el Ministerio realizará revisiones semestrales. El primer plazo vence en julio, y si València no cumple, deberá devolver las ayudas correspondientes al primer semestre de este año.

La APR de Ciutat Vella, ¿una vía de escape?

Ante este contexto, el gobierno municipal ha comenzado a deslizar una posible vía de escape: utilizar la regulación ya existente en la Área de Prioridad Residencial (APR) de Ciutat Vella como base para defender que la ciudad dispone de un sistema efectivo de control del tráfico. En esta zona ya se aplican restricciones de acceso y sanciones, lo que, según el consistorio, podría incluso situarla por encima de algunas ZBE implantadas en otras ciudades como Castelló de la Plana que no prevén multas.

De hecho, algunos indicios recientes refuerzan esta estrategia. La nueva aplicación móvil municipal para gestionar los accesos a la APR de Ciutat Vella Nord incorpora ya las siglas “ZBE” en su imagen, lo que apunta a un intento de vincular formalmente este sistema con las exigencias normativas estatales.

Sin embargo, las restricciones de la APR no están vinculadas a criterios de contaminación o basadas en las etiquetas de los vehículos como exige la ley estatal, sino que se veta el acceso en función de la prioridad residencial de la zona, lo que a priori no se ajustaría al espíritu de reducción de la contaminación que contempla la legislación. 

Además de la vía de la APR, el equipo de Catalá insiste en que la infraestructura tecnológica de la ZBE —con cámaras de control de matrículas en el perímetro— está ya instalada y operativa, a falta únicamente de la aprobación de la ordenanza que regule el régimen sancionador. Unas declaraciones que la propia alcaldesa realizó hace un par de meses.

Ante la inacción para tramitar la ZBE y el calendario avanzando hacia el primer examen de julio, el Ayuntamiento busca ganar tiempo y evitar la devolución de fondos. La clave estará en si el Ministerio acepta esta interpretación o exige la aprobación formal de la ZBE en los términos previstos por la legislación.