VALÈNCIA. Este año será el primero en el que se aplique la nueva tasa de basuras, a la que están obligados los ayuntamientos por la normativa estatal y europea. Se trata de un nuevo impuesto que gravará los residuos generados por los vecinos y que, por lo general, se cobrará en base al consumo de agua, si bien a través de un recibo diferenciado. Sin embargo, la tramitación administrativa que requiere el gravamen hará que el Ayuntamiento de València no pueda pasar al cobro el recibo hasta finales de año.
En total, la concejalía de Hacienda, que dirige la edil popular María José Ferrer San Segundo, proyectó en los presupuestos municipales que la recaudación para 2025 ascenderá a 47,6 millones de euros en total, teniendo en cuenta diferentes bonificaciones y correcciones. Pero lo cierto es que, al tratarse de un nuevo impuesto, al contar con una regulación nacional "compleja" y que adolece de "parámetros homogéneos", su puesta en marcha no será sencilla y costará varios meses, tal como explican desde la propia delegación de Hacienda.
Cabe recordar que el consistorio va a tener que hacer una matriculación ex novo para luego poder girar los recibos, unas tareas que llevarán su tiempo. En ese sentido, Hacienda ya previó una partida de 5,5 millones de euros en conceptos de gastos de implementación. "Dado que el Ayuntamiento establece ex novo esta tasa, por imperativo legal [...], hay que tener en cuenta los costes de formación del padrón de contribuyentes, impresión, reparto y notificación de las liquidaciones por ingreso directo que exige la normativa tributaria para el primer periodo impositivo", explicaban los técnicos municipales en el expediente interno.
Además de esos costes de tramitación y notificación, el Ayuntamiento ha de proveer de "medios personales y materiales para la atención al público en una oficina diferenciada y especializada", puesto que se prevé una numerosa "afluencia de clientes y contribuyentes semejante a cuando se elabora una actualización del valor castral del IBI". En ese sentido, como adelantó Valencia Plaza, el Ayuntamiento tiene previsto contratar a una empresa para la gestión de la tasa , donde se incluirá precisamente la creación de una suerte de oficina de atención al ciudadano para resolver todas las dudas que genere.

- El concejal de Protección Civil, Juan Carlos Caballero, junto a la concejala de Hacienda, María José Ferrer San Segundo. Foto: KIKE TABERNER
En su momento, el consistorio previó que el contrato tenga una vigencia mínima de dos años y permitirá evitar que las solicitudes de información saturen los servicios municipales y alteren su funcionamiento normal en la tramitación de otros gravámenes y asuntos consistoriales. Así pues, desde el área de Tesorería están ultimando las especificaciones técnicas de los pliegos que regirán el concurso público para contratar a esta firma externa. La idea es poder enviar a Contratación el expediente el próximo mes para poder lanzar la licitación cuanto antes.
De 39 a 273 euros por hogar
La ordenanza fiscal aprobada en el Cap i Casal prové que la cuota a pagar por cada contribuyente varíe según el consumo de agua de hogares y negocios, fijado en diferentes tramos que irán -en el caso de las viviendas- de 39 a 273 euros anuales, si bien se implementarán algunas bonificaciones fiscales. Así, se prevé la reducción del 30% a familias numerosas para la vivienda habitual y la reducción del 30% para la vivienda habitual de familias con escasos recursos. Por otra parte, se incluye la bonificación de 10 euros a usuarios que utilicen ecoparques, de 50 euros a actividades económicas que utilicen sistemas de recogida municipal de papel y cartón “puerta a puerta”, y del 10% a empresas de distribución alimentaria y restauración que colaboren con entidades de economía social. Tras la dana, también se acordó la exención de esta tasa a las pedanías afectadas (La Torre, Castellar-l'Oliveral y Forn d'Alcedo).

La ordenanza fiscal aprobada por el gobierno municipal de València diferentes cuotas en el apartado de las viviendas, en función del consumo anual de agua. Hasta los 65 m3, los hogares pagarán 39 euros cada año. Un recibo que abonarán cerca de la mitad de los contribuyentes (202.000 de los 408.000 recibos). La otra mitad, pagará entre 122 y 272 euros por hogar y año en función de la horquilla de consumo en la que se encuentre. La más numerosa tras el tramo bajo es la que va de 90 a 195 m3 de agua, que consumen casi 116.00 contribuyentes.