VALÈNCIA. El 'buenrollismo' de la izquierda valenciana hace días que llegó a su fin. El Botànic conformado por el acuerdo de PSPV, Compromís y Podem no ha resistido la legislatura completa por mucho que sus protagonistas se empeñen en afirmarlo: la campaña ha hecho aflorar las desavenencias contenidas de los últimos cuatro años. El PSPV de Ximo Puig abrió fuego adelantando las elecciones autonómicas y haciéndolas coincidir con los comicios estatales convocados de Pedro Sánchez. Una estrategia basada en la probable mejoría de los socialistas si se celebran las elecciones al mismo tiempo, una maniobra que enfadó a Compromís, sus socios de gobierno.
A partir de ahí, la armonía se ha roto y la tensión se ha elevado entre los socios del Consell. Este mismo viernes, el nivel de crispación se hizo evidente en la protesta de trabajadores de Egevasa capitaneada por miembros de UGT, que lanzaron fuertes reproches a la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, cuando se paró -como es su costumbre- a dialogar con los manifestantes.
Un diálogo que circuló por las redes sociales impulsado por la cuenta Egevasa-UGT (@egevasa) mediante videos que no ofrecían la secuencia completa sino parte de las respuestas de Oltra y de su jefe de Gabinete, Miquel Real. En este punto, cabe destacar que ese perfil de Twitter se creó esta misma semana y viene dirigiendo sus ataques principalmente sobre la vicepresidenta del Consell, pese a que entre sus competencias no se incluye las de relacionadas con las cuestiones hídricas.
Sí es cierto que Compromís, desde la Conselleria de Medio Ambiente, especialmente en la etapa del secretario autonómico, Julià Álvaro, se vienen planteando cambios en la gestión de las 59 depuradoras que afectaban a Egevasa, empresa mixta controlada en un 51% por la Diputación de Valencia (presidida por el PSPV-PSOE) y en un 49% por Aguas de Valencia.
En los últimos meses, la conselleria de Compromís ha pisado el acelerador en su objetivo de licitar la gestión de las mencionadas 59 depuradoras, un proceso en el que se ha topado con la oposición de los trabajadores de la compañía (que cuenta con cerca de 400 empleados), principalmente por el temor de que un eventual cambio en el gestor de las estaciones depuradoras repercuta negativamente en sus condiciones laborales.
Con este escenario, Oltra recordó este viernes que el acuerdo de explotación entre la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales (Epsar) -dependiente de Medio Ambiente- y la Empresa General Valenciana del Agua S.A. (Egevasa) -de la Diputación- acaba previsiblemente en agosto de 2019, ya que establece que finalizará con la construcción de la última depuradora. En esta línea, la vicepresidenta puntualizó que tanto el Consell Jurídic Consultiu (CJC) como la Abogacía de la Generalitat apuntaron la existencia de "dudas legales para su prórroga" y que "ya no vale un convenio interadministrativo". "En Egevasa, la mitad menos uno está privatizada, y eso sería dar ventajas a una empresa y no favorecer la competencia", sentenció Oltra.
Respecto a las protestas de este viernes, lo airado de las mismas, el especial enconamiento con Oltra en la cuenta de Twitter de reciente creación y con destacados dirigentes del PP como seguidores, la ausencia de crítica a la Diputación y la cobertura de UGT a las protestas, despertaron los recelos de Compromís respecto a la naturaleza del encontronazo que tuvo la vicepresidenta con los manifestantes.
La desconfianza entre los dos socios del Consell y principales actores del Pacto del Botánico, PSPV y Compromís, ya había saltado a la escena pública a lo largo de la semana. La coalición ha puesto a trabajar a actores secundarios y principales en la tarea de señalar a la formación socialista como culpable de algunos de los problemas fundamentales que asolan la Comunitat Valenciana.
Es decir, desde la coalición culpan al gobierno de Pedro Sánchez de las carencias de la autonomía aunque ellos mismos hayan votado a favor de sus políticas en todos los momentos clave. Cabe recordar que Compromís respaldó la moción de censura contra Mariano Rajoy, apoyaron los Presupuestos de 2019 -que fueron tumbados por otras formaciones- o respaldaron los últimos decretos del Gobierno que también apoyaron Bildu o PNV por jugosas contraprestaciones sin que a los valencianos les tocara nada.
No obstante, Compromís ha decidido dirigir todos sus cañones hacia el PSPV poniendo como ejemplo la gestión estatal. Es decir, la coalición mete el dedo en los ojos socialistas respecto a las cuestiones que dependen de Madrid, evitando así la batalla más cruenta que se produciría si se abre un intercambio entre la gestión que se ha hecho en el Consell.
Días atrás, el primero que evidenció las discrepancias de la coalición con los socialistas y, en concreto, con Pedro Sánchez fue el alcalde de València, Joan Ribó, quien criticó con dureza que la condonación prometida por parte del PSOE respecto a La Marina no se plasmara vía decreto. Unas declaraciones que afearon tanto la candidata socialista a la Alcaldía, Sandra Gómez, como el portavoz del PSPV en el Cap i Casal, Borja Sanjuán.
No ha sido el único ejemplo de esta tensión entre los dos socios de gobierno. Esta misma semana, el jefe de Gabinete de Mónica Oltra, Miquel Real, lanzó un dardo en redes sociales claramente dirigido al partido de Ximo Puig. Así, en respuesta a unas declaraciones de Puig, el responsable de Compromís aseguró que la coalición no había votado a favor de una moción de censura para que las cosas "continuaran igual que antes".
No son los únicos ejemplos de esta misma semana. El número uno de Compromís al Congreso por Valencia, Joan Baldoví, se mostró en una entrevista concedida a Valencia Plaza esta semana "profundamente decepcionado" con el gobierno de Sánchez por no haber abordado la reforma del sistema de financiación. "No podemos depender cada año de mecanismos como el FLA", manifestó el diputado de la coalición, unas declaraciones que también molestaron notablemente en la formación socialista.