Vivienda, turismo, movilidad y la relación con Vox: Catalá se enfrenta a su primer Debate de la Ciudad

VALÈNCIA. Este lunes se celebrará el primer Debate del Estado de la Ciudad de València [seguir aquí a partir de las 10:00] después de las elecciones del pasado mes de mayo, que permitieron a la popular María José Catalá acceder a la Alcaldía. Un cambio en el ejecutivo local, en principio monocolor del Partido Popular y desde el pasado otoño en coalición con Vox, que prometía un giro de timón en muchas políticas municipales. Además de lo ordinario -limpieza, impuestos, etcétera-, el debate local hoy día gira en torno a sonoros problemas, como el difícil acceso a la vivienda, el diseño de los desarrollos urbanísticos por culminar, los cambios -o descambios- de la movilidad urbana y la gestión de la saturación turística.

Uno de los puntos calientes del debate será precisamente el turístico. El crecimiento progresivo y, según el propio Ayuntamiento, desmesurado de los apartamentos turísticos en el Cap i Casal ha puesto en el centro de la conversación municipal los posibles límites al sector. Por el momento, en mayo el pleno aprobó, a instancias del gobierno local, una moratoria de un año en la mayoría de la ciudad. Una herramienta que, según Compromís y PSPV, que gobernaron hasta 2023, debería haberse aprobado antes.

La suspensión de licencias, que también afecta a nuevos hoteles, debe servir para que la concejalía de Urbanismo fije unas nuevas normas urbanísticas con límites adicionales a los pisos turísticos. En ese sentido, el departamento que encabeza Juan Giner todavía no ha desvelado cómo se van a articular estas medidas, por lo que la oposición le reclama celeridad -incluso la revocación de las licencias existentes- y solicitan la implantación de la tasa turística, a la que el ejecutivo local se niega "por ahora" y que, cabe recordar, suprimió el Consell de Carlos Mazón.

Hay otros frentes abiertos en materia de turismo. La alcaldesa ya ha anunciado que a partir de 2026 se suprimirá la llegada de 'macrocruceros', por el tipo de turismo que atraen y su cuestionable impacto en la ciudad. Una decisión que no ha gustado al sector empresarial de la ciudad, mientras que Compromís y socialistas se han mostrado incrédulos sobre el anuncio, y exigen que se aclare la distinción entre los cruceros y los macrocruceros.

Vivienda, urbanismo y movilidad

Como en el resto de grandes ciudades, la vivienda es otro campo de batalla, habida cuenta del incremento sustancial de los precios del alquiler y los problemas de acceso a ella, especialmente por parte de los jóvenes. En este año, el gobierno local ha anunciado un plan municipal para engrosar el parque público con 1.000 viviendas b diferentes mecanismos.

Además de la construcción directa -el anterior gobierno ya preveía la construcción de 327 pisos de alquiler asequible por la empresa municipal Aumsa-, ha puesto en marcha la permuta de suelo con promotores, la cesión temporal de derechos de superficie a constructoras -cuestionada en los últimos días por eximir de un canon a los adjudicatarios y por los estudios económicos previos- y la adquisición directa de vivienda, incluso mediante el decreto de tanteo y retracto que los populares llevaron a los tribunales desde la oposición.

El bloque de izquierdas no ha parad9 de recordar durante este año que parte de las viviendas anunciadas por el gobierno local ya estaban en tramitación con el anterior, dirigido por Joan Ribó (Compromís) y la portavoz socialista, Sandra Gómez, al frente de la concejalía de Urbanismo. Además, ha criticado con dureza las estrategias de colaboración público-privada, al considerar que el Ayuntamiento estaba "entregando" a los promotores privados las políticas de vivienda municipales, y ha reclamado sin éxito la aplicación de la Ley de Vivienda para controlar los precios.

Durante este año, por otro lado, se han desbloqueado importantes desarrollos urbanísticos que el gobierno local anterior dejó en el aire. Uno de ellos, el PAI de Benimaclet, desarrollado por Metrovacesa, ya ha conseguido el visto bueno de la Generalitat Valencina y prosigue por los últimos estadios administrativos antes de su aprobación definitiva. El PAI del Grao, donde el anterior ejecutivo preveía un "delta verde" conectado con el antiguo cauce del río Túria, la concejalía de Urbanismo ha proyectado la prolongación de la Alameda, una de las promesas del PP en campaña electoral.

