La política de vivienda social del Gobierno del Botànic apenas da soluciones a las familias desfavorecidas, por la ineficiencia de la Administración, los reveses judiciales y la falta de personal
VALÈNCIA.-Mayo de 2015. La izquierda vuelve a la Generalitat tras veinte años de rodillo del PP. La sucursal valenciana del PSOE, el PSPV, y Compromís, un partido valencianista que toca poder tras años, décadas, de travesía en el desierto, esconden las navajas y llegan a un acuerdo, con el apoyo externo de Podemos, para sacar a la Comunitat Valenciana del marasmo. La corrupción, el nepotismo y el gobierno ineficiente para unos pocos son cosas del pasado. Las prioridades son otras: economía verde, reindustrialización sostenible, transparencia, más cuidar a la gente y menos boato (léase gasto suntuario estilo asesores y coches oficiales). En resumen, ‘rescatar personas’ (y no bancos, como hizo Mariano Rajoy), el lema de feliz creación de uno de los espabilados spin doctors de Compromís. La vivienda, por supuesto, tenía una importancia capital en ese plan. No tan lejos quedaba la devastadora debacle inmobiliario-financiera de 2008 y sus terribles efectos sobre muchos valencianos.
Febrero de 2020, 56 meses —cinco años y medio— de la llegada de Ximo Puig y Mónica Oltra al Consell. Desahucios: 50.000. Viviendas proporcionadas por la Generalitat Valenciana a los desahuciados: dieciocho. ¿Viviendas expropiadas a la banca para atender situaciones de ‘emergencia habitacional’? Cero. ¿Casas requisadas a los grandes tenedores de viviendas para arropar a los desfavorecidos? Cero. ¿Viviendas públicas de nueva creación puestas al servicio de los más vulnerables? Cero. ¿Viviendas construidas mediante la colaboración de la Administración y el sector privado? Cero. Entre medias, el mercado inmobiliario se ha recuperado. En València, el alquiler, según la oficina estadística municipal, se ha disparado un 32% entre 2015 y 2018. En algunos barrios, como Benimaclet, las subidas huelen a burbuja: un 60% en dos años, según un informe de la Asociación de Inmobiliarias de la Comunitat Valenciana (Asicval) hecho público en enero. La venta va, aun con más modestia, por caminos parecidos.
¿Qué ha pasado para que las proclamas contra los especuladores, la banca, los poderes fácticos, los constructores, los promotores y sus aliados de la derecha —antes el PP, ahora PP, Ciudadanos y Vox— no hayan cedido paso a una política más amable para el ciudadano de a pie, de nuevo cabreado por la dificultad para encontrar un techo digno? Varios factores. Al menos, la coyuntura internacional, con los bancos centrales proporcionando crédito al sistema financiero con tipos de interés hasta negativos: cierta recuperación tras los años de plomo de la crisis; la dificultad de intervenir el mercado privado y los problemas coyunturales e ineficiencias de la Administración. No es lo mismo predicar que dar trigo. Es más fácil prometer el inicio de una nueva era que arbitrar soluciones rápidas para levantar casas, un asunto complejo y lento. Según afirma Alfredo Castelló, diputado del PP en las Cortes Valencianas, la Generalitat solo ha proporcionado un techo al 0,036% de las 50.000 familias desahuciadas desde la llegada al poder de PSOE y Compromís, en verano de 2015.
Es indudable que ciertos factores escapan del control de una Administración Autonómica, la Generalitat, con apreturas financieras. Es la más endeudada de España en términos relativos —situación forjada durante la etapa del PP— y sufre de déficits crónicos. No puede contratar personal con alegría por las limitaciones económicas y la regulación estatal, que constriñe las altas de nuevos funcionarios como medida para controlar el gasto público. Además, las dinámicas del mercado no son siempre domeñables. Es más, el Tribunal Constitucional anuló algunos apartados de la iniciativa estrella del Consell en esta materia, la Ley Social de la Vivienda aprobada en 2017. Por ejemplo, aquellos en los que la Administración pretendía regular la expropiación temporal de viviendas de grandes tenedores (bancos o inversores con más de diez casas desocupadas) para favorecer a personas vulnerables. La fuerte demanda de pisos en las grandes ciudades —contrapunto de la España que se vacía— y el fenómeno del alquiler turístico son tendencias globales, ajenas a la política de un ejecutivo regional.
