VALÈNCIA. La presunta trama de sobornos a cargos políticos y funcionarios a cambio de beneficios para empresarios como Jaime Febrer que investiga el caso Azud se nutrió necesariamente de personajes pululantes de la administración. Conseguidores, intermediaros o interlocutores, como se les quiera llamar, que según la jueza que instruye la macrocausa habrían percibido considerables comisiones por poner en contacto a empresarios y los miembros corruptibles de la administración y presionar para conseguir el provecho de los primeros.
Dichas figuras tienen en este entramado su personificación en el cuñado de la ex alcaldesa de València, José María Corbín; y el abogado vinculado al PSPV, José Luís Vera. Las dos caras de una misma moneda, las mismas funciones de un mismo sistema, los mismos mecanismos de aprovechamiento. La magistrada y la UCO los dibujan como piezas aparentemente vaporosas -estaban aquí y allá, bien gestionando una permuta, bien la adjudicación de una contrata- pero necesarias en un engranaje donde actuaban como nexos imprescindibles.
Ambos dos "desarrollaban sus influencias políticas y familiares", explica la jueza, en este último caso en referencia a Corbín, cuñado de Rita Barberá. El objetivo: "la obtención de los fines del Grupo Axis", el conglomerado empresarial que dirigía el promotor Jaime Febrer. Aunque también Corbín habría intervenido en favor de otras empresas como Acciona, Cleop, Secopsa o Cyes. En todo caso, tanto uno como otro habrían empleado una misma manera de hacer para sacar provecho, según los autos.
El sistema habría consistido en cobrar honorarios a las compañías interesadas en influir en la administración. ¿Cómo? "Confeccionaban y suscribían contratos ficticios" con las empresas. Contratos que "no obedecían a la realidad" pero que "permitían la canalización de los pagos de dichas comisiones". Al no ser ninguno de los dos funcionarios públicos, tenían las manos libres para firmar estos contratos.
En la gran mayoría eran contratos de asesoría, cuyos servicios en la práctica no se llevaban a cabo. Y mediante esta vía, en total, Vera habría percibido cerca de 1,3 millones de euros y Corbín, 600.000 euros. Todo ello independientemente del dinero en efectivo que pudieran cobrar fuera de los canales contractuales, asegura la juez en el sumario de la causa, al que ha tenido acceso este diario.
La operación urbanística en la que ambos habrían sido partícipes fue la conocida como "asunto colegios", según las anotaciones del empresario Febrer. Se trató, como publicó Valencia Plaza, de una permuta en la que una empresa de Febrer asumía el pago de una deuda del Ayuntamiento de València con varios colegios religiosos a cambio de recibir varios solares municipales para construir viviendas. Una maniobra tutelada en el seno del consistorio por el concejal Alfonso Grau, que habría resultado en un pelotazo de unos 19 millones de euros para el empresario.
Según las anotaciones de la empresa de Febrer como "costes de la operación", se habría acordado una comisión de 150.000 euros a Vera -50.000 de los cuales, mediante un contrato- por "asistir y propiciar" un encuentro entre el promotor urbanístico y el concejal socialista Rafael Rubio, que también habría cobrado otra comisión, para que "no hubiese escollo alguno" en la operación. Corbín habría percibido otros 25.000 euros según las anotaciones.
Uno de los negocios en los que se metió Febrer fue el desarrollo de vivienda protegida. Para ello contrató tanto a Corbín como a Vera, en ambos casos con contratos similares por 3.000 euros mensuales más IVA. Y lo hacían a través de compañías como Vera Llorens SLU en el caso de Vera y el despacho Corbín Abogados en el caso de Corbín. "La única diferencia de ambos contratos", señala la jueza, "es el ámbito territorial" al que estaban dirigidos.
Así pues, el cuñado de Rita Barberá tenía su ámbito de actuación restringido a la localidad de València. Aquí fue contratado por Febrer para, en primer lugar, intentar poner en marcha una empresa mixta de vivienda protegida con el Ayuntamiento de València, iniciativa que fracasó; y más tarde para presuntamente 'cocinar' concursos públicos para el desarrollo de vivienda protegida. La juez subraya que, por estos servicios, Corbín cobró más de 156.000 euros.
En el caso de Vera, la Guardia Civil halló un borrador de contrato de 3.000 euros mensuales similar al de Corbín que "hacía una referencia genérica a toda la Comunidad Valenciana". Tanto es así que el empresario remitió al conseguidor socialista todo un listado de municipios en los que se resaltaban aquellas localidades por las que tenía "una mayor preferencia" en este negocio.
En este documento constaban desde el partido político y la identidad del alcalde, hasta el nombre de concejales de urbanismo, secretarios y arquitectos municipales. De esta manera se intentó 'cocinar' un concurso público en Burjassot, según la juez, cuya adjudicación no ha podido ser determinada aún por la investigación. Tampoco si se acabó firmando el contrato entre Vera y Febrer. Con todo, sí suscribieron otro de similares características para la modificación del Plan General por el que Vera habría cobrado al menos 174.000 euros.
El abogado vinculado al PSPV también habría jugado un papel "predominante" en un desarrollo urbanístico en Xixona, donde el empresario Febrer tenía intereses económicos. Según la juez, Vera tiró de sus contactos e hizo de intermediario entre el consistorio y Acuamed para dar una solución hídrica ante los problemas del sector urbanístico en cuestión, y con ello el empresario Febrer pudo realizar cambios en el convenio hídrico "a sus intereses". Y aunque finalmente el cambio de gobierno municipal bloqueó el desarrollo, Vera habría cobrado 560.000 euros en comisiones en este caso, según la juez.
Benicàssim también fue campo de actuación del mediador socialista, donde intervino para facilitar la firma de un convenio en 2007 entre la compañía de Febrer Nou Biourbanisme y la Orden de los Carmelitas y obtener un "aprovechamiento urbanístico" en el plan de Ciudad del Ocio que "de otro modo no se hubiese conseguido", según la juez. También propició encuentros con el entonces alcalde, Francesc Colomer. Y por todo ello percibió más de 300.000 euros.
Por otro lado, el conglomerado empresarial de Febrer también incluyó a Vera entre los agraciados de sus "regalos de Navidad". Así, en esa relación aparecía junto a las siglas "PSOE" y el abogado recibió cajas de vino y Champagne francés en la sede del PSPV, entonces ubicada en la calle Blanquerías, tal como asegura la magistrada.
Entre los negocios del cabecilla de la trama, el empresario Febrer, no sólo estaba la vivienda, también en 2010 impulsó la construcción, en una parcela pública, de un hospital privado universitario junto a la Universidad Católica. Y en connivencia con Grau, habría amañado el concurso para que casi únicamente pudiera presentarse su proyecto, según el relato de la juez. En esta operación, las empresas de Febrer pagaron a Corbín más de 63.000 euros.
También el cuñado de la ex alcaldesa recibió otros 224.000 euros por presuntamente hacer de mediador entre los empresarios que habían comprado la mayoría del sector del PAI del Grao -donde se celebró la Fórmula 1- y Rita Barberá. Y medió para facilitar la victoria de la UTE integrada por la compañía de Febrer, Gesmed y Solimar en el concurso del contrato del servicio de ayuda a domicilio, si bien aquí la jueza no especifica una comisión.