La reversión de los cambios en la movilidad de la calle Colón, la suspensión temporal del proyecto de la Plaza del Ayuntamiento y las modificaciones de otras iniciativas, como el mantenimiento del túnel de Pérez Galdós o la proyección de más carriles privados en el futuro Bulevar García Lorca (sobre las actuales vías ferroviarias, ya en proceso de soterramiento), marcarán el debate en materia de movilidad, junto con medidas a implantar todavía como la Zona de Bajas Emisiones.

Grandes Proyectos... y Vox

Por otra parte, durante el primer año del mandato, el gobierno municipal ha intentado desenmarañar grandes proyectos pendientes en la ciudad. No hay que olvidar que el Consorcio Valencia 2007, que hasta ahora había dirigido La Marina, sigue en fase de liquidación. En ese sentido, mientras avanza su disolución -la oposición reclama subrogarse a la decena de empleados que quedan- el Ayuntamiento prepara desde finales del año pasado la constitución de un órgano de cooperación con el Puerto para la gestión de los espacios que constituyen La Marina, excepto los amarres que los explotará una nueva concesión.

Otro de los asuntos calientes de la ciudad en este último año ha sido el Nou Mestalla, el nuevo estadio del Valencia CF, que recibió en julio la licencia para retomar las obras de construcción, y cuya situación urbanística finalmente ha quedado clarificada tras acudir el PP a los grupos de Compromís y PSPV para alcanzar un acuerdo, sin el apoyo de Vox. Este, de hecho, ha sido un punto de fricción entre los populares y los voxistas, dirigidos por su portavoz Juanma Badenas, que se negaban de plano a otorgar ningún beneficio al principal accionista del club, Peter Lim.

Tanto el mediático caso del nuevo coliseo como las políticas en materia de empleo femenino han protagonizado las principales disputas entre ambas alas del gobierno. Badenas, responsable de la agencia municipal de trabajo Valencia Activa, retiró con el apoyo de los populares la referencia de los estatutos de la entidad a la necesidad de promover políticas activas de empleo dirigidas expresamente a mujeres, así como las ayudas con esta finalidad.

En este caso, sin embargo, Catalá asumió el compromiso de llevar a cabo estas políticas desde la concejalía de Igualdad, que controlan los populares, pero la coalición mostró sus costuras cuando Vox abandonó el pleno del pasado mes de marzo tras un rifirafe con sus socios, lo cual dejó en el aire -hasta el mes siguiente- la aprobación de notorias modificaciones presupuestarias. Una crisis que se relajó durante los meses siguientes, pero se vio sorprendida por la ruptura de los gobiernos autonómicos, decidida por Santiago Abascal. Por el momento, el de la ciudad de València resiste.

Pleno extra por la caja 'B'

Desde Compromís, su portavoz, Papi Robles, criticó esta semana que Catalá haya convocado "con sólo una semana de antelación" la sesión para analizar la situación de la capital valenciana. "Esto demuestra que la alcaldesa del PP quiere pasar de puntillas por un pleno que debería ser fundamental para debatir sobre cómo está ahora nuestra ciudad, los principales problemas y retos que estamos afrontando" y también en torno a "la València hacia dónde queremos avanzar" y "el proyecto de ciudad de futuro", apuntó Robles. Igualmente, censuró "las pocas ganas de trabajar" de la primera edil y señaló que "no quiere rendir cuentas ni a la oposición ni a la ciudadanía".

Por parte del PSPV, su portavoz, Borja Sanjuán, ha avanzado, también esta semana, que en el Debate sobre el estado de la ciudad exigirá a María José Catalá que "rectifique y devuelva el protagonismo a los vecinos, a los que ha dado la espalda para poner en el centro de su acción política a los especuladores y a los que conciben València como un negocio". Además, ha lamentado "la mala praxis democrática" del ejecutivo de PP y Vox "por tratar de utilizar" esa sesión "para intentar tapar el pleno extraordinario sobre la corrupción del PP" que había solicitado Compromís.

Además del ya instaurado Debate del Estado de la Ciudad, el gobierno municipal estaba obligado a convocar el debate solicitado por Compromís sobre la financiación irregular de los populares, a raíz de la sentencia de la Audiencia Provincial de julio donde condenaba a cuatro años y seis meses de prisión al exvicealcalde popular Alfonso Grau . En ese sentido, el ejecutivo ha decidido encajar ambas convocatorias el mismo día, una detrás de otra.