Vía libre: el acuerdo por la manzana de Tabacalera cumple sus primeros trámites

VALÈNCIA. -El Diari Oficial de la Generalitat ha publicado este lunes un acuerdo de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de València del pasado 14 de septiembre que constituye un paso más en la solución del conflicto de Tabacalera. Se inicia ahora el proceso de exposición pública del proyecto, para lo que se abre una ventana de 45 días. La Junta de Gobierno aprobó ese día la evaluación ambiental para la modificación puntual del PGOU que permitirá al Ayuntamiento de València recuperar todo el terreno como dotación pública y compensar a coste cero a la constructora del pelotazo de Tabacalera, ofreciéndole dos terrenos públicos a cambio de que no construyan el bloque de viviendas inicialmente pactado junto a Tabacalera.

El consistorio ha desestimado las alegaciones, observaciones y sugerencias presentadas por los afectados. Desde el punto de vista del Ayuntamiento, la modificación “no tiene efectos significativos sobre el medio ambiente” y considera como alternativa más idónea medioambientalmente la primera presentada por el consistorio.

El procedimiento contempla someter el proceso a información pública durante un plazo de mes y medio a contar a partir de la publicación este lunes en el DOGV. El edil de Desarrollo Urbano, Vicent Sarrià, señaló que la documentación sometida a información pública se insertará en la página web del Ayuntamiento de València y estará a disposición del público en la Oficina Municipal de Información Urbanística, en la planta baja de Tabacalera, en la calle Amadeu de Savoia número 11.

Además, se solicitará un informe a la Dirección General de Cultura y Patrimonio y a la Dirección General de Aviación Civil, así como a las entidades suministradoras de los servicios públicos urbanos que pudieran resultar afectadas. Se requerirá asimismo el documento a los servicios municipales consultados en la fase de evaluación ambiental. Según avanzó el concejal, recibirán un comunicado sobre el inicio de la fase de consulta los alegantes y los personados como interesados en la fase ambiental, así como a la Asociación de Vecinos de L’Amistat, Colectivo Salvem Tabacalera e Inmobiliaria Guadalmedina, SA.

Acto de trámite, el acuerdo tiene también una fecha de caducidad de cuatro años. En el caso de que el órgano promotor, en este caso Guadalmedina, no llevará a cabo el acuerdo en este tiempo, debería iniciar nuevamente el procedimiento desde el principio. En el Ayuntamiento esperan ahora las alegaciones. Tras contestarlas, se irá a la aprobación provisional. Con todo, en el Ayuntamiento apuntan que falta aguardar a las alegaciones, ya que no se puede descartar que éstas cambien el sentido del acuerdo.

Suelo escolar y verde a cambio de retirarle un edificio 

El acuerdo por Tabacalera contempla el Ayuntamiento ofrezca a la promotora dos pastillas de terreno público, una de suelo escolar y la otra de zona verde, a cambio de retirarle la edificabilidad de la parcela que le correspondía a la empresa junto a Tabacalera.

De las dos pastillas que ofrece el consistorio, la más pequeña corresponde a una parcela ubicada en la confluencia de las calles Penya-Roja y Río Escalona. Es un solar de más de 1.180 metros cuadrados de forma triangular que por sus propias características no se puede emplear para construir colegios. Guadalmedina tiene derecho a construir aquí 7.400 metros cuadrados de suelo techado, en un edificio que como máximo puede tener 10 alturas.

La segunda parcela que se le dará a la empresa formaba parte de una gran zona verde prevista en la calle 3 de abril 1979, junto a las naves de Cros. Este solar, 1.680 metros cuadrados, podrá albergar un edificio con 8.700 metros cuadrados de techo, distribuidos en un máximo de 13 alturas. Desde el consistorio insisten en recordar que no se elimina la zona verde, ya que seguirá “quedando un parque de más de 7000 metros cuadrados”.

Igualmente, desde el Ayuntamiento recordaron que estas dos cesiones se hacen, dicen, para que no le cueste al consistorio nada el cumplimiento de la sentencia del TSJCV, ya que no si compensaba con estos dos terrenos a la inmobiliaria se debería hacer económicamente. En este sentido, Sarrià valoró esta compensación monetaria en 45 millones de euros, cantidad que el consistorio no podría afrontar fácilmente.