Volkswagen aprieta

En el ensayo Estados Unidos de Amazon, subtitulado "La historia del futuro que nos espera", Alec MacGillis desvela de una forma casi periodística, con historias de gente anónima, cómo la multinacional fundada por Jeff Bezos ha ido consolidando su negocio menos conocido, el de los centros de almacenamiento de datos, también conocido como cloud computing o 'la nube'. Su filial Amazon Web Services (AWS) es líder mundial en este sector con casi la mitad del mercado, seguido de lejos por Microsoft, Google e IBM. Esta línea de negocio no ha dejado de crecer y supone ya el 16% de la facturación de Amazon.

AWS es cada día más grande y más poderosa, y ese poder lo utiliza para ganar más dinero a base de doblegar la voluntad de gobernantes locales, que le ceden terrenos, adaptan las ordenanzas a sus necesidades pisoteando los derechos de los vecinos, le rebajan el precio de la electricidad, le eximen de pagar impuestos durante años, pasan por alto el impacto de las ingentes necesidades de energía de los data center o hacen la vista gorda a sus condiciones laborales leoninas, todo ello a cambio de albergar una de las instalaciones del gigante informático. En el primer semestre de 2022, el grupo Amazon registró pérdidas de 5.872 millones de dólares, pero su división AWS facturó 38.180 millones y obtuvo un beneficio de 12.233 millones.

Entre las muchas historias que relata MacGuillis, la de los vecinos de un modesto barrio de afroamericanos descendientes de esclavos cerca de Washington DC, que consiguieron hacer rectificar a las autoridades, que iban a permitir a AWS construir una línea de alta tensión que partía en dos el barrio para alimentar uno de sus data center. Al final,  ganaron, el tendido se lanzó por una ruta más larga pero las autoridades cedieron ante AWS en dos nuevas peticiones: una tasa mensual a pagar por todos los contribuyentes para financiar esa línea para un solo cliente y una reducción en el precio de la electricidad que necesitaban sus centros de datos.

Y no solo hay entreguismo institucional por los centros de datos. Cuenta MacGuillis que en septiembre de 2017 la compañía de Bezos crecía tanto y con tantos beneficios, que anunció la apertura de una segunda sede –denominada Amazon HQ2– que complementase la de Seattle, en el estado de Washington. La nueva sede conllevaría una inversión de 5.000 millones de dólares y acogería a 50.000 empleados con un sueldo medio de 150.000 dólares. Para escoger la ciudad afortunada, la compañía abrió un proceso de selección, "una especie de Operación Triunfo de ciudades compitiendo por el cariño del público, en este caso de Amazon".

En realidad, la compañía llevaba décadas perfeccionando la práctica de obtener prebendas municipales o estatales a cambio de instalar centros logísticos o de datos. La novedad fue convertir el proceso en un espectáculo, en el que surgieron ofertas como eximir de la tasa de animales domésticos a los empleados de Amazon o añadir a los convoyes del metro un vagón exclusivo para la empresa. El municipio de Stonecrest (Georgia) ofreció cambiar su nombre y pasar a denominarse "Amazon". Quedaron 20 finalistas, a cuyas autoridades se exigió que sus ofertas fueran confidenciales. Entre las que se filtraron, Columbus (Ohio) ofreció 2.000 millones de dólares, su vecina Newark elevó la puja a 7.000 millones y Chicago se prestó a entregar a Amazon, cada año, los 1.320 millones que calculaba que recaudaría del impuesto sobre la renta de sus empleados.

Las ofertas eran tan ventajosas, que Amazon decidió dividir el HQ2 entre Nueva York y Arlington (Virginia), pero la fuerte oposición de varios colectivos en la Gran Manzana hizo que la compañía acabara descartando Nueva York. Fueron colectivos advertidos por vecinos del HQ1 en Seattle, donde la presencia de Amazon con muchos empleados de renta alta ha provocado grandes desigualdades y problemas de acceso a la vivienda para buena parte de la población; entre otras causas, porque en el estado de Washington no existe el impuesto sobre la renta –no por casualidad Bezos tiene de vecino a Bill Gates– y porque cuando la ciudad aprobó hace varios años crear un impuesto a las empresas para reducir estas desigualdades, el fundador de Amazon se encargó de 'convencer' a siete de los nueve concejales para que, dos meses después, rectificaran su decisión y eliminaran el impuesto.

El libro de MacGuillis no habla solo de Amazon. De hecho, su título en inglés –Fulfillment. Winning and Losing in One-Click America– no cita por su nombre la empresa de Bezos. Habla también de Google, Microsoft, Meta… grandes corporaciones con poder suficiente para exigir a gobiernos de todo el mundo cesiones que les colocan en una situación ventajosa respecto a su competencia, además de hacerles ganar más dinero.

En València tenemos los recientes ejemplos de Ford y Volkswagen. Ford acaba de culminar un proceso parecido al concurso del Amazon HQ2 pero a la inversa, con una vergonzosa competición entre Almussafes y Saarlouis (Alemania) para elegir cuál de las dos factorías cerraba y dejaba en la calle a miles de trabajadores. Una operación triunfo en la que la multinacional retrasó durante meses el the winner is…, teniendo la decisión tomada, para seguir apretando a unos gobiernos que no sabemos lo que llegaron a ofrecer porque todo era confidencial. De manera que la victoria española se celebró como si fuera gratis porque las únicas contrapartidas conocidas fueron las laborales.

Ahora es Volkswagen la que aprieta. El Gobierno le adjudicó junto a Seat 167 millones de ayudas en el Perte VEC pero la multinacional alemana aspiraba a más del doble. Alegó, y ahora lanza un órdago para convencer al Gobierno de que su proyecto de 10.000 millones de euros merece algo más de cariño. La respuesta de Pedro Sánchez no puede ser más reveladora: habrá más ayudas de las CCAA y del Estado. No caeremos en el ridículo de rebautizar Sagunto como Volkswagen, pero habrá ayudas por aquí y por allá en los presupuestos anuales, como las ha tenido Ford Almussafes a lo largo de su historia.

Cuando más grande es una empresa, más consigue exprimir a las autoridades. AWS está construyendo en Aragon tres grandes centros de datos –ocupan más de 100.000 metros cuadrados– con una inversión de 2.500 millones de euros. El alcalde de una de las tres localidades agraciadas, Villanueva de Gállego, le reclamó 3,5 millones por el impuesto de Construcciones, pero el Gobierno de Aragón había declarado el proyecto "de interés general", lo que implica la exención de impuestos locales. "Aquí si un vecino se hace una casa o un empresario construye una nave, paga sus impuestos. Queremos que Amazon haga lo mismo", se quejó el alcalde. Pues no. Los trámites municipales y los gastos por las molestias de las obras los pagarán sus 4.700 habitantes y el resto de empresas allí instaladas, mientras AWS no tendrá que restar 3,5 millones millones de euros al beneficio de 12.233 millones de dólares que obtuvo en los primeros seis meses de este año.

La desigualdad de trato se extiende a la tramitación de las licencias. Las empresas medianas y pequeñas sufren la burocracia de las instituciones, que en lugar de solucionar el atasco crean 'autopistas' administrativas –como la categoría de "proyecto prioritario" del Ayuntamiento de València– para que la tramitación de los "grandes proyectos" sea rápida, pasando por delante de los expedientes más antiguos.

La diferencia de trato tiene cierta lógica política –se gana más que se pierde– aunque sea injusta, porque nadie quiere quedarse sin una gran inversión en su municipio. El cierre de la factoría de Ford Almussafes habría sido catastrófico para la Comunitat Valenciana, y la marcha atrás de Volkswagen en Sagunto sería una muy mala noticia. Confiemos en que el Gobierno central y el Consell –Ximo Puig se juega también su futuro electoral– no se dejen amedrentar y sepan, en esta y en otras ocasiones, negociar con la cabeza fría, sin caer en la sumisión ni en el ridículo. Y con transparencia.