Así las cosas, ¿qué puede hacer la Generalitat? Milagros no, pero según Alberto Aznar, director general de la Entitat Valenciana d’Habitatge i Sòl (EVha), un departamento integrado en una conselleria ahora gestionada por Podemos, se ha trazado un rumbo que debería dar frutos a medio plazo. «Hay que recordar de dónde se parte y cuál es el rumbo actual. La legislatura anterior fue la de cambio total del paradigma en materia de vivienda que lideró María José Salvador, exconsellera de Vivienda, para comenzar a considerarla como un derecho fundamental tras veinte años donde a nivel autonómico, sencillamente, no existió política de vivienda. Esto se materializó en dos ámbitos: a nivel legal, con la aprobación de un nuevo marco jurídico (la Ley de Función Social de la Vivienda); y a nivel ejecutivo, comenzando a rehabilitar y regenerar el parque público: se han hecho rehabilitaciones globales en el parque público y se han reparado más de 1.400 viviendas».
La Generalitat tiene 14.000 viviendas sociales, la mayoría en régimen de alquiler. De ellas, 1.200 están ocupadas («tienen algún tipo de irregularidad o morosidad», en palabras de Aznar). Castelló eleva esa cifra a 1.800. «Okupadas con ‘k’, es decir, ilegalmente, unas 1.200, y cuando el PP dejó el Consell, en 2015, según el informe del EIGE (rebautizada como Evha) había 498. Simplemente desocupadas por no tener las condiciones y requerir obras hay 622, según las cifras oficiales de noviembre de 2019. Conclusión: hay 1.822 viviendas del parque público sin adjudicar, un 13%».
Deastascar ese problema para beneficiar a quién más lo necesite no es fácil, recuerda Aznar. «Ese parque está en diferentes fases de regularización en colaboración con servicios sociales para evitar desalojos donde la familia no tenga alternativa habitacional, con el difícil equilibrio de conjugar este principio con la no tolerancia de nuevas ocupaciones por personas que tengan algún tipo de alternativa proporcionada por la administración».
Alfredo Castelló, diputado del pp: «La Generalitat solo ha proporcionado un techo al 0,036% de las 50.000 familias desahuciadas desde 2015»
La regularización a la que alude Aznar es compleja. Valga el caso del Bloque de los Portuarios, un edificio del Cabanyal (València), construido hace 65 años para trabajadores del puerto. Una mole de 70 metros de longitud y siete pisos de altura que tuvo la desgracia de estar en la proyectada y, finalmente, la malograda, prolongación de la avenida Blasco Ibáñez hasta el mar. Lleva tres décadas en un limbo legal, pues la última ordenación urbanística prevé otros usos para su suelo por lo que ha sufrido dos décadas de abandono. Nadie quería invertir en un edificio que estaba destinado a ser arrasado por los bulldozers que iban a facilitar la, para muchos anacrónica y megalómana, conexión del centro de València con la playa que impulsaba Rita Barberá.
El Ayuntamiento de València se dirimía entre su derribo —algunos técnicos aludían a sus problemas estructurales— y su rehabilitación —otros aseguraban que reformas menores serían suficientes— durante el mandato pasado, pero ninguna decisión se ha tomado. Mientras, un tercio de los pisos (58) está ocupado. Muchos son de las administraciones: la Generalitat tiene allí 36 viviendas, una sociedad municipal (Plan Cabanyal) 34, y el Ayuntamiento, siete.
Las soluciones llegan con lentitud, pero virar el rumbo de un barco grande no es fácil, cree Aznar. «Durante la crisis económica la vivienda dejó de ser una prioridad (equivocadamente), y con la recuperación y su encarecimiento es urgente aumentar los recursos humanos y económicos. Creo que es necesario dotarse de los medios adecuados para que la Generalitat pueda, por una parte, rehabilitar el parque público de vivienda y, por otra, desarrollar, en colaboración con el sector privado, vivienda en alquiler asequible para jóvenes y rentas medias». A la espera de esos recursos, los resultados son escasos.
El Plan 2018-2020 que desarrolla la tan publicitada como ambiciosa ley de vivienda va camino del fracaso, según Castelló. «Solo se ha hecho el ridículo. Los convenios con entidades financieras se remontan a cuando Isabel Bonig [actual líder del PP] era consellera en 2012 y las modificaciones han sido mínimas desde entonces. De nueva construcción no hay nada en absoluto, ni una sola nueva vivienda. Y la construcción en colaboración con el sector privado, igual. Se puso en marcha en 2018 un concurso de venta de suelo público a cooperativas, que está pendiente de la firma en cuatro de los solares afectados, el resto ha quedado desierto. Esta vivienda estará disponible no antes de 2022 y probablemente 2023 o 2024... si se hace».
Aznar asegura que se está trabajando: «A día de hoy se han firmado tres convenios con tres entidades financieras para la cesión de viviendas. Uno con La Caixa, que prevé la cesión de unas quinientas viviendas para atender casos de vulnerabilidad social, algunos de los cuales podrían ser susceptibles de desalojo, por lo que asumir la gestión pública de estas viviendas supone actuar de forma preventiva frente a posibles desahucios. Y otros dos, con Sabadell y con la Sareb [el banco malo que, con dinero público, asumió activos tóxicos de la banca], específicos para atender a personas afectadas por la DANA de septiembre de 2019 en Alicante, que prevé llegar hasta las cien viviendas».
La Generalitat, de hecho, parece haber abandonado la vía de la expropiación, tanto por la sentencia contraria del Constitucional como por las dificultades prácticas de llevarla a cabo y por las diferencias de filosofía en un gobierno tricolor. Es sabido que el PSOE (ampliación del Puerto de Valencia, instalación de nuevos centros comerciales, relación general con las patronales...) tiene una visión menos crítica de la iniciativa privada y de las fuerzas del mercado que sus socios de Compromís y Podemos. El enfoque ahora parece más posibilista. «La directriz con la que trabajamos es colaborar con los bancos de forma que se puedan encajar las casas vacías de las que tienen que deshacerse los grandes tenedores con la Administración, que tiene demandantes que necesitan vivienda».
Alberto Aznar, director general de vivienda «Limitar el precio del alquiler puede no ser la respuesta más eficiente para solucionar los problemas de acceso a la vivienda»
Ahora, el control del precio de los alquileres, una política defendida por Compromís y Podemos, tampoco se vislumbra. Aznar, licenciado en Derecho y Ciencias Políticas e investigador en la Universitat de València, donde inició un doctorado sobre vivienda, plataformas digitales y alquiler, no es, a título personal, favorable a la medida: «En mi opinión limitar el precio del alquiler puede no ser la respuesta más eficiente para solucionar los problemas de acceso a la vivienda. De darse, no ha de ser algo generalizado, sino específico y bajo condiciones determinadas».
El análisis académico señala la problemática y efecto contraproducente de prohibiciones y limitaciones, que llevan a la aparición de un mercado negro de complejo control. Descartada esa medida, el director general de la EVha —«esto es algo que me afecta y que tiene mucho de generacional» [tiene 32 años], dice— adelanta sus propuestas: movilizar la vivienda vacía a través de incentivos fiscales, rehabilitación o seguro de impago y ampliar el parque de vivienda en alquiler asequible en colaboración público-privada, entre otras. «Estas políticas requieren de un aumento considerable de los medios humanos y económicos para poder implementarse, y en esa línea se está trabajando», añade.
Castelló, como toda oposición que se precie, es escéptico: «La política de vivienda del Gobierno valenciano es la viva imagen del fracaso y la decepción». Los números son fríos. La conselleria del ramo es la que más aumentó su presupuesto en 2019, un 32% hasta los 516 millones de euros. Sin embargo, el gasto real —ejecución, en la jerga administrativa— apenas superaba el 10% en octubre de ese año. El responsable de la materia, Rubén Martínez Dalmau, vicepresidente de la Generalitat en representación de Podemos, habla de un nuevo paradigma: acceso a la vivienda, regeneración urbana y rehabilitación, todo desarrollado bajo criterios sostenibles.
Mientras, en la Comunitat Valenciana el parque público de viviendas es del 1%, por un 20% de media en Europa y un paupérrimo, para el estándar de nuestros vecinos, 3% en España. Gran parte de él, en un guiño sarcástico de la historia, construido durante la dictadura de Franco.
* Este artículo se publicó originalmente en el número 62 (febrero 2020) de la revista Plaza