VALÈNCIA. La Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente y Cambio Climático (dirigida por Compromís) pisa el acelerador en su objetivo de licitar la gestión de las 59 depuradoras públicas que gestiona actualmente la empresa mixta Egevasa, participada al 51% por la Diputación de València (presidida por el PSPV) y al 49% por la empresa privada Aguas de Valencia (rebautizada como Global Omnium). No obstante, en este proceso se ha topado con la oposición de los trabajadores de la compañía (que cuenta con cerca de 400 empleados), principalmente por el temor de que un eventual cambio en el gestor de las estaciones depuradoras repercuta negativamente en sus condiciones laborales.
Preguntadas al respecto, fuentes de la Secretaría Autonómica de Medio Ambiente explican a este periódico que el principal motivo de la licitación de este contrato es porque así lo exige la Ley de Contratos del Sector Público al tratarse de un convenio de 1997 (cuando Egevasa era 100% pública) que lleva años prorrogándose sin que exista libre concurrencia. Según afirman, el convenio caducará el próximo mes de febrero, de modo que el tiempo apremia.
Además, según ha defendido desde el principio de la legislatura la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales (Epsar), la ausencia de licitación en la gestión de estas depuradoras ha derivado en que el ciudadano pague entre un 10% y un 20% más por la depuración del agua a través de Egevasa, un sobrecoste que la compañía mixta niega tajantemente con el argumento de que la Epsar se acoge los escenarios "más desfavorable" para juzgar todo el convenio, ofreciendo unas cifras viciadas sobre su gestión.
Y en esta batalla entre administraciones (Medio Ambiente vs. Diputación de València) y partidos políticos (Compromís vs. PSPV), el sindicato UGT-VP ha tomado partido por la actual gestión de Egevasa, según explica, por "la incertidumbre" del cambio -en caso de que Egevasa no conserve la gestión de las depuradoras en las licitaciones previstas-. En este sentido alertan en particular de la situación de entre 110 y 120 trabajadores cuya jornada está dividida porcentualmente entre diferentes estaciones depuradoras, cuya subrogación a una nueva compañía sería compleja.
Al respecto Medio Ambiente subraya que incluirá en las licitaciones cláusulas para garantizar la subrogación de la totalidad de la plantilla con las mismas condiciones laborales de las que disfrutan, y que en el caso de los mencionados trabajadores se ofrece a intermediar entre las partes (la diputación y la plantilla) para alcanzar una solución satisfactoria. En este sentido, consideran que las reuniones mantenidas hasta la fecha para abordar esta cuestión habían sido satisfactorias, y se muestran sorprendidos por la reacción de UGT convocando concentraciones.
Pero UGT-PV, lejos de validar esta solución, lo considera una incoherencia con, por ejemplo, las reversiones sanitarias para recuperar la gestión pública en los hospitales de La Rivera o Dénia. En este sentido opinan que la licitación será una privatización del servicio y que la administración autonómica debería hacer lo posible para mantener la actual gestión pública de Egevasa (pública al 51%).
A nivel laboral el sindicato ve perjudicial el nuevo modelo territorial de las licitaciones que planifica Medio Ambiente, dividido por áreas de influencia en busca de la eficiencia que no se ajustan a la actual estructura de Egevasa, y teme que, pese a las promesas, los trabajadores acaben perdiendo derechos con el cambio. En este sentido, como informó Las Provincias, los empleados se manifestarán contra el proceso este viernes y el próximo martes en la Plaza Manises (junto al Palau de la Generalitat y la sede de la Diputación